Más allá del debate jurídico y las interpretaciones sobre si procede o no la aceptación por mayoría simple de la Cámara de Diputados de las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo a la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, nuestros legisladores, representantes del Poder Ejecutivo, dirigentes políticos, representantes de entidades empresariales, sociales y gremiales deben hacer conciencia de que en este tema, como en el del Tribunal Constitucional y el del Tribunal Electoral, lo que está en juego no es quien gane o pierda en un pulso o juego de fuerzas.
La situación es más compleja. Todo el espíritu de la reforma constitucional puesta en vigencia en enero del año pasado y la posibilidad de relanzar las necesarias reformas institucionales, fortalecer la democracia y desbloquear el sistema político está siendo sometido a escrutinio.
Si los actores involucrados no hacen conciencia de la importancia que tienen los pasos dados y previstos, las reformas en cuestión no pasarán de ser cosméticas, un intento fallido que carecerá de la sustancia de los pactos políticos, institucionales y sociales imprescindibles para que se conviertan en verdadero modo de ser y de actuar: en cultura política e institucional.
Lo que aparenta el momento actual es que nuestros dirigentes políticos intentan trillar caminos ya conocidos, los mismos que nos llevan cada vez más hacia crisis institucionales y de gobernabilidad. El empecinamiento en las viejas formas no producirá otro efecto que el anunciado por el maestro de Galilea cuando dijo que no se podía poner vino nuevo en odres viejos.
Necesitamos hacer un alto y darle al proceso legislativo implícito en la adoptada reforma constitucional la misma solemnidad, la misma consideración rigurosa con que se intentó tratar aquella. De no hacerlo así, estos polvos traerán aquellos lodos.
Publicado en Santo Domingo, en fecha 23 de marzo de 2011, ver publicación en Perspectiva Ciudadana
