La agenda internacional del Poder Judicial tiene objetivos de gran relevancia para la mejora continua de nuestro sistema. Además de conectar a nuestros jueces y la comunidad jurídica con buenas prácticas a nivel regional y mundial, nos ayuda a promover las mejoras del país en el cumplimiento de las reglas del Derecho.
Además, en esa labor de proyección institucional también hay momentos de satisfacción personal y profesional, como el que supuso coincidir recientemente con el juez Richard Wagner. Una figura emblemática del sistema judicial canadiense y actual presidente de su tribunal supremo.
En su trayectoria ha sido notable su concepción de la justicia como un servicio básico de toda sociedad. Y es que, aunque pocas veces es vista como tal, la justicia es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática y su acceso debe ser considerado un servicio vital, pues el derecho a un juicio justo y la capacidad de buscar reparación ante las injusticias son esenciales para mantener la confianza pública en el sistema legal y garantizar la estabilidad social.
Por estos motivos, el juez Richard Wagner, ha enfatizado en varias ocasiones la importancia de que todas las personas, independientemente de su situación económica, tengan acceso a asesoramiento legal y a los tribunales.
Wagner ha señalado que la justicia no debe ser vista como un lujo, sino como un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado.
Cuando las personas no pueden acceder a la justicia y recibir un servicio adecuado, esto puede resultar en una erosión del estado de Derecho, que termina deslegitimando las instituciones. Esta situación suele perjudicar especialmente a comunidades vulnerables, donde la falta de acceso a la justicia puede perpetuar ciclos de exclusión.
Por eso es necesario tratar el acceso a la justicia pronta y oportuna como un imperativo social. No se trata solo de ofrecer servicios legales gratuitos o asequibles, sino de transformar el sistema para que sea más accesible y comprensible para todos.
Esto incluye simplificar procedimientos legales, aumentar la financiación para la asistencia legal y promover la educación legal pública. Derribando barreras de acceso, como la comprensión, se fortalece la confianza en el sistema judicial en su conjunto.
Hay también una dimensión económica de la concepción de la justicia como un servicio vital. Pues, cuando las personas no pueden resolver sus disputas de manera justa y eficiente, toda la sociedad paga el precio.
La ineficacia en la resolución de conflictos puede llevar a una menor productividad, mayores costos sociales y una mayor carga para los sistemas de justicia penal. En este sentido, el acceso a la justicia es también una cuestión de eficiencia económica estatal y bienestar para la sociedad.
Cada día cuenta y es una realidad que la República Dominicana ha empezado a ver a la Justicia como ese servicio vital que señala el juez Wagner. El propio presidente de la República, Luis Abinader, lo ha reconocido en sus palabras ante la Conferencia del Poder Judicial del pasado mes de abril.
Es, en definitiva, un placer encontrarse con profesionales que, cada uno desde su posición y desde su país, comparten con nosotros el objetivo de alcanzar una justicia abierta, centrada en las personas, eficiente, oportuna, íntegra y transparente.
