La herencia cultural hispánica en nuestro país, con sus elementos positivos, nos deja también una gran carga: es el fruto de una construcción histórica sostenida en la práctica por el irrespeto a las reglas. El ejercicio del poder, desde la Colonia, parte de la concepción del ser humano por encima de las leyes. Así, se fue desarrollando una visión local de la política que fue extendiéndose a la ciudadanía; no nos importa la ley.
Hoy son pocos los que viendo la oportunidad de evadir una luz roja no fuerzan la infracción. La norma se ha constituido en un uso arcaico del que disponemos a conveniencia. Por eso las cifras del delito se mantienen altas. La sociedad, que aún no pierde la capacidad de asombro, camina hacia asumir como algo normal el estado de cosas.
Necesitamos invertir en condiciones para que el imperio de la ley sea una realidad. En esta nueva coyuntura que comienza, es preciso marcar el camino para reafirmar nuestro contrato social. Hace falta disposición de la autoridad para empezar poniendo orden en la casa. Es preciso empezar desde arriba, como decía el profesor Juan Bosch, “llevar el Estado a su propia legalidad”; esto se logra con la disposición de los dominicanos y dominicanas que creen en (y pueden hacer posible) el imperio de la ley.
Encaminados en este propósito es fundamental que entendamos la razón de ser de las normas. Debemos aprender a socializar el objetivo de las leyes y su función en la convivencia. En ese aspecto, ciudadanía y Estado deben llevar adelante una alianza que permita, desde las políticas públicas y los consensos sociales, acciones puntuales para que, con creatividad y compromiso, empezemos a crear la cultura del cumplimiento de la ley, a ponerlo de moda. Terminemos ya con la anomia que nos sume en la inseguridad.
Publicado en Santo Domingo, en fecha 11 de julio del 2012, ver publicación en Perspectiva Ciudadana
