Distinguidos magistrados de la Suprema Corte de Justicia, honorables jueces y juezas, auxiliares de la justicia, integrantes de la comunidad jurídica, servidores judiciales, invitados especiales y todos los presentes.
Hoy es un día de especial trascendencia para el Poder Judicial y para toda nuestra sociedad. Nos reunimos para dar a conocer la primera Política de Protección de Datos del Poder Judicial de la República Dominicana.
Este documento no es simplemente un conjunto de normas, representa un hito en nuestro compromiso institucional con la protección de los derechos fundamentales en una era cada vez más digitalizada y conectada.
En una época en que la información se ha convertido en un recurso de enorme valor, la protección de los datos personales adquiere una relevancia inédita. La Constitución de la República, en su artículo 44.2, garantiza el derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales, asegurando que sean tratados con calidad, licitud, lealtad, seguridad y finalidad. Además, la Ley 172-13 proporciona un marco normativo coherente y completo para la protección integral de los datos personales en archivos y registros, tanto públicos como privados.
Este marco legal nacional encuentra respaldo en el ámbito internacional, con instrumentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, en el contexto regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Estándares de Protección de Datos Personales para los Países Iberoamericanos refuerzan nuestro compromiso con este derecho esencial.
La implementación de esta política responde a la urgencia de proteger los datos personales de quienes interactúan con el sistema judicial. En un ámbito en el que la información sensible pasa a formar parte de expedientes y procesos, la protección de estos datos cobra una relevancia aún mayor. Datos personales, historiales judiciales, situaciones económicas y otros aspectos de la vida privada encuentran amparo.
Con esta política, no solo se establece cómo proteger estos datos, sino que implementa mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y control para asegurar que todos aquellos que manejen información personal cumplan con los más altos estándares de seguridad y ética.
El objetivo de esta política es, en primer lugar, fijar criterios uniformes para la disociación o anonimización de los datos personales en las decisiones judiciales que se publiquen. Es fundamental para la protección de datos personales, pues permite que la información sea utilizada sin comprometer la privacidad de los individuos, asegurando proteger a los particulares.
Este compromiso con la protección de datos también promueve una justicia proactiva y responsable, en la que los órganos judiciales no solo cumplan con los principios y obligaciones derivados del tratamiento de datos personales, sino que lo hagan de forma tangible y demostrable, fomentando así la confianza del público en nuestro sistema de justicia.
Otro aspecto crucial de esta política es la reducción del uso de datos personales innecesarios en las decisiones judiciales. Al limitar la exposición de información sensible, protegemos la integridad de los expedientes judiciales y salvaguardamos la intimidad de las personas implicadas.
De igual forma, la publicación de sentencias y otros documentos por parte de la Suprema Corte de Justicia, así como de todos de los Tribunales de la República, se ajustarán a estos nuevos criterios de protección de datos, garantizando que el derecho a la intimidad no sea vulnerado en el proceso de acceso a la información pública. Esto implica no solo adherirse a normativas nacionales e internacionales, sino también asegurar que el acceso a la información no se convierta en una puerta abierta a la invasión de la privacidad.
Esta política, en definitiva, representa un cambio de paradigma en nuestro sistema judicial. Nos encontramos en una era en la que el acceso a la información se expande constantemente y en la que las tecnologías digitales han transformado radicalmente la forma en que nos relacionamos con el mundo y con el Estado.
Este cambio ha traído consigo grandes beneficios, pero también ha abierto la puerta a enormes riesgos. Por ello, la implementación de una política de protección de datos en el ámbito judicial es fundamental para garantizar que la innovación y la digitalización no se conviertan en amenazas para los derechos fundamentales de las personas, sino en herramientas que refuercen el Estado de Derecho.
Es nuestro deber entender que el respeto a la privacidad no es un obstáculo para la justicia, sino un componente vital de ella. Una administración de justicia que respeta la privacidad y la seguridad de los datos personales de los ciudadanos es una administración que se gana la confianza de la sociedad, que inspira respeto y que, en última instancia, fortalece el contrato social sobre el cual se cimienta nuestra democracia.
La política de protección de datos del Poder Judicial beneficia a todas las personas involucradas en procesos judiciales, incluyendo ciudadanos, víctimas, testigos.
La puesta en marcha de esta política nos insta a todos –jueces, fiscales, defensores, servidores judiciales y administrativos, la comunidad jurídica, la sociedad en su diverso conjunto– a comprender el valor de los datos personales de quienes acuden al sistema judicial y a manejarlos con la diligencia y el respeto que merecen. Eso es, también, poner a la persona en el centro del accionar judicial.
En este sentido, estamos forjando una nueva cultura de privacidad y protección de datos, en la cual el ciudadano se sienta seguro y confiado en que sus datos personales no serán vulnerados, sino resguardados con celo y responsabilidad.
No puedo concluir sin expresar mi gratitud y reconocimiento a todos los equipos que han trabajado incansablemente en la elaboración de esta política. En especial, al doctor Napoleón Estévez Lavandier, juez presidente del Tribunal Constitucional, quien fue el ponente de esta iniciativa ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia cuando formaba parte del mismo. Agradezco también a los órganos de gobierno judicial, a las instituciones colaboradoras, especialmente a la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) y a todos los que han apoyado este proyecto con su experiencia y visión.
En este camino, hemos enfrentado desafíos, pero también hemos logrado avances significativos. Un claro ejemplo de ello es el aumento de la confianza pública en nuestro sistema de justicia, reflejado en nuestro ascenso en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project. República Dominicana ha subido año tras año, aumentando ocho posiciones en el ranking global, mientras otros países de la región enfrentan retrocesos.
Sin lugar a dudas, la Política de Protección de Datos del Poder Judicial viene a fortalecer este compromiso para fomentar una gestión del acceso adecuado y la protección de los derechos fundamentales en las decisiones judiciales.
La política de protección de datos del Poder Judicial mejora la dignidad de las personas al garantizar la confidencialidad y el manejo ético de su información personal, resguardando su privacidad, evitando la revictimización, la protección de la integridad de niños, niñas y adolescentes. Al proteger los datos sensibles y asegurar que solo se usen con fines legítimos, el Poder Judicial respeta la autonomía y derechos de cada individuo, promoviendo un trato justo y digno en cada proceso judicial.
En resumen, esta política refuerza la dignidad de las personas al garantizar un tratamiento respetuoso, justo y seguro de su información personal, reafirmando el compromiso del Poder Judicial con la protección de los derechos humanos y el valor inherente de cada individuo.
Sigamos avanzando, juntos, con la convicción de que una justicia moderna y eficiente es una justicia que protege y respeta. Construyamos juntos una mejor justicia. Una justicia al día que garantiza la libertad, la igualdad, la solidaridad y la dignidad de las personas.
Muchas gracias.
