La función pública obliga a todo el que la ejerce a comportarse con transparencia y ética. Esto es garantía de la integridad en la gestión administrativa de los distintos poderes del Estado, bajo la condición de velar por la gobernabilidad, democracia y economía de la República.
Tenemos el compromiso de actuar en cumplimiento de la Ley, pero además, ese es nuestro deber ante un pueblo que ha decidido, por segunda vez, dar un voto de confianza a la gestión del presidente Danilo Medina. Un presidente que tiene la plena conciencia de que los efectos de un gobierno que se maneja con transparencia va en dirección al desarrollo.
Según la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio estamos obligados a presentar ante la Cámara de Cuentas el inventario de bienes que constituyen nuestro patrimonio y el de nuestro cónyuge, en un plazo de 30 días a partir de la designación a un cargo público. Llevar a cabo este proceso me llena de satisfacción y no lo tomo como una obligación, sino más bien un deber ciudadano.
Al ver que como país hemos avanzado bastante en materia de transparencia, y siendo funcionario de este gobierno, siento la necesidad de hacer pública el Acta de Declaración Jurada que contiene las informaciones requeridas por Ley.
Este espacio virtual estará siempre disponible para compartir información de interés. En esta ocasión comparto mí Declaración Jurada de Patrimonio ante esta nueva designación frente al Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana:
