La obstinación con la que las autoridades han reaccionado frente a la demanda del 4% del PIB para la educación no finiquita el movimiento social que se ha levantado respecto del tema.
Algunos han opinado que el movimiento se ha mostrado inflexible al exigir el cumplimiento de acuerdos cuya promesa había sido reiterada una y otra vez por el gobierno, sólo para dejarla nueva vez en el olvido. Los que insisten en que había que aceptar cualquier compromiso parecen ignorar que ya se había logrado promesas similares en dos o tres ocasiones, como la de incrementar paulatinamente la asignación presupuestaria para educación con un arreglo de asignar el 3.4% del PIB para el año 2011, lo que se volvió a incumplir cuando se formuló el presupuesto ahora aprobado por las cámaras legislativas.
Lo que se ha observado es que hay sobradas razones para que la credibilidad de las autoridades esté en los niveles más bajos de muchos años y para que sea también muy baja la confianza en promesas y pactos que no estén expresados en decisiones reales de política pública, como lo sería una asignación presupuestaria refrendada por el congreso.
La exigencia planteada no solo atañe al tema de educación sino a toda la política social y de desarrollo institucional del estado cuya retórica oficial no se corresponde con decisiones y ejecuciones de política, mientras que en otros temas se muestra una porfiada consistencia presupuestaria pese a la desaprobación pública
El déficit mayor que afecta la gestión pública dominicana es el de cumplimiento de compromisos. Por eso, las olas de movilización ciudadana que se han manifestado no se han agotado. Volverán a expresarse nuevamente en días o semanas, porque lo que está en juego es una demanda de ciudadanía. Hay que fortalecer este movimiento redimensionando su significado.
Publicado en Santo Domingo, fecha 22 de diciembre de 2010, ver publicación en Perspectiva Ciudadana.
