Tras el inicio de la pandemia el Poder Judicial tuvo que modificar el ritmo de su rumbo establecido y aprobado. En el sentido de lo planeado, hubo que acelerar algunos puntos y esto hizo que algunos proyectos avanzaran antes de lo pautado, a la vez, otros tuvieron que relegarse en el tiempo. Sin embargo, en los últimos meses hemos sostenido encuentros con actores del Poder Ejecutivo, el Legislativo y la sociedad en general, con todos hemos coincidido en la necesidad de contar con un marco compartido para consolidar los avances logrados y continuar la senda de transformación. Esto es, abordar los problemas desde la perspectiva conjunta de cuál justicia queremos para la República Dominicana del futuro y cómo la construiremos.
Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), del 2016, titulado “Apalancamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el crecimiento inclusivo: llevando acceso a la justicia para todos”, cuatro billones de personas viven sin protección de las leyes. El documento describe el drama de las sociedades y personas marginalizadas y su imposibilidad de recibir la promesa de justicia del Estado. Gente que atrapada en su situación social y de poder se encuentra en riesgo constante de ser víctima de abusos, engaño, intimidación por violencia o vulneración de sus derechos a la propiedad sin poder acudir a la Justicia. Un drama cotidiano que la sociedad dominicana experimenta en carne propia en sus estratos más excluidos. Por esto, cualquier proceso transformador que busque atender los problemas judiciales de manera responsable debe tener en su centro la Justicia inclusiva.
Para comprender el fenómeno más profundamente es necesario visualizar las barreras de acceso a la Justicia y lo que conllevan. Las mismas pueden ser por factores económicos, estructurales o institucionales. Y representan real imposibilidad a nivel fáctico para asegurar la protección efectiva de los derechos humanos, la propiedad y libertades de la ciudadanía. Sea por la complejidad y el costo de los procesos legales, el factor tiempo, las restricciones de acceso geográfico y físico, estas barreras deben ser abordadas de manera incremental y por distintos frentes. Muchos de los elementos que instituyen las imposibilidades de acceso tienen responsabilidad compartida y solo pueden ser combatidas a través de políticas transversales.
Los planes de Visión Justicia 20/24, iniciados en el año 2019 y alterados por la pandemia, incluye entre sus líneas de acción el eje prioritario Justicia para todas y todos. Las búsquedas principales de estas líneas de acción se corresponden con el interés del Poder Judicial de facilitar el acceso, en especial a las personas en condición de vulnerabilidad, la adecuación de la infraestructura para lograr que sea más incluyente y digna, asegurar acceso digital y propiciar solución de conflictos a través de modalidades de resolución alternativa de conflictos. Estos ejes cuentan con dieciséis indicadores de control y fiscalización.
Uno de los principales retos para hacer posible y efectivo el acceso es la dificultad para comprender la ley y defenderse a través de ella. Igualmente, la necesidad de entender el funcionamiento del sistema de Justicia por parte de la sociedad. Ambas requieren de una pedagogía de la justicia y acceso a información legal y sobre los derechos que asisten a todas las personas.
Otro punto clave es la necesidad de construir mecanismos de acceso a sectores de la sociedad que tradicionalmente han tenido limitada la posibilidad de acudir ante los tribunales o que los mecanismos de estos les colocan en mayor riesgo o vulneración. En atención a esto el Poder Judicial ha actuado en auxilio de las mujeres, actualizando el protocolo de los Centros de Entrevistas y ampliando el alcance del uso de los mismos para evitar revictimizar a las mujeres en casos de violencia machista. Se han dado pasos para fortalecer y actualizar el observatorio de Justicia y Género y la realización de estudios focalizados para mejorar la situación de los grupos con acceso limitado. Igualmente, promover estándares y capacitaciones para que sean preservados los derechos de este grupo en desventaja ante la inequidad en materia de género. De igual modo se han aprobado las políticas de igualdad de género y de igualdad para personas con discapacidad.
El Poder Judicial tiene claro interés de abordar, con la importancia que amerita, la temática. El Estado social y democrático de Derecho plantea la necesidad de un marco común e inclusivo para abordar las distintas problemáticas que aquejan a la ciudadanía. Es por eso que se hace imperioso complementar y enriquecer los planes ya trazados con una mirada amplia de todos los sectores. La construcción de un perfil de Justicia común, que derribe las barreras de acceso, aproveche los modelos de innovación para acercar la justicia a la sociedad y permita la implementación de políticas públicas y judiciales que integren una mirada amplia. Esto es posible con programas que fortalezcan en alcance y efectividad a las ya delineadas propuestas de acción que el Poder Judicial ha levantado.
