La administración pública dominicana está involucrada en el proceso de finalizar la formulación e inicio de la aprobación del presupuesto público para el año próximo. Se sabe que el déficit público debe ser reducido. No sólo por exigencia de los acuerdos con el FMI, sino porque la magnitud y composición de dicho déficit está llegando a umbrales peligrosos para mantener la estabilidad macroeconómica y las tendencias de crecimiento del producto interno bruto, dos metas primordiales del país.
Servicios sociales fundamentales como educación, salud y protección social no deberían ser objeto de reducciones en las aportaciones de fondos públicos, antes bien, hay bastante coincidencia en que lo asignado a estos conceptos en la presupuestación pública es inferior a lo que requiere nuestra sociedad para alcanzar índices de desarrollo humano y competitividad deseables.
Los ministerios y dependencias responsables de los servicios sociales, junto al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo podrían elaborar y hacer públicos unos indicadores, criterios y parámetros para determinar la eficiencia y eficacia del gasto público en servicios sociales. Esto sería una contribución importante a la formación de una conciencia nacional acerca de lo que se hace y lo que se debe hacer en esta materia.
La mejor defensa del gasto social es blindarlo en términos de generar el capital social, la masa crítica de voluntades y la opinión pública que se requieren para que las metas de la estrategia nacional de desarrollo en este aspecto sean asimiladas como metas de la sociedad. Un observatorio de la eficiencia y eficacia del gasto social contribuiría a generar la necesaria cultura de responsabilidad social y fiscal que amerita nuestra sociedad para abandonar su actual estado de postración, impotencia y desentendimiento de las responsabilidades compartidas.
Publicada en fecha, 21 de septiembre 2010, ver publicación en Perspectiva Ciudadana
