El “Acuerdo institucional para la aprobación y desarrollo de las leyes complementarias de la constitución” suscrito entre el liderazgo responsable de las dos principales fuerzas políticas del país es un paso de avance realmente importante.
Acostumbrada la sociedad dominicana a pactos y acuerdos que no se cumplen, a compromisos que no se sostienen, quizás alguna parte de la opinión pública no le confiera a esta solución el significado que tiene, pero el esfuerzo de destrabar la puesta en marcha de la reforma constitucional del año pasado será reconocido más temprano que tarde.
El riesgo de atolladero institucional era cierto. Deslegitimar las instituciones, tanto las que surgirían de la nuevas leyes como las que sancionaran y pusieran en ejecución códigos cuestionados en su contenido y en la forma en que fueron aprobados, heriría mortalmente la nueva institucionalidad.
El acuerdo alcanzado incluye protocolos y procedimientos para conocer, en el futuro, las observaciones presidenciales tanto a leyes ordinarias como a las orgánicas, cediendo el Presidente Fernández en su posición ante la opinión mayoritaria de académicos, de la opinión pública y las entidades de la sociedad civil al respecto, concesión expresamente destacada en la glosa que a este respecto se introduce en el referido acuerdo. Merece un reconocimiento el Presidente Fernández en esta disposición a fortalecer el sistema democrático antes que a hacer prevalecer su particular visión del asunto.
Esta era la ruta correcta para resolver la situación, la de los acuerdos políticos y legislativos. Es en ese punto que lo acordado implica un gran paso de avance, inusual hasta ahora en nuestros avatares políticos e institucionales: la autolimitación de los actores, la consignación de procedimientos para el consenso.
El apoyo del liderazgo político e institucional restante a lo alcanzado en el pacto, ya ha comenzado a manifestarse y es seguro que se extenderá.
Publicado en Santo Domingo, en fecha 1º de junio de 2011, ver publicación en Perspectiva Ciudadana
