El juramento que presta una jueza o un juez al asumir sus funciones es mucho más que un simple acto protocolar. Es el momento en que la sociedad deposita en una persona una de las responsabilidades más delicadas: decidir sobre la libertad, el patrimonio, los derechos y los conflictos que atraviesan la vida de los demás.
Ese juramento exige conocimiento del Derecho, pero también templanza, prudencia y una profunda conciencia del impacto humano de cada decisión. Detrás de cada expediente existe una persona esperando una respuesta. Y el tiempo de la justicia es también tiempo de vida.
Por eso, desde 2019 asumimos como una prioridad enfrentar la mora judicial. El esfuerzo realizado por juezas, jueces, secretarías, abogados ayudantes y todo el personal de apoyo del Poder Judicial ha permitido reorganizar despachos, revisar expedientes acumulados, sostener el servicio durante la pandemia y transformar progresivamente la capacidad de respuesta del sistema judicial.
Cada retraso superado representa mucho más que una mejora estadística. Significa permitir que alguien pueda continuar con su vida, resolver un conflicto familiar, proteger un patrimonio, recuperar un derecho o cerrar una etapa de incertidumbre.
Pero administrar justicia no exige solamente eficiencia. Exige también valentía.
Las juezas y los jueces deciden hoy bajo un escrutinio público cada vez más intenso. La independencia judicial se demuestra precisamente cuando quien juzga es capaz de escuchar a las partes, valorar las pruebas con rigor, aplicar el Derecho y motivar su decisión, incluso cuando el resultado pueda resultar impopular.
La independencia está lejos de ser un privilegio de los jueces. Es una garantía de los ciudadanos.
La igualdad ante la ley se hace realidad cuando toda persona recibe las mismas garantías, el mismo respeto y el mismo trato digno, independientemente de su poder, notoriedad o condición social.
Para proteger esa independencia necesitamos también instituciones capaces de ofrecer certidumbre a quienes administran justicia. De ahí la importancia de consolidar una carrera judicial basada en mérito, trayectoria y reglas transparentes.
Durante estos años avanzamos en el modelo de escalafón, fortalecimos la evaluación del desempeño y mejoramos progresivamente las condiciones de la judicatura. En 2025, por ejemplo, 607 magistrados fueron reconocidos mediante mecanismos de movilidad vinculados a su trayectoria y desempeño.
La transformación también ha alcanzado la manera en que funciona la justicia. La firma digital, la interoperabilidad y el uso supervisado de herramientas de inteligencia artificial comienzan a permitir procesos más ágiles sin sustituir nunca la responsabilidad del juez. Un ejemplo concreto es la reducción de 21 a tres días en la gestión de sentencias relacionadas con multas de tránsito.
Pero ninguna transformación institucional puede considerarse terminada.
Todavía debemos consolidar un escalafón judicial permanente, objetivo y transparente avanzar hacia una Ley Orgánica que articule de manera sistémica la gobernanza del Poder Judicial; y distribuir mejor las cargas de trabajo para proteger también el bienestar de quienes tienen la responsabilidad de juzgar.
Porque cuidar a quienes juzgan es también proteger a quienes esperan justicia.
El Plan Justicia del Futuro 2034 plantea precisamente esa continuidad: una justicia al día, accesible y abierta, capaz de utilizar la tecnología sin perder humanidad y de fortalecerse institucionalmente sin depender de personas determinadas.
Las instituciones verdaderamente sólidas son aquellas que pueden continuar avanzando cuando cambian quienes temporalmente las dirigen.
Al final, todo vuelve al juramento inicial.
Cada generación de juezas y jueces recibe de la anterior una institución que debe cuidar, mejorar y entregar fortalecida a la siguiente. Ese compromiso (con la Constitución, con el Derecho y, sobre todo, con la dignidad de cada persona) es el que sostiene el presente y también el porvenir de la justicia.
Publicado en Listín Diario
