La transformación de la justicia exige mucho más que incorporar tecnología, modernizar infraestructuras o agilizar procesos. Exige también desarrollar la capacidad de observarnos críticamente, comprender cómo viven las personas su experiencia con el sistema judicial y construir mecanismos que permitan mejorar continuamente a partir de evidencia verificable. Por eso, como hemos señalado en otras ocasiones, medir importa.
Durante muchos años, los sistemas de justicia en distintas partes del mundo concentraron sus esfuerzos de medición en variables tradicionales: cantidad de casos resueltos, tiempos procesales, carga de trabajo o productividad institucional. Todos estos elementos siguen siendo importantes. Sin embargo, hoy sabemos que no son suficientes para comprender si la justicia realmente está respondiendo a las necesidades de las personas.
Una justicia centrada en las personas requiere hacerse nuevas preguntas.
¿Las personas entienden la información que reciben? ¿Saben cómo acceder a los servicios judiciales? ¿Encuentran barreras económicas, territoriales o tecnológicas? ¿Perciben transparencia en las instituciones? ¿Confían en los mecanismos de rendición de cuentas? ¿Pueden participar y hacer escuchar sus necesidades?
Estas preguntas son las que están en el centro de la Metodología de la Métrica de Justicia Abierta para la República Dominicana, que será presentada esta semana. Y precisamente ahí radica su enorme valor estratégico.
La Métrica de Justicia Abierta representa un cambio profundo en la manera de entender la transformación judicial. No se trata únicamente de medir instituciones; se trata de comprender cómo las personas viven, perciben y utilizan el sistema de justicia. Ese cambio de perspectiva es fundamental para construir una justicia más cercana, más transparente y más confiable.
Este esfuerzo, desarrollado junto al World Justice Project y con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, incorpora una visión moderna de la justicia como ecosistema. Es decir, reconoce que las necesidades jurídicas de las personas no dependen exclusivamente de un tribunal o de un juez, sino de múltiples instituciones, servicios y mecanismos que deben funcionar de manera articulada para garantizar derechos y resolver conflictos de manera efectiva.
En ese contexto, los indicadores dejan de ser simples herramientas estadísticas. Los indicadores se convierten en instrumentos de aprendizaje institucional. Permiten identificar brechas, comprender necesidades, orientar decisiones, priorizar reformas y evaluar si las políticas públicas realmente están generando cambios concretos en la vida de las personas.
La métrica de Justicia Abierta precisamente busca construir esa capacidad institucional. A través de dimensiones como transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas permitirá contar con información más clara sobre cómo funcionan distintas instituciones vinculadas al ecosistema de justicia y cómo interactúan las personas con ellas. Además, incorpora elementos fundamentales como accesibilidad, lenguaje claro y enfoque centrado en las personas usuarias.
Esto tendrá un impacto directo sobre el Poder Judicial. En primer lugar, porque fortalecerá nuestra capacidad de gestión y mejora continua. En segundo lugar, porque fortalece la transparencia y la legitimidad institucional. En tercer lugar, porque consolida una cultura institucional basada en evidencia. Esto es especialmente relevante en los procesos de modernización judicial.
Pero el impacto de esta metodología va mucho más allá del propio Poder Judicial. Una justicia más abierta fortalece también la calidad democrática de un país.
Cuando las personas comprenden mejor sus derechos, pueden acceder con mayor facilidad a los servicios judiciales y perciben instituciones más transparentes y cercanas, se fortalecen el Estado de Derecho, la cohesión social y la confianza en las instituciones públicas.
Asimismo, contar con estándares claros y mecanismos de evaluación comparables facilita la cooperación internacional, el intercambio de buenas prácticas y la construcción de políticas públicas más efectivas. La experiencia internacional demuestra que los sistemas judiciales que desarrollan capacidades sólidas de medición y apertura institucional están mejor preparados para responder a las demandas sociales y adaptarse a contextos de cambio acelerado.
En República Dominicana hemos avanzado significativamente en los últimos años en materia de transformación digital, transparencia, acceso a la información y mejora de los servicios judiciales. La presentación de la Métrica de Justicia Abierta representa un nuevo paso dentro de ese proceso de transformación institucional. Un paso importante porque consolida una visión de justicia basada en evidencia, participación, apertura y mejora continua, pero sobre todo porque nos permite comprender mejor cómo viven las personas su relación con el sistema judicial y cómo podemos responder de manera más efectiva a sus necesidades.
Porque ninguna transformación judicial será verdaderamente sostenible si no somos capaces de observar con honestidad cómo viven las personas su relación con la justicia.
Medir no es solamente evaluar. Medir también es escuchar.
