De las formas que asume la violencia contra la mujer, la que quizás más nos escandaliza e indigna es la violencia de pareja. Y como expresión de ésta el feminicidio, fenómeno que las estadísticas revelan que en lugar de tender a reducirse, crece de año en año.
A pesar de la existencia de un marco legal que persigue y condena la violencia contra la mujer, a pesar de estrategias y estructuras que atacan este fenómeno así como los delitos y abusos sexuales cometidos contra mujeres, adolescentes y niñas, la realidad es que es una batalla a contra corriente.
Las cifras registradas en los diversos órganos vinculados a este problema indican que estamos perdiendo la batalla. Se afirma que lo registrado y procesado como acciones que vulneran los derechos de la mujer en nuestra sociedad apenas representa un 20% del total de la incidencia de este mal. A pesar de los ingentes esfuerzos e interés de las autoridades de nuestro sistema de justicia y de los mecanismos de atención, prevención y cuidado de víctimas y denunciantes, parece que no estamos atacando el problema en su génesis.
Es más, todavía muchas víctimas se quejan del escaso apoyo institucional y de la pobre respuesta policial frente a las denuncias. Existen numerosos casos con desenlaces fatales en los que el perpetrador ya había sido sometido por su víctima ante el ministerio público, la policía o los tribunales. Estos sucesos se convierten en la más triste evidencia de las deficiencias que confrontamos para atacar este nocivo fenómeno.
Elaborar un marco de políticas y actuaciones eficaces es urgente. Necesitamos que los retos y roles a cumplir y desempeñar por parte de todos los agentes públicos queden clarificados, precisos. Y que seamos capaces de actuar sistemáticamente y de establecer indicadores claros de efectividad.
Publicado en Santo Domingo, en fecha 26 de junio del 2012, ver publicación en Perspectiva Ciudadana
