Con la entrega de una nueva edición del Anuario de Jurisprudencia Casacional Dominicana recibimos esta semana mucho más que una simple recopilación de decisiones judiciales. Recibimos, por segundo año consecutivo, una pieza clave en la construcción de un sistema jurídico más accesible, más predecible y más transparente.
Desde hace años, enfrentamos el reto de reducir la mora judicial y mejorar la coherencia en las decisiones de los tribunales. Sabíamos que no sería fácil, pero hoy podemos decir que lo que antes era inercia ahora está de nuestro lado. Cada iniciativa que promueve el análisis de nuestras sentencias, que invita a la discusión y a la crítica constructiva, nos acerca más a una cultura jurídica en la que la justicia no solo se dicta, sino que también se examina y se perfecciona constantemente.
Con la promulgación de la Ley 2-23 sobre el Recurso de Casación, el rol de la Suprema Corte de Justicia en la construcción de un derecho coherente y predecible se ha vuelto aún más evidente. La norma establece con claridad que la labor de la Corte de Casación es garantizar la uniformidad en la jurisprudencia nacional. Pero esto no se logra sólo con normas; requiere una interpretación consistente y accesible que contribuya a la seguridad jurídica.
Este anuario responde precisamente a esa necesidad. No se limita a documentar lo que ya ha sido decidido, sino que:
- Nos permite entender las razones detrás de cada fallo.
- Nos ayuda a cuestionarlas cuando sea necesario.
- Contribuye a que la práctica judicial evolucione de manera coherente con los principios de un Estado de derecho fuerte.
Si hay algo que la experiencia me ha enseñado es que la justicia no solo se ejerce en los tribunales: también se construye en los espacios de reflexión académica, en las aulas, en el trabajo de quienes analizan las decisiones judiciales con rigor y compromiso.
Durante mucho tiempo, el estudio del Derecho en nuestras universidades se ha centrado en la teoría, en la doctrina, en la interpretación de la norma escrita. Pero la realidad es que el derecho no vive en los textos legales: vive en sus aplicaciones, en sus fallos, en la manera en que cada decisión impacta la vida de las personas.
Más allá del análisis técnico, este anuario representa algo fundamental: la vigilancia sobre la calidad y prontitud de la justicia. Cada uno de los sesenta autores que han contribuido a esta obra ha asumido un rol clave en este proceso. Ninguno de ellos callará cuando vea que un caso ha tardado más de lo debido. Ninguno dejará de consignar las razones por las que una decisión fue correcta o por qué, en su criterio, no lo fue. Ese es el verdadero motor del cambio: el compromiso de cada actor del sistema con la transparencia y la rendición de cuentas.
Para quienes hoy están en su etapa universitaria: Les animo a aprovechar cada momento de formación. No hay experiencia comparable con la del salón de clases, con la conversación entre compañeros y profesores, con el aprendizaje que surge del debate y la reflexión.
Mi reconocimiento y gratitud para mis colegas, quienes han colaborado en hacer posible este anuario, especialmente a los doctores Mery Fernández y Antonio García Padilla por su labor de coordinación
