Abogadas y abogados,
Para muchos y muchas hoy es la primera vez en esta Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia.
Un momento tan fundamental para la vida de un abogado como este que hoy celebramos, nos lleva a reflexionar sobre cuál es la responsabilidad que conlleva ser abogados y abogadas de la República. Cuáles son los valores que deben alumbrar su ejercicio, a cuáles tradiciones doctrinarias o jurisprudenciales, deben atender para lograr avances concretos, para dejar una huella en favor de las personas.
Hoy juran servir ante los tribunales que actúan para sostener una legalidad democrática. Una honra en el servicio mismo. El deber es conocer el valor de lo que sostiene el trabajo que hacemos y sus consecuencias. Reconocer en el camino propio que todo lo que hacemos, todo lo que decidimos en los tribunales o fuera de estos, modifica cientos de vidas. Reconocer que estamos llamados a promover la idea de la justicia, y que los aportes a esa esa labor serán mejor valorados en la medida en que la sociedad se familiarice con lo jurídico y comprenda nuestro rol.
Ante ustedes, las nuevas abogadas y abogados, está la oportunidad de demostrar que es posible aportar a un mundo con una relación de mayor consistencia con nuestros derechos y deberes. Si miramos al pasado, es el avance de las leyes que ha reconocido a las personas derechos fundamentales, y es con el cumplimiento cabal de las responsabilidades y deberes, la manera en cómo el Derecho puede seguir sosteniendo el pacto social que nos hace a todos y todas, una comunidad bajo uno mismo orden e ideales de justicia y paz.
Lo que permite que el honor de abogado sea merecido es que vayamos a los tribunales a buscar la Justicia como bien mayor, a pedir que la aplicación de la ley sea equitativa, que se respete el debido proceso. A exigir que se reconozca la dignidad de sus clientes sin afectar la de su contraparte: a ser tratados con igualdad ante la ley. Que al hablar de su ejercicio se diga que el estudio y buena práctica del Derecho les consagra a ejercer su profesión con respeto al oficio.
Abogadas y abogados,
La institucionalidad judicial es el espacio neutral donde se resuelven o median los conflictos. Todo este sistema creado y sostenido en el tiempo tiene el mandato de dirimir conflictos a través de la aplicación de la ley, para lograr justicia. En esa labor hay que valerse de las fuentes del Derecho, de la razonabilidad, de la interpretación y observación estudiosa. De los argumentos y estrategias que usen ante los tribunales se construyen las características del Derecho dominicano. Todos ustedes, como nosotros, somos el Derecho y de diferentes formas, constituimos la idea y práctica de justicia. Siempre debemos recordarlo.
Los jueces y juezas se deben al Derecho, a la relación de reglas, procedimientos y valores que lo componen. Es esa relación de jerarquías la que sostiene la unión social. Comprenderla, entender el peso de eso en la sociedad, nos obliga a ejercerla con mayor cuidado de las formas y del fondo.
Eso implica que en todo juicio se observen, de manera permanente, todos los elementos procesales y con respeto a todas las prerrogativas. Que cada parte cumpla su rol para que, con ello, estén cubiertos los elementos necesarios para que la Justicia pueda cumplir su tarea.
Cuidar la legitimidad de la justicia y el rol de los jueces y juezas es también un deber de todos y todas. La función judicial tiene retos y debe encontrar en la comunidad jurídica aliados para lograr hacer posible un servicio oportuno y eficiente, integro y transparente, con calidad y garantía de acceso a todas las personas. Por eso he llamado a los jueces y juezas a que no les tiemble el pulso ante ejercicio temerario y practicas dilatorias.
Abogadas y Abogados: Como nuevos usuarios, les exhorto a no pedir, ni utilizar mecanismos que podrían beneficiar al cliente, pero afectando a todo el sistema de justicia. Se trata de que las partes puedan obtener los beneficios que el sistema jurídico dispone. No de alterar los tiempos y capacidades del sistema para responder, pues con ello estaríamos afectando la Justicia.
Tenemos la gran oportunidad de aportar con nuestro día a día a que el país sea mejor, ofreciéndole con pasión y amor patrio, nuestra mejor versión.
Hoy, consideramos oportuno este momento para resaltar la trayectoria de don Raymundo Amaro Guzmán. Uno de los más grandes maestros, el gigante que fue pionero y “padre de la administración pública dominicana”. Inició su labor como servidor público cuando tenía 25 años y fue designado juez de Paz para los municipios Moca y Puerto Plata y en el Distrito Judicial de Santiago, donde también fue juez de la Cámara Civil y Comercial.
Investigador y maestro del Derecho administrativo, el doctor Amaro Guzmán estudió buena parte de las mejoras a la arquitectura de la administración y la función pública dominicana. Promoviendo la carrera y abonando a la cultura, que soporta avances en los últimos treinta años.
A su legado de honestidad y entrega por el servicio público, dedicamos esta juramentación. Gracias también a sus familiares que nos honran esta mañana con su presencia.
Señoras y señores,
En nombre y representación de la Suprema Corte de Justicia, les declaro legalmente investidos como abogadas y abogados. ¡Muchas felicidades y que tengan el mayor de los éxitos en la profesión!
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