La Visión Justicia 20/24 es el plan que durante meses proyectamos en el Poder Judicial. Lo hicimos en jornadas de trabajo, socialización y sesiones de revisión técnica. Un proceso inolvidable que además de unir más a las juezas, jueces y servidores judiciales, impregnó de entusiasmo y energía renovadora a quienes buscamos con nuestro trabajo lograr la Justicia que demanda y merece la sociedad dominicana.
Esa motivación conlleva un fuerte compromiso de la judicatura con dar respuesta oportuna y atender de manera eficiente los casos. Además, buscamos remediar realidades y problemáticas que cuestionan el sistema de justicia. Distorsiones y problemas históricos que no han podido encontrar solución en el tiempo y que han llevado la legitimidad de la Justicia a niveles preocupantes. La ciudadanía dominicana ha sido testigo y protagonista del reclamo, y por ella se han ido abriendo espacios para la transformación de nuestro trabajo.
Por mejorar el Poder Judicial se entiende hacerlo más eficiente en la atención a los casos, logrando mayores niveles de resolución en el tiempo. Además, de dotarlo de mayor capacidad de respuesta, sobre todo, mayor independencia y transparencia en sus funciones, para lo cual la virtualidad ofrece posibilidades. El conocimiento de los trámites judiciales electrónicos permite mayores niveles de fiscalización, medición y supervisión del trabajo de jueces y colaboradores.
Es ya un cliché la frase "lo que no se mide no se puede mejorar”. Sin embargo, es totalmente cierta. En 2019, cuando el Consejo Nacional de la Magistratura seleccionó la nueva composición de la Suprema Corte de Justicia, y se instaló el Consejo del Poder Judicial, existían 21 sistemas informáticos que no tenían relación entre sí. Esto es, 21 formas de gestionar expedientes de manera aislada, que impedían (e impiden todavía) la recolección de datos de modo integral y el seguimiento riguroso al trabajo de los tribunales.
La lamentable pandemia que estremece al mundo aceleró el ritmo de la transformación de la Justicia, imponiendo la entrada de la gestión digital, así como el conocimiento de audiencias virtuales. Los cambios se esperaban implementar de modo paulatino en un periodo de cinco años y por eso existen fallas a corregir. Lo estamos logrando con paciencia, pero sobre todo preocupados por aumentar la capacidad de respuesta y mejorar la atención a los abogados, abogadas, ciudadanos y ciudadanas que requieren servicios de la Justicia. Este proceso en avance es un reto de capacitación para jueces y profesionales del Derecho, y la Escuela Nacional de la Judicatura se encuentra en jornada permanente para aumentar el manejo de las aplicaciones.
La virtualidad, que para algunos es un dolor de cabeza, representa la posibilidad de unificar los sistemas estadísticos y cohesionar el seguimiento de la labor judicial. La Justicia digital permite indicadores que sirven para la toma de decisiones y la implementación de políticas con mayor alcance, reduciendo costos, agilizando y eficientizando los procesos. Generar indicadores en tiempo real es un paso gigante de avance en materia de transparencia,pues en los sistemas del pasado el seguimiento de los procesos se basaba en el reporte manual de entrados y salidos. Con el modelo de servicio judicial virtual se reportan números ciertos, que permiten la administración integral e integrada de los tribunales.
La Justicia requiere seguir avanzando en ese camino y aprovechando sus ventajas, haciendo los ajustes para su optimización. De ello depende la posibilidad de medir el trabajo judicial a través de datos precisos, así como facilitar la detección de irregularidades, dotando de mayores herramientas al sistema de integridad. Es posible además establecer estándares ideales de tiempo de atención y resolución de casos, así como de calidad en la gestión de los centros de justicia. Solo así tendrá sustento la Visión de una Justicia oportuna, capaz de responder a las demandas y requerimientos de sus usuarios y de la sociedad.