La independencia judicial no se proclama: se construye. Ese es uno de los mensajes más potentes que deja el cortometraje documental A Thousand Robes (2020), que narra la impresionante marcha de juezas, jueces, fiscales y abogados de toda Europa que, en enero de 2020, caminaron juntos por las calles de Varsovia para defender la separación de poderes en Polonia.
Esa imagen –mil togas negras avanzando en silencio– resume con fuerza la posición de los testimonios que constituyen el documental, dando palabra a abogados y jueces polacos (y austriacos, alemanes, irlandeses, turcos, etc) que no se doblegan ni se callan cuando los pilares del Estado de derecho se tambalean.
Estos temas se desarrollaron con mayor profundidad en Judges Under Pressure (2021), también dirigido por Kacper Lisowski e Iwona Harris. Esta vez, el foco no fue solo la marcha, sino las historias personales de jueces polacos perseguidos, sancionados o removidos por mantener criterios jurídicos independientes frente a un gobierno decidido a someter el poder judicial a su agenda. La película retrata con crudeza cómo, bajo un discurso de "reforma judicial" y lucha contra la "casta togada", se desplegó una estrategia sistemática de intimidación, descrédito y control institucional.
Esta tensión entre independencia judicial y control político no es exclusiva de Polonia. En América Latina también hemos visto cómo, en nombre de la lucha contra la corrupción o el combate al nepotismo, algunos gobiernos han promovido reformas que, lejos de fortalecer el sistema de justicia, lo subordinan al poder ejecutivo. Se han dado ejemplos que muestran cómo el discurso anticorrupción puede también convertirse en una herramienta para debilitar los contrapesos institucionales que en última instancia protegen a los ciudadanos.
Es fundamental decirlo con claridad: la crítica al funcionamiento del Poder Judicial es legítima, incluso necesaria. Nuestras democracias tienen el deber de revisar, cuestionar y mejorar continuamente las instituciones. Pero cuando esas críticas se utilizan como excusa para destituir jueces sin debido proceso, modificar la composición de los tribunales o concentrar el poder en una sola rama del Estado, estamos ante un retroceso peligroso. La independencia judicial no es un privilegio corporativo: es una garantía ciudadana.
Las experiencias latinoamericanas nos enseñan que sin jueces autónomos no hay justicia duradera, y que los poderes judiciales no pueden depender de la voluntad del gobierno de turno para ejercer su función. Defender su independencia es, en última instancia, defender el derecho de todas las personas a un juicio justo, a un tribunal imparcial y a un Estado que no se rija por la arbitrariedad sino por la ley.
En República Dominicana no han existido recientemente estas tensiones tan dramáticas. Una de las piezas clave para manejar este equilibrio ha sido el fortalecimiento del Consejo Nacional de la Magistratura, que se ha consolidado como un órgano garante de la independencia, al asegurar que el ingreso, promoción y permanencia de los jueces se fundamente en criterios objetivos, evaluaciones rigurosas y transparencia.
También ha sido crucial en este proceso la profesionalización de la carrera judicial, garantizada mediante el ingreso por concurso público de oposición, lo que asegura transparencia y mérito en la selección. Y por supuesto, a esto se suma el paso obligatorio por la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), donde las y los aspirantes reciben una formación integral en derecho, ética judicial y competencias prácticas, consolidando así una judicatura técnica, imparcial y comprometida con los valores democráticos.
La marcha de las mil togas nos recuerda que cada generación tiene la responsabilidad de cuidar las instituciones que ha heredado. La nuestra ha decidido hacerlo a través del trabajo, la innovación, el compromiso y una vocación de servicio público que no depende de coyunturas.
Hoy más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso con una justicia imparcial, accesible y centrada en las personas. Lo hacemos conscientes de que la toga no es un símbolo de privilegio, sino de responsabilidad. Y que cada paso que damos es parte de una marcha que continúa.
