Abogadas y abogados,
El ambiente de solemnidad que se respira hoy en esta sala es una muestra de la investidura que, por su función en una sociedad, adquieren los tribunales y el ejercicio del derecho en general. Como parte del sistema de justicia, nuestra misión es muy alta.
Hoy, ustedes se juramentan como abogadas y abogados de la República, asumiendo así muy un serio compromiso.
Les auguro un ejercicio profesional lleno de ética, esa administración de nuestros principios de vida, y que persigue un bien común. Una ética que no solo sea ante sus clientes, ante las instituciones judiciales, y ante si mismo y sus familias. Sino también, una ética social que tenga siempre conciencia del otro y del colectivo, de lo que representa la institucionalidad para el cuerpo social de este país.
Hoy tendría que haberme detenido a compartir algunas máximas tradicionales sobre el ejercicio profesional que será el de ustedes, el cual muchas veces queda reducido en su descripción a una práctica meramente técnica. Pero la abogada y el abogado que necesitamos hoy para nuestro sistema de Justicia, y sobre todo para nuestro país, debe ser mucho más que doctos abogados en la materia netamente judicial.
Los tiempos que vivimos exigen juristas sensibles al momento histórico que viven, a los problemas de sociedad que tenemos, y a cómo desde nuestra profesión, podemos contribuir a las soluciones de esos problemas. No es tanto saber qué sabemos, sino qué hacemos con ese saber, para beneficio de la sociedad.
Y qué mejor ocasión para hablarles un poco de esa dimensión social del abogado, que dirigirme a ustedes en la víspera del Día Internacional de la Mujer.
Aunque en nuestro país, tenemos una gran deuda social con las mujeres, en el Poder Judicial, ellas son mayoría. De 770 profesionales en la judicatura nacional, 451 son mujeres. 319 son hombres, para una proporción de 58.57% frente a 41.42%.
Esta situación excluye a la Suprema Corte de Justicia y algunos otros tribunales, que, más temprano que tarde, deberán también aspirar a al menos a la paridad.
Y esto, para ser justos: en la parte administrativa, entre los 6,634 servidores judiciales, ellas ocupan 4,009 de los puestos de trabajo. 2,625 son hombres, para una relación de 60.43% ante 39.56%, según datos del Consejo del Poder Judicial actualizados a febrero de este año.
El Poder Judicial vela permanentemente porque sea en igualdad de condiciones y oportunidades el ingreso y desarrollo profesional de los hombres y las mujeres a este órgano del Estado dominicano. Nos amparamos en un conjunto de instrumentos normativos que incluye la Política de Igualdad de Género, aprobada mediante resolución 3041-07, y dentro de ella la creación de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial. Integrada por dos jueces de la Suprema Corte de Justicia, un juez de Corte de Apelación, un juez de Primera Instancia y una representante de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia.
Estas normas y espacios de trabajo, buscan mejorar la situación de género y avanzar hacia la igualdad, y requieren de mayor alcance y conciencia dentro de la misma institución. Pero deben además contar con el respaldo de quienes ejercen en los tribunales. De quienes hacen andar las ruedas del sistema de justicia. Jueces y juezas, fiscales, abogadas y abogados, secretarias y secretarios, servidores en general.
Abogadas y abogados,
Quienes actuamos en justicia tenemos el deber de comprender hacia dónde se dirige el Derecho. La necesidad de nuestra sociedad, de contar con garantías para quienes acuden a solicitar servicios.
Abogar por un Derecho sensible a los problemas del presente, más atento a la demanda social de Justicia hoy, más abierto a comprender la situación de las víctimas sin que esto implique afectar derechos de partes. Ese es un deber de cualquier ciudadano o ciudadana que considere que la sociedad debe ser mejor. Pero también abogar para que los conflictos no se distorsionen ni pongan en peligro a las personas. Lograr que los tribunales vayan a la par con la sociedad y sus necesidades de mejora y aporten a la solución de las problemáticas sociales. Esta es una de las funciones principales de la Justicia.
La incorporación de la perspectiva de género de manera transversal en la administración de justicia es una respuesta necesaria al drama insistente de la violencia machista y de los femicidios. Dado que el cuerpo de personas que laboran en la institución supera las cinco mil personas (lo que se multiplica con sus relacionados), un cambio de perspectiva en la familia del Poder Judicial, sería un gran aporte al futuro de nuestro país. Porque también es el inicio del reconocimiento de la necesidad de que las personas no sean juzgadas en base a estereotipos.
Comprender a fondo los temas de género (no solo a nivel jurídico, sino a nivel conceptual y propositivo), permitirá a los servidores judiciales reducir el espacio de los prejuicios en los tribunales. Esto, a la hora de juzgar, es consecuente con toda la complejidad de los problemas de género, pero sobre todo con los derechos inalienables de las personas.
No toda la solución al problema de la violencia y el machismo está en nuestras manos. Sin embargo, es desgarradora la idea de someter a mujeres y niñas abusadas a revivir su infierno por debilidades del sistema.
O el hecho de que una servidora judicial gane menos por hacer lo mismo o hacer más que un servidor. O que esté sometida a todo tipo de desconsideraciones que no son parte de su trabajo, por el simple hecho de ser mujer.
En el Poder Judicial y en la sociedad en general existen prácticas muy arraigadas que desconocen los derechos de las mujeres. Eso debe cambiar y será posible en la medida en que los actores del sistema podamos adquirir conciencia sobre los temas de género. Comprensión de una serie de elementos a tomar en cuenta para que nuestro accionar (y el entorno judicial) sea verdaderamente para todos y todas.
Señoras y señores,
Como en cada juramentación se ha querido honrar una trayectoria notable. Una historia, que a la vez que destaca valores relacionados con nuestra misión y objetivos, permite a quienes se juramentan identificarse con su ejemplo de vida. En el día de hoy, se ha querido reconocer y resaltar la vida de María Jesús Pola (Susi): abogada, maestra y enfermera. Se ha dedicado, sobre todo, a defender los derechos humanos y los de la mujer en especial. Sobre todo en cuanto a la violencia machista. Por distintas vías ha apoyado la creación de conciencia contra los feminicidios y a favor de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres.
Militante y decidida, Susi Pola ha hecho avanzar las agendas sociales de las mujeres en nuestro país, empujando junto a otras y otros los esfuerzos de incidencia, diálogos sobre políticas públicas, y denunciando situaciones que afectan a las mujeres.
Susi Pola, una migrante naturalizada dominicana y llena de amor por nuestro país, ha dado el ejemplo con acciones, convirtiendo la lucha por los derechos de las mujeres en opción de vida. En el año 2000 su trabajo fue reconocido por sus artículos de opinión sobre el tema.
Nuestra Visión Justicia 20/24 incluye en uno de sus ejes la temática de género y nos compromete a hacerla transversal. Eso implica que las servidoras y servidores estemos abiertos a trabajar y adquirir conciencia de la necesidad de dar una dimensión distinta a la participación de las mujeres y sobre todo al reconocimiento de sus derechos.
Nos convoca mover el sistema judicial a reconocer las debilidades que presenta: por ejemplo, la re-victimización de las mujeres en los procesos penales de violencia o violencia sexual. Hoy, en la víspera del Día Internacional de la Mujer quiero que la voz de Susi Pola, expuesta en sus artículos y pronunciamientos, pueda ampliar su radio y que encuentre en cada una y cada uno de los presentes el eco de la solidaridad.
Les pido que quienes hoy se juramentan se levanten siempre a favor de los derechos de las mujeres y en defensa de la igualdad para todas y todos. Porque de ello depende el avance de nuestro país y de la dignidad de las personas.
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