Una sociedad desarrollada no es solo la que produce más riqueza, sino aquella en la que las personas pueden ampliar sus oportunidades, ejercer sus derechos y vivir con mayor libertad. El desarrollo humano sólo es posible cuando el Estado coloca a la persona y su dignidad en el centro. Para lograrlo, necesitamos instituciones capaces de proteger sus derechos y garantizar un elemento indispensable: la seguridad jurídica.
La seguridad jurídica significa contar con reglas claras, aplicadas de manera coherente, y con mecanismos efectivos que hagan valer nuestros derechos. Tiene un significado concreto para una familia que reclama una propiedad, un trabajador que exige sus prestaciones, un emprendedor que invierte sus ahorros o una empresa que confía en que el Estado hará cumplir sus contratos cuando un proveedor le falle. Para todos ellos, importa encontrar una justicia accesible, recibir una decisión debidamente fundamentada y saber que esa decisión será ejecutada.
La relación con el desarrollo es directa: un Poder Judicial confiable fortalece la seguridad jurídica; la seguridad jurídica genera confianza; y esa confianza favorece la inversión, la convivencia y la cohesión social. Cuando las personas pueden confiar en las instituciones, cuentan con mejores condiciones para emprender, resolver sus diferencias y construir su futuro.
Por el contrario, la mora judicial, la incertidumbre y los trámites innecesarios funcionan como un impuesto invisible. Se pagan en traslados, honorarios, jornadas de trabajo perdidas y oportunidades que desaparecen mientras llega una respuesta. Encarecen las transacciones, desalientan la inversión y pueden llevar a una persona a abandonar un reclamo legítimo. Ese costo impacta más sobre quienes tienen menos recursos para soportar la espera.
Detrás de cada expediente hay personas que esperan una respuesta. Al observar las estadísticas judiciales, algunos ven números fríos; yo veo familias, trabajadores y empresas esperando una decisión. Un derecho que no puede hacerse efectivo corre el riesgo de convertirse en una promesa vacía.
En la República Dominicana hemos dado pasos importantes. En el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project, el país mejoró un 2,1 % su puntuación general respecto al año anterior y ocupó el puesto 76 entre 143 países y jurisdicciones, siendo el país que más avanzó en ese año.
En el mismo sentido, el informe del PNUD Transformando la justicia: del progreso institucional al desarrollo humano sostenible documenta un aumento sostenido del volumen de asuntos resueltos entre 2021 y 2025, así como avances significativos en la gestión digital de los expedientes y servicios judiciales.
En este punto es importante aclarar que la digitalización es un medio al servicio de las personas. Su éxito debe medirse por cuánto reduce el tiempo, los costos y las barreras para ejercer los derechos. Cada trámite que evita un desplazamiento innecesario y cada herramienta que permite comprender el estado de un caso nos acercan a una justicia más humana y eficiente.
Estos avances nos comprometen a enfrentar con franqueza lo que falta. El propio informe indica que persisten barreras económicas y territoriales, así como una brecha digital que afecta a quienes carecen de conectividad, dispositivos o habilidades para utilizar los servicios. Nuestro desafío es lograr que la mayor capacidad institucional se traduzca en un acceso universal, efectivo y equitativo.
Por eso las recomendaciones del informe del PNUD ofrecen una ruta concreta: fortalecer la planificación territorial para acercar los servicios a donde más se necesitan; ampliar la mediación y la conciliación, lo que reduciría la duración de los procesos, especialmente en materias como la penal; ofrecer información comprensible; y acompañar las herramientas digitales con orientación y atención presencial. Construir confianza también exige escuchar, explicar y tratar con dignidad a cada persona que acude a la justicia.
La seguridad jurídica debe sentirse en la vida cotidiana de toda la ciudadanía. Ese es el horizonte de la justicia dominicana: que ninguna persona tenga que renunciar a un derecho por falta de recursos, distancia, complejidad o tiempo; y que todos puedan construir su proyecto de vida con la confianza de que las instituciones responderán.
Una justicia que funciona no solamente resuelve conflictos. Crea confianza. Y donde existe confianza, existen mejores condiciones para el desarrollo, la paz y la cohesión social.
