La justicia es una inversión de alto rendimiento democrático y económico.
Una justicia eficiente genera crecimiento, atrae inversión extranjera, protege los negocios y reduce activamente la desigualdad. Por eso la confianza en las instituciones judiciales representa un activo estratégico fundamental para cualquier nación que aspire al desarrollo sostenible.
Cuando la ley se aplica con predictibilidad y celeridad, la economía prospera, el crédito se abarata y las reglas del juego permanecen claras para todos los actores.
Durante décadas, las reformas al sistema judicial se vieron afectadas por la falta de continuidad. Cambios de gestión, visiones de corto plazo o planes condicionados a ciclos electorales limitaban el impacto real del sistema. Ese esquema se agotó. Las transformaciones judiciales no deben responder a períodos de gobierno. Tienen que convertirse en políticas de Estado sostenidas en el tiempo. La estabilidad institucional requiere acuerdos de nación que trasciendan coyunturas políticas y garanticen continuidad a largo plazo.
El vínculo entre seguridad jurídica y desarrollo económico es directo. Diversos análisis y organismos multilaterales confirman que los países con sistemas judiciales eficientes reducen los costos de transacción para sus empresas hasta en un 30%. Del mismo modo, la reducción de los tiempos de resolución de disputas comerciales incrementa la confianza de los inversionistas y estimula el flujo de capitales hacia sectores productivos. Por el contrario, la mora judicial y los fallos impredecibles operan como un impuesto invisible que frena la competitividad, encarece el financiamiento y desincentiva la creación de empleo formal.
Para convertir la justicia en una verdadera política de Estado, ejecutamos acciones estructurales sobre tres pilares concretos:
1. Predictibilidad y seguridad jurídica
El inversionista nacional e internacional, la pequeña empresa y el ciudadano común necesitan saber cuáles son las reglas de juego. Sentencias contradictorias o procesos interminables generan desconfianza. Fortalecemos la uniformidad del criterio jurisprudencial y aceleramos los tiempos de respuesta. Un sistema predecible elimina las brechas de discrecionalidad y combate frontalmente la arbitrariedad.
2. Eficiencia operativa y transformación digital
La lentitud procesal destruye valor económico y social. Atacamos la mora mediante la digitalización integral de los tribunales, la interoperabilidad institucional y la optimización de las audiencias. Un expediente resuelto a tiempo preserva empleos, protege activos y dinamiza la economía. La innovación tecnológica en el Poder Judicial no es un lujo técnico; es una herramienta clave de acceso a la justicia y de competitividad nacional.
3. Inclusión y reducción de desigualdades
Un Estado de derecho débil castiga con mayor dureza a los sectores más vulnerables. La falta de acceso a la justicia perpetúa la exclusión y rompe la paz social. Garantizar que cada persona reciba una respuesta ágil y transparente nivel las condiciones. Una justicia accesible reduce los márgenes de informalidad y asegura que los beneficios del crecimiento económico alcancen a toda la población.
Las naciones que lideran los índices globales de desarrollo humano y económico comparten un rasgo común: instituciones judiciales sólidas, independientes e indestructibles frente a las presiones del momento. La sostenibilidad de nuestro crecimiento depende de la fortaleza de nuestras reglas.
Esa es la visión que predomina cuando vemos la justicia como un sistema interconectado con todas las áreas de la República. Esa es la estrategia que durante siete años hemos impulsado y que debe continuar adelante.
Continuemos consolidando un modelo judicial que sirva de ancla para el desarrollo de la República Dominicana. No hay avance económico fuerte sin un Estado de derecho robusto. La reforma de la justicia es la mejor política de desarrollo que podemos legar al futuro del país.
PUBLICADO EN LISTÍN DIARIO
La justicia como política de Estado
