Mi declarada adhesión a la candidatura de Danilo Medina se fundamenta en razones.
Una de ellas es la confianza de que en su gobierno los funcionarios que cometan actos de corrupción serán destituidos y sometidos a la justicia, para hacer lo que nunca se hizo.
Cumplir con esa promesa, sin embargo, no será fácil, porque la corrupción ha alcanzado características que la hacen un problema sistémico.
El ejercicio de la política en República Dominicana se fundamenta en una concepción patrimonial de los bienes públicos, desde la cual los administradores de recursos públicos se comportan como si éstos fueran parte de su patrimonio, de su propiedad.
Y no sólo ellos, sino que todos los que están relacionados en algún grado de proximidad con los funcionarios públicos esperan de ellos que “les hagan llegar” algún beneficio. Se piensa que para eso es que “se llega al poder”.
Otro aspecto de este carácter sistémico es que la relación entre los políticos y gran parte de los electores se caracteriza por una obligación implícita de repartir favores y beneficios a cambio de obtener la adhesión política: el clientelismo, que es en esencia una expresión de la negación de la ciudadanía.
La privación de los derechos, opciones y capacidades que constituirían la ciudadanía, genera las condiciones en las que se puede ejercer el clientelismo.
La combinación de clientelismo y usurpación de la propiedad pública se fortalece cuando, como en nuestro caso, prevalece la impunidad y el grado de compulsión a la rendición de cuentas es casi inexistente.
Son éstos factores los que hacen de la corrupción un problema sistémico difícil de encarar. Los que apoyamos a Danilo lo hacemos porque creemos que él entiende la magnitud del problema y que será capaz de enfrentar sus diversas causas y manifestaciones.
Publicado en Santo Domingo, fecha 14 de diciembre 2011, ver publicación en el periódico ElDía
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