Durante los últimos años he insistido en una idea que considero central para el fortalecimiento institucional: la justicia no solo debe hacerse bien, debe comprenderse bien. Sin comprensión no hay confianza; sin confianza, no hay legitimidad sostenible. Por eso, más allá de modernizar procesos o introducir tecnología, asumimos el desafío de desarrollar una verdadera pedagogía de la justicia como política pública.
Por eso a principios de 2024 lanzamos la Guía de Buenas Prácticas para redactar decisiones concisas y amigables en el ámbito de los juzgados de la instrucción. No se trató simplemente de un documento técnico, sino de una herramienta aplicada para mejorar la forma en que comunicamos decisiones que impactan directamente en la libertad, los derechos y la vida de las personas. La guía nació con un propósito claro: ayudar a jueces y juezas a expresar con mayor claridad qué se decide, por qué se decide y cuáles son los efectos de esa decisión. Redactar con claridad es una forma concreta de garantizar derechos.
Para hacer este esfuerzo sostenible en el tiempo,incorporamos la guía al programa de formación de aspirantes a jueces en la Escuela Nacional de la Judicatura. Aquí se conecta también con nuestra visión de I-Justicia: una justicia innovadora, inteligente e integrada, pero siempre centrada en la persona.
Por supuesto, la pedagogía de la justicia no se limita al interior del sistema. Durante 2025, la Escuela Nacional de la Judicatura, a través del programa Justicia y Sociedad, desarrolló los conversatorios Educando en Justicia en escuelas públicas y colegios privados de todo el país. Realizamos 30 actividades a nivel nacional, alcanzando 1,901 participaciones en espacios escolares.
Estos números son importantes, pero más relevante aún es el impacto cualitativo. En cada encuentro trabajamos cultura constitucional, convivencia pacífica, derechos y deberes, y el rol del Poder Judicial en una sociedad democrática.
La justicia se aprende también en la escuela, no solo en los tribunales. Cuando niños, niñas y adolescentes comprenden cómo funciona el sistema, incorporan herramientas para la resolución pacífica de conflictos y se convierten en multiplicadores de buenas prácticas en sus comunidades.
Como complemento pedagógico, integramos la historieta Leia nos enseña: Educando en Justicia. A través de un personaje cercano y situaciones cotidianas, explicamos con lenguaje llano qué hace una jueza o un juez, la diferencia entre fiscales y policías, y por qué las decisiones deben ser imparciales y basadas en razones. Este recurso nos permitió acercar el sistema de justicia a públicos no especializados y reforzar la idea de que el conocimiento jurídico no debe ser un privilegio, sino un bien accesible.
La dimensión pedagógica también ha orientado nuestra Política de Comunicación Institucional, adoptada en 2022. Fuimos uno de los pocos poderes judiciales de la región en contar con un instrumento de esta naturaleza. La política establece principios y responsabilidades para garantizar una comunicación coherente, ética y transparente.
Porque en la actualidad, las decisiones judiciales no permanecen confinadas al expediente. Cada resolución puede impactar en la opinión pública, activar dinámicas intensas en los medios de comunicación y generar debates que tensionan los estados de ánimo colectivos frente a los principios y funciones propias del derecho.
El juez decide conforme a la Constitución y la ley, pero lo hace en un entorno social que interpreta, reacciona y opina de manera inmediata.
Esta realidad exige una comunicación institucional responsable, capaz de explicar sin polemizar, de informar sin prejuzgar y de sostener la serenidad jurídica frente a la volatilidad del espacio público. La justicia no puede decidir al ritmo de los humores públicos, pero sí debe explicar con claridad las razones que fundamentan sus decisiones.
Como parte de esta política desarrollamos tres protocolos fundamentales: el Protocolo de Actuación para Casos de Alta Visibilidad, el Protocolo de Gestión de Redes Sociales y el Protocolo de Prevención y Manejo de Crisis. Estos instrumentos conforman una arquitectura que asegura coherencia y rigor técnico incluso en contextos complejos. La transparencia no puede depender de la improvisación; necesita reglas claras y responsabilidades definidas.
La encuesta SID Latinoamericana 2024 evidenció que más del 80% de la ciudadanía desconocía quién dirige el Poder Judicial y cuáles son sus funciones esenciales. Esa brecha nos obligó a repensar nuestra forma de comunicar. Una justicia moderna debe ser multicanal, pedagógica y orientada al servicio.
Para fortalecer el vínculo con la prensa creamos el Programa de Portavoces, que ha capacitado a más de 100 jueces y juezas en todo el país. Además, consolidamos un programa de relacionamiento con medios y pusimos en marcha la Cátedra de Comunicación “Adriano Miguel Tejada” en la Escuela Nacional de la Judicatura. Creemos firmemente que la prensa es aliada en la construcción de ciudadanía informada. Transparencia judicial y periodismo ético pueden avanzar juntos.
Finalmente, impulsamos el Observatorio del Poder Judicial como espacio abierto de investigación y análisis, y desarrollamos la Juriteca, la primera plataforma digital del país que integra jurisprudencia, doctrina y legislación en un solo entorno accesible y actualizado. Ambas iniciativas fortalecen una justicia abierta y basada en datos, ampliando el acceso a información de calidad para operadores jurídicos, academia y ciudadanía.
Todo este recorrido confirma algo que hoy forma parte de nuestra convicción institucional: la pedagogía de la justicia es una estrategia de legitimidad democrática. No se trata únicamente de comunicar mejor, sino de construir una cultura de comprensión, participación y corresponsabilidad.
Mirando hacia adelante, el desafío es consolidar esta transformación cultural, profundizar la integración entre innovación tecnológica y lenguaje claro, y seguir ampliando espacios de diálogo con la sociedad. La I-Justicia que impulsamos no es solo digital ni organizacional; es una justicia que aprende, que explica y que escucha.
Porque cuando la justicia se comprende, se fortalece. Y cuando se fortalece, sostiene mejor el Estado de derecho.
