Una de las transformaciones más importantes que estamos impulsando en el Poder Judicial es la de tener reglas claras y transparentes para los ascensos y traslados de los jueces y juezas.
Fue en 2021 cuando el mandato legal de la provisión de cargos conforme al escalafón judicial se cumplió por primera vez, después de que diseñáramos un sistema acorde a las necesidades. Con ese cambio tanto los jueces como la ciudadanía salieron beneficiados.
Los jueces, porque han visto reforzado su derecho al movimiento geográfico o al ascenso a lo largo de su carrera cuando les corresponde. Se ha puesto fin a las arbitrariedades. Si hay una plaza abierta, todo el mundo sabe los requisitos y procesos necesarios para poder ocuparla, (antigüedad, conocimientos jurídicos demostrados, publicación de libros o artículos, participación en seminarios, o actividades de capacitación, etc.)
Por otra parte, es una garantía para la ciudadanía, en el sentido de que cuentan con personas que están profesionalizadas, con un conjunto de beneficios y de permanencia en el servicio que les permite ser lo suficientemente independientes e imparciales para tomar decisiones. De hecho, toda esta información está disponible en el portal del Poder Judicial para consulta pública.
A la fecha, el Escalafón Judicial y el proceso de provisión de cargos judiciales están consolidados. Tras cuatro años de mejora continua y de madurez institucional, las consecuencias positivas de este sistema se han evidenciado en la reducción de recursos de reconsideración por parte de los jueces.
De esta forma, desde que inició la implementación del sistema escalafonal en 2021 hasta 2024, se han realizado cientos de aumentos de jerarquía y ascensos, así como cientos de traslados.
Esta política está generando una cultura de transparencia y predictibilidad institucional. Y eso es algo que, efectivamente, beneficia a todos los ciudadanos de la República Dominicana.
Excelente