La justicia es una construcción diaria, paciente y comprometida, que se fortalece con trabajo riguroso, decisiones imparciales y respeto pleno al Estado de Derecho. En tiempos de alta expectativa social, es comprensible que haya interés y opiniones sobre los procesos judiciales.
Pero justamente por eso, es fundamental recordar que la legitimidad de la justicia no depende de simpatías momentáneas, sino de su fidelidad a los principios que la sostienen.
En momentos donde abundan los juicios paralelos y las opiniones interesadas, vale la pena recordar que la confianza en el Poder Judicial no puede ni debe medirse por la simpatía hacia un fallo, sino por la integridad del proceso que lo sustenta.
La labor de un juez o jueza no consiste en satisfacer expectativas coyunturales, sino en aplicar el Derecho con imparcialidad. Esa es la única forma en que la justicia gana legitimidad: no cediendo ante las presiones, vengan del lugar que vengan, sino siendo fiel a su misión.
La ciudadanía no está obligada a dominar los tecnicismos legales, pero sí tiene derecho a exigir un sistema que garantice el debido proceso sin excepciones ni exclusiones. Presunción de inocencia para toda persona acusada. Valoración rigurosa de pruebas, evitando tanto la impunidad como la revictimización. Acceso con equidad a tribunales independientes, con especial atención a quienes históricamente han sido dejados de lado: las personas en situación de vulnerabilidad. Cuando estos preceptos se honran, se fortalece la justicia —aun si el veredicto es impopular—. Cuando se ignoran, no solo se comete arbitrariedad: se normaliza la desprotección de los más frágiles y se socavan los cimientos del Estado de Derecho.
Por eso la independencia judicial no es un privilegio, sino una garantía. No para proteger a los jueces, sino para proteger a cada ciudadano y ciudadana que algún día podría sentarse frente a un estrado. Solo un juez libre puede emitir una sentencia justa. Y solo una justicia independiente puede sostener la democracia.
El Poder Judicial de la República Dominicana ha demostrado con hechos su compromiso con la transparencia, la eficiencia y la integridad. Más de 7000 servidores y servidoras trabajan cada día para consolidar esa promesa. Y lo hacen sin atajos, sin ceder a intereses, sin sacrificar derechos en nombre de ninguna causa. Lo hacen convencidos de que la justicia verdadera no se improvisa ni se impone: se construye, paso a paso, decisión tras decisión, siempre dentro del marco legal.
Es un error considerar que sólo los casos notorios importan a la justicia, cada asunto atendido en un juzgado de paz, por cotidiano que parezca, resguarda la dignidad humana. Es en la aplicación rigurosa y equitativa de los principios de justicia —en lo grande y en lo pequeño— donde el Poder Judicial legitima su razón de ser: proteger derechos.
Toda persona tiene derecho a ser juzgada con base en pruebas y conforme a las reglas del proceso. Si hay inconformidad con una decisión, existen vías legales para impugnarla. Esa es la forma en que se construye una justicia confiable: respetando los cauces institucionales, no presionando con intenciones de condicionar decisiones.
La verdadera credibilidad de la justicia no está en los aplausos o las simpatías, sino en su coherencia. Y esa coherencia nace del compromiso inquebrantable con la ley, la imparcialidad y la dignidad de cada ser humano.
