En los últimos tiempos, hemos observado cómo, en el mundo, los ataques a la independencia judicial han llevado a que los Estados de Derecho se vuelvan vulnerables, amenazando la estabilidad de los sistemas judiciales y democráticos. Esto nos lleva a sopesar un asunto clave, el hecho de que no basta con que las decisiones sean legales; también deben ser legítimas a los ojos de la ciudadanía para garantizar la confianza en la justicia.
Como hemos mencionado anteriormente en este blog, cuando miramos el panorama global, leemos con preocupación cómo países que históricamente han servido como ejemplos de democracias sólidas ahora enfrentan profundas crisis institucionales. Uno de los pilares fundamentales en riesgo es la independencia judicial, esencial para cualquier sociedad que aspire al imperio de las leyes y la convivencia pacífica en dignidad.
Se han documentado escenarios en los que procesos de selección y nombramiento de jueces han generado debate, ya sea por modificaciones en los mecanismos establecidos o por la implementación de medidas que pueden comprometer la independencia de los magistrados. En algunos casos, cambios normativos han dado lugar a discusiones sobre la separación de poderes y el equilibrio institucional, lo que resalta la importancia de contar con procedimientos transparentes y ampliamente legitimados.
Se evidencia así que hay ocasiones que la legalidad no basta si la ciudadanía no percibe legitimidad en las decisiones judiciales.
En el caso de República Dominicana por suerte estamos lejos de aventuras de este tipo. Sin embargo, no podemos mirar hacia otro lado. Sabemos que nuestra justicia tiene deudas históricas y problemas reales, debilidades que son resultado de su diseño institucional y de deficiencias que están recibiendo atención. Para que el sistema de justicia funcione, no solo debe actuar conforme a la ley, sino que también debe demostrar que sus decisiones responden a criterios de legitimidad y transparencia.
En este sentido, el Consejo Nacional de la Magistratura juega un papel fundamental, pues garantiza un equilibrio entre los distintos poderes y sectores de la sociedad, asegurando que la elección de jueces responda tanto a la legalidad como a la legitimidad.
Este mecanismo permite que diversos sectores sociales perciban que los procesos judiciales no solo cumplen con el marco normativo, sino que también reflejan un compromiso real con la independencia y la imparcialidad. Esta perspectiva hace que no solo se actúe con pleno apego a la ley sino que además la base del sistema judicial cuente con una legitimidad que, a la larga, hará al Estado de derecho dominicano cada vez más fuerte.
