Esta semana tuvimos el honor de asistir en Barcelona en un taller titulado “Hacia la humanización de la política criminal y penitenciaria frente a delitos menores de drogas: un camino hacia la proporcionalidad y alternatividad penal” como parte de nuestras funciones durante la secretaría general pro tempore dominicana de la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI).
El propósito del taller era claro: explorar alternativas que reconozcan la dignidad humana y que sean proporcionales. Por eso, durante mi intervención afirmé que es momento de cuestionar enfoques tradicionales y abrirnos a nuevas perspectivas que prioricen la reinserción, el tratamiento y la prevención por encima del castigo.
Esto implica que debemos resistir las tentaciones del populismo penal y punitivo. Esta inclinación, que busca respuestas rápidas y severas ante la criminalidad, puede parecer efectiva a corto plazo, pero a menudo pone en riesgo los principios fundamentales del Estado de Derecho y los derechos humanos y replica círculos de violencia.
Esta es una realidad que afecta a todos los países de Iberoamérica, pero en la República Dominicana tiene, si cabe, aún más relevancia, pues prácticamente el 60% de los privados de libertad son preventivos, es decir, están aún a la espera de juicio, de una población de entre 27,000 y 28,000 personas.
Entre estas personas en prisión preventiva hay muchos casos que están por posesión de pequeñas cantidades de drogas ilegales. Sin embargo, la lentitud de los procesos hace que algunos estén hasta dos años presos antes de comparecer ante un juez.
Esta es una herencia de una perspectiva que bordea lo inquisitorio, en atención a la dignidad de las personas, es tiempo de evaluar la razón por la cual la principal medida de coerción sigue siendo la privación de libertad, asumiendo en buen Derecho que, conforme con el principio 15 del Código Procesal Penal, la libertad es la regla y la privación de la misma es la excepción.
Atajar estas situaciones es uno de los objetivos del Programa de Optimización Procesal Penal que hemos impulsado desde el poder judicial en los últimos años, junto al colegio de abogados, la pastoral penitenciaria y el SENASA, entre otras instituciones.
Como parte de esta iniciativa se aprobó un programa de atención a la drogodependencia, incluyendo en los casos que lo ameriten, la puesta en libertad a condición de seguimiento de rehabilitación bajo tratamiento judicial.
De esta forma, en 2022 se procedió a enlistar en el programa a 3,966 personas, principalmente en el Distrito y en este 2024 se tiene planeada la expansión e implementación escalonada del programa en departamentos judiciales seleccionados.
Pero más allá de este programa concreto, es importante construir y promover un marco legal y operativo que responda de manera justa y eficaz a los delitos y que, a la vez, respete los derechos humanos, promueva la rehabilitación y la reintegración.
Por eso ha sido un placer participar en esta jornada en Barcelona, porque es un paso adelante en la construcción de un pacto regional para la humanización de la política criminal y penitenciaria.
Confío en que en los próximos años esto se concrete a través del desarrollo y la adopción en los países miembros de la CJI de estándares básicos que promuevan un enfoque más humano y justo en la gestión de los delitos menores de drogas.
La comisión que representó al Poder Judicial dominicano en este encuentro también contó con la magistrada María Garabito, Jueza de la Sala Penal de la SCJ; Modesto Martínez, integrante del Consejo del Poder Judicial; Rafael A. Báez, Juez de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; Esmirna Gisselle Méndez, jueza presidente del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; y Kenya Romero, Jueza Coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.
En el taller participaron además Enrique Gil Botero, secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica (COMJIB); Irene Cara, responsable del equipo de Administración Pública y Asuntos Sociales de la FIIAPP; Juan Carlos Pérez Murillo, coordinador general de la Asociación Iberoamericana de Defensorías Públicas (AIDEF); Luis Arocena, Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP); así como autoridades estatales, representantes de COPO-LAD, la Unión Europea y juezas y jueces de los diferentes países.
