La justicia dominicana cuenta con 778 jueces y juezas de carrera. Su trabajo independiente requiere de un sistema de integridad fortalecido y lo estamos haciendo. La integridad es un eje central y transversal de todo nuestro quehacer en la Visión Justicia 20/24, la planificación para los próximos cinco años del Poder Judicial dominicano. El entramado de procesos requiere fortalecer su marco para que permita prevenir, controlar y verificar las prácticas contrarias a la ley y que afectan el curso de los procesos en los tribunales. Las distorsiones al servicio de justicia y su buen funcionamiento, que de manera indeseable afectan a usuarios y usuarias.
Se espera (y es nuestro deber) que jueces y juezas actuemos y decidamos apegados al Derecho y sus fuentes. Y es esa la mayor garantía de integridad que se puede ofrecer. Por eso el Poder Judicial se compromete a lograr la sensibilización efectiva de los servidores sobre el Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial, para potenciar su cumplimiento en el trabajo diario. Sobre todo, asegurar que sea del modo más eficaz y eficiente posible.
Mejorar la integridad judicial y las herramientas y sistemas para que los jueces y juezas ejerzamos nuestro trabajo con estándares de calidad y probidad, es una tarea que convoca a todos y todas. Hace falta que toda la comunidad jurídica y social se integre, no solo levantando su voz por los casos y problemáticas que se presentan. Sino también incorporando cada vez mejores prácticas en el ejercicio profesional. Conociendo los objetivos en nuestra plataforma web, involucrándose con los planes y agendas para la transformación.
Al inaugurarse la actual gestión del Consejo del Poder Judicial, se dispuso el cese de reuniones de jueces y juezas con partes del proceso sin el conocimiento o la presencia de la contraparte. No obstante ser esta una disposición del Sistema de Integridad, se había convertido en una práctica frecuente. Dejando margen a interpretaciones sobre la igualdad de las partes, o cuestionamientos de parcialidad presumible, de procesos prefabricados. Medidas como esa y otras que contemplan los planes de trabajo, fortalecen la investidura de los jueces y juezas, al tiempo que establecen un mayor sitial para el servicio de justicia.
Los profesionales del Derecho deben contemplar que, a la hora de defender los intereses de sus representados, los abogados y abogadas deben por sobre todas las cosas preservar el interés del sistema de justicia. Nos debemos a esto, porque sin un espacio de impartición de justicia, de apreciación imparcial de los recursos y elementos que sostienen los derechos en los conflictos, se haría imposible mantener la convivencia social y la unidad nacional.
Hace falta un compromiso mayor con la ética jurídica y el cuidado del Derecho, y el entorno en que este se aplica, por parte de todos los actuantes en justicia. Un Poder Judicial transparente, que rinda cuentas de modo proactivo debe encontrar auxiliares de la justicia comprometidos con su funcionamiento idóneo, oportuno y probo. La entereza y rigor en el trabajo por la justicia y la aplicación del Derecho, deben ser un aliciente para continuar transformando y mejorando el servicio de justicia.
Trabajemos por la integridad en el ejercicio ante los tribunales por la Justicia. En ella está el mayor bien que podemos legar a nuestro país y nuestros hijos e hijas.
