Ciudadano Presidente Constitucional de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez. Autoridades constitucionales de la Nación, Magistradas y Magistrados del Poder Judicial, Integrantes del cuerpo diplomático, Conciudadanos:
¡En nombre de la República!
Con esas palabras cada jueza y cada juez inicia sus sentencias. Al hacerlo, afirmamos con fuerza que administramos justicia sujetos a ese sistema de valores, equilibrios, reglas, derechos y límites que proclama la Constitución y determinan las instituciones de nuestra democracia.
En nombre de la República comparezco ante ustedes.
Lo hago por primera vez, a nueve meses de haber asumido la conducción del Poder Judicial, para examinar el estado de nuestro sistema de justicia, y para evaluar la manera en que aseguramos que éste se encuentre a la altura de las nobles aspiraciones de nuestro pueblo. En nombre de la República, es mi deber abordar las fortalezas del Poder Judicial y el modo en que éstas pueden ser aprovechadas para avanzar sobre las debilidades y transformar la justicia dominicana.
Me dirijo a ustedes en un momento significativo de la historia contemporánea. En múltiples puntos del planeta, sin que nuestra región sea una excepción, una ruptura radical de la confianza marca la relación entre las personas y las instituciones públicas. En Asia, Europa y toda América las personas demandan un compromiso franco, transparente, sin demoras injustificadas, por parte de sus servidores públicos. Las respuestas que los Estados han venido entregando, hasta el momento, no satisfacen a las mayorías. Si bien en nuestro país estamos lejos de una situación similar, somos también objeto de esa interpelación.
En toda democracia, el Poder Judicial es, en muchos sentidos, el más débil de los tres brazos del Estado. Los presupuestos y la fuerza están en manos de los poderes Legislativo y Ejecutivo. La fortaleza del Poder judicial, la de las juezas y jueces, descansa en el respeto de la sociedad por la forma en que administramos justicia. De ahí la trascendental importancia de rendir cuentas claras sobre lo que hacemos. Que cada persona interesada escuche de boca de los responsables, claramente, cómo andan las cosas en la justicia de nuestro país. Que cada cual comprenda los problemas que la aquejan y cómo se atienden. Que todos sepamos en qué medida hay razones para anticipar que mañana habrá mejor justicia.
Con ese objetivo en mente, hoy me dirijo, en primer lugar, a quienes dan sentido y constituyen el fin último de nuestra labor: a cada dominicana y dominicano que habita o conserva sus raíces, relaciones y bienes en el territorio de la República. Sin excepciones. Al afortunado que puede vivir con holgura y en salud, y al trabajador que lucha, con salarios bajos, para llevar una vida digna. A los niños, niñas, adolescentes y a la juventud dominicana, a quienes tenemos el deber de entregar razones para vivir con orgullo en nuestro país. A las mujeres, que todavía enfrentan la humillación de procesos judiciales que perpetúan la desigualdad. Me dirijo a quienes envejecen buscando protección ante las limitaciones de su edad. Y sí, claro que sí, a los extranjeros que buscan en la República Dominicana mejores oportunidades. Igual que millones de compatriotas dominicanos las buscan para los suyos en suelos ajenos. Me dirijo, asimismo a las juezas y jueces que conforman nuestro sistema. Somos nosotros quienes, día tras día, echamos adelante el andamiaje judicial del país en las salas de audiencia, en los despachos judiciales, amparados por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes. Al valorar las pruebas que se nos presentan y redactar los fallos como terceros imparciales. La justicia no es otra cosa que el trabajo de todos nosotros. Por ello, al asumir la dirección de este poder del Estado, he visitado cada uno de los tribunales del país para reconocer de primera mano los problemas que como jueces enfrentamos. Me he esforzado por contar con los detalles de la realidad que tantas veces se esconde detrás de las estadísticas. De este valioso diálogo, se nutre parte importante de los planteamientos que hoy debo presentar.
Me dirijo a la comunidad jurídica de nuestro país. Pesa sobre sus hombros mucha responsabilidad por la salud del sistema de administración de justicia: los abogados, la Defensa Pública y el Ministerio Público (como auxiliares de la justicia), las facultades de Derecho, los juristas, los tratadistas y autores. Desempeñan ustedes un papel fundamental en el ecosistema de la justicia. Como lo tienen también los legisladores y las autoridades administrativas que elaboran las leyes, las normas de diversa jerarquía que debemos aplicar, a veces demasiado complejas y rebuscadas, en ocasiones obsoletas y en necesidad de urgente actualización.
La Justicia tiene mucho que mostrar en su recorrido desde 1997 hasta hoy. Partimos de los muchos logros de las décadas pasadas. No comenzamos desde cero. Nuestro sistema de carrera judicial, por ejemplo, (un pilar esencial de la independencia de la administración de justicia), es razón de admiración para muchos colectivos nacionales e internacionales. Hoy día, 774 de los 778 jueces y juezas son de carrera. La totalidad de las juezas y jueces son designados a través de un procedimiento de concurso público de antecedentes y oposición y de un proceso de formación establecido por la Constitución y la ley.
Pero los espacios de luz que exhibe la justicia dominicana no pueden ocultar sus sombras. Desde julio del año pasado iniciamos un camino de consultas y planificación denominado Visión Justicia 20/24. Un proceso, que definió la estrategia del Poder Judicial, luego de observar con distintas lentes las problemáticas del sistema. Enfrentamos retos grandes; desafíos capaces de minar y hasta disolver nuestras conquistas. Es tiempo de hacerles frente:
Señoras y señores, una enfermedad grave se ha vuelto crónica y hoy amenaza el sentido mismo de la administración de justicia: hablo de la mora o retardo judicial. El problema se manifiesta a lo largo y ancho del sistema y relativamente pocos tribunales han podido librarse de él en tiempo.
A primera vista, la impresión no es mala. En términos agregados, el número de casos ingresados se mantiene relativamente estable. Entre 2014 y 2017 hemos pasado de recibir 524,352 casos a recibir 521,569. Los expedientes resueltos, por otra parte, reflejan un ligero aumento. Sin embargo, una mirada a fondo, a la luz de la mejor información disponible, revela un cuadro inquietante:
Observar los casos presentados en casación pone en relieve el curso de largos años que muchos de esos asuntos han debido recorrer. Entre ellos hay procesos iniciados hace más de una década. En la propia Suprema Corte de Justicia, solo en ella,se han acumulado 18,357 casos que en junio de 2019 esperaban resolución. Varios de ellos aguardan por sentencia desde el siglo pasado. Frente a este mal, una combinación de resignación y apatía se ha instalado al interior de nuestro sistema. La desesperanza, aprendida tras tantos intentos de derrotar la enfermedad parece dominar muchos espíritus. Contribuye al problema la falta de comprensión social de este fenómeno, así como la falta de colaboración de la academia, la empresa y la política. También abona al problema un sistema estadístico débil al que se ha prestado poca atención.
¡No podemos aceptarlo!
No es posible que nuestra gente tenga la vida suspendida, porque los tribunales retrasan injustificadamente una decisión. O que un derecho personal o económico sea vulnerado porque las medidas de urgencia para protegerlo estén en retardo.
Debo ser muy claro: es falso el dilema que contrapone la celeridad en la solución de las controversias a la calidad y pertinencia de los fallos. Al contrario. Los fallos pueden y deben ser prontos y estar bien construidos. La demora en la solución de los asuntos sometidos a nuestro conocimiento, atenta contra la dignidad de las personas, y nos priva de la seguridad jurídica indispensable para una convivencia pacífica, próspera y democrática. Como bien señaló en su momento el juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, doctor José Trías Monge: “la justicia tardía pierde el derecho a su nombre”.
Para enfrentar el flagelo de la mora judicial debemos hacernos cargo de las debilidades de gestión que hoy observamos y que impiden cumplir de manera oportuna nuestras funciones.
Al estudiar durante estos meses la forma en que organizamos nuestro trabajo, es posible afirmar que adolecemos de serios problemas en la distribución de la carga judicial, así como en la asignación de presupuesto para cada nivel del sistema.
Permítanme ilustrarlo con algunos datos.
En materia de carga individual de trabajo, observamos que mientras los jueces de primera instancia y de la Suprema Corte deben conocer anualmente en promedio 484 y 486 casos cada uno, este número disminuye en el caso de los jueces de paz y de cortes de apelación a tan solo 169 y 131 casos en promedio. Esta asimetría en la carga judicial se expresa asimismo en el número de plazas: los juzgados de paz poseen el 23% de las plazas del sistema, pero atienden solo el 14% de los casos. Los tribunales de primera instancia cuentan con el 44% de las plazas judiciales, pero deben atender el 74% de los nuevos ingresos. Las Cortes de Apelaciones representan un 31% de las plazas. Ellas atienden el 10% de los nuevos ingresos.
La inequidad en la distribución de la carga judicial también nos enfrenta a preguntas relacionadas con la eficiencia presupuestaria y de gasto. No parece razonable que, si nuestra principal tarea es el impartir justicia, la totalidad de nuestros tribunales accedan solo al 68% del presupuesto, mientras el Consejo del Poder Judicial, cuya función es de administración, recibe el 32% de este. Pero si avanzamos en el análisis, tampoco resulta razonable, por ejemplo, que los tribunales de primera instancia, que como hemos señalado atienden el 74% de los nuevos ingresos, reciban sólo el 29% del presupuesto. El presupuesto debe ser expresión de nuestros objetivos y nuestras prioridades.
La justicia es un derecho de las personas y su garantía es un ejercicio cotidiano que requiere dedicación, inteligencia y racionalidad en el uso de los recursos. Es por esa razón, y particularmente a la luz de los datos mostrados, que quiero afirmar hoy ante ustedes que la garantía de un servicio judicial oportuno y eficiente para la República Dominicana se ha establecido como nuestro primer y primordial eje de trabajo.
Cada uno de nosotros tiene que poner de su parte. En mi caso, he decidido atender personalmente los expedientes de mayor antigüedad pendientes de resolución ante la Suprema Corte de Justicia. Continuaré en el esfuerzo de reducir nuestro retardo tanto tiempo como sea necesario.
Buscaremos la distribución más equitativa y eficiente posible de la carga judicial. Para ello, avanzaremos en modalidades de administración judicial que hagan posible que nuestros magistrados de corte de apelación puedan resolver asuntos de primera instancia, sin perder su carácter de tales. Trabajaremos en mecanismos legales y justos que permitan distribuir la relación entre los jueces y la carga de trabajo. Organizaremos los horarios de las audiencias para respetar el tiempo de las personas que recurren a la justicia.
Asumiremos además el desafío de revisar nuestros procedimientos y prácticas. En una primera etapa, ha sido indispensable estudiar los procedimientos internos del Poder Judicial, algunos de ellos llenos de vericuetos y complicaciones innecesarias que son fuente de demora. La Suprema Corte Justicia se dispone, sin prisa demoledora y sin pausa recalcitrante, a reglar sus procedimientos internos para asegurar que conduzcan al establecimiento de estándares y usos que mejoren dicha situación.
Hace pocos meses, la Corte de Casación francesa, la decana del sistema de casación, sepultó los viejos estilos de redacción de sentencias. Recargadas de repeticiones y formalismos, esas usanzas no aportaban nada a la calidad del fallo. Hace tan solo algunas semanas, la Audiencia Provincial de Madrid regularizó la extensión y estilo de los escritos que se le presentan, algo que ya había hecho antes el Tribunal Supremo español. Es hora de nosotros movernos en la dirección que apuntan esas cortes y ajustar mejor los tiempos del Derecho, para acercarlos a los tiempos de los conflictos que estamos llamados a resolver. Y vamos a hacerlo. En una siguiente etapa, este trabajo permitirá identificar las reformas de procedimiento prioritarias. Las que deberemos someter a conocimiento y aprobación del Poder Legislativo, tarea en la cual estoy seguro contaremos con el apoyo decidido de éste. Sé que saldremos airosos de este empeño con el compromiso de cada una de las juezas y jueces del país.
Señoras y señores:
La planificación estratégica que hemos llevado a cabo, Visión Justicia 20/24, toca cada instancia de nuestro sistema. Aborda los distintos problemas que resultaron de un gran número de consultas con los usuarios y usuarias del sistema judicial. Su texto está a disposición de ustedes y del público en las diferentes plataformas digitales del Poder Judicial. El centro de nuestra atención está puesto en los objetivos y tareas que he reseñado. Para fortalecer nuestro rol y la capacidad de cumplirlo en beneficio de los derechos y la protección de las personas en nuestro país, este proceso de transformación requiere tiempo, continuidad y estabilidad.
Permítanme, con todo, una breve referencia a algunas cuestiones que son innegociables: Trabajaremos duro en responder a las necesidades del servicio de justicia y mejorar la confianza en sus operadores.
Nuestro pueblo es inteligente. Sabe que solo a través de jueces íntegros encontrará fallos justos. Las juezas y jueces tenemos la obligación de ser honorables y dedicados. Para proteger la honra y el trabajo y garantizar la probidad que sostiene la confianza en las instituciones de la República, debemos asumir que nuestra tarea en este campo es continua. Es un esfuerzo diario que no se detiene. Nuestra independencia como jueces no radica solo en la neutralidad de nuestras sentencias. Se nutre de nuestra conducta diaria, antes, durante y después del momento de dictar sentencia. Por eso, en los pasados meses hemos puesto punto final a prácticas incompatibles con las expectativas de conducta de los jueces: no más entrevistas individuales de partes con jueces que conocen un caso. No más accesos conjuntos de jueces, abogados y fiscales a las salas de audiencia que son los espacios solemnes de la justicia. Soy de la opinión, además, de que debemos hacer públicas las consultas y decisiones éticas y disciplinarias sobre actuaciones judiciales, e incluir estas en el expediente de cada jueza o juez.
Igualmente, la justicia debe asegurar la suplencia de jueces solamente por otros jueces. En República Dominicana los abogados deben ser abogados y los jueces, jueces. Recurrir a jueces interinos y suplentes procedentes de la abogacía en funciones, es anacrónico y peligroso. No se justifica en nuestro estado de desarrollo y está próximo a llegar a su fin.
Del mismo modo, entiendo que las instalaciones del Poder Judicial, las sedes judiciales, guardan directa relación con la actividad que discurre en ellas. No son ajenas a nuestro esfuerzo por proveer acceso a la justicia en condiciones libres y dignas. Es una garantía determinada en el bloque de constitucionalidad, que sostiene los derechos fundamentales, humanos y sociales de los estados democráticos. Es nuestro deber, en nombre de la República, garantizar el cumplimiento de dicha promesa. Con ese fin, reorganizaremos nuestras instalaciones. Doscientas diecinueve (219) a lo largo y ancho de nuestra patria, que, para optimizar su uso, y obtener el máximo provecho de ellas, requieren cambios en la perspectiva de su ordenamiento.
Sabemos bien que la protección en igualdad ante la ley demanda especial sensibilidad hacia quienes hoy son más vulnerables. En ese ámbito, la forma en que la violencia machista contra las mujeres se ha expresado en el país es injusta, barbárica e inaceptable. Aunque la solución integral del problema no está en nuestras manos, la tarea es asegurar que las víctimas de violencia de género encuentren en la justicia un espacio digno, protegido y sensible frente a su sufrimiento. Un espacio en el que se responda con la premura y el cuidado necesarios para evitar que el procedimiento se convierta en un calvario de revictimización y donde los victimarios enfrenten las consecuencias de sus actos.
Aseguraremos la existencia y acondicionamiento de Centros Especiales de Entrevistas para víctimas de violencia en materia de género, conocidos como Cámara Gessel, en cada departamento judicial. La Escuela Nacional de la Judicatura diseñará e implementará, a partir de este año, un programa nacional de entrenamiento y sensibilización para todo el personal administrativo y judicial llamado a intervenir en este tipo de casos. En colaboración con organizaciones nacionales e internacionales, asumimos el compromiso por reorientar la administración de justicia hacia un trato digno a las víctimas de violencia.
Probidad, trato digno y respeto inclusivo y preferencial por quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad deben ser tres conceptos que ordenen cotidianamente nuestra acción. Contamos para ello no solo con juezas y jueces de enorme calidad profesional y humana, sino además con la Escuela Nacional de la Judicatura. Un gran recurso de capacitación reconocido mundialmente que seguirá jugando un papel protagónico en la formación continua de servidores y usuarios siendo un recurso estratégico para avanzar en todas las tareas que he reseñado.
Al asumir la dirección del Poder Judicial de la República, me reencuentro con un sistema de administración de justicia fundado en cimientos fuertes. La justicia dominicana es tributaria de una tradición larga e ilustre. Santo Domingo tenía Real Audiencia desde 1511, cuando gran parte de nuestro continente era aún tierra desconocida para la cultura occidental. Fuimos incluso la sede del tribunal de apelación de Puerto Rico hasta 1800. Nuestra Suprema Corte de Justicia, heredera de esa Real Audiencia, tiene origen tan temprano como 1845. Las cámaras civiles y penales, el Tribunal de Tierras y los Juzgados de Paz provienen de la década de 1942. Tenemos historia y una vasta experiencia en el servicio de la justicia. No improvisamos.
A partir de 1998, antes que muchos otros países de la región… (óigase bien) nuestro Poder Judicial consolidó su independencia mediante un sistema de carrera judicial regulado por la ley y al margen de interferencias externas y decisiones políticas. Nuestras juezas y jueces son genuinos representantes de las diversas realidades socioeconómicas y culturales que dan forma a la vida nacional. En ellos se expresa el mérito y la inclusión que han de distinguir a los servidores públicos de cualquier Estado moderno. Los conozco bien. Tuve responsabilidad en su formación cuando fui director durante doce años de la Escuela Nacional de la Judicatura. Me he reunido durante estos meses con la inmensa mayoría de la judicatura. Puedo dar fe de su compromiso y excelencia. Disponemos de la mejor base para avanzar hacia la etapa siguiente de nuestro desarrollo judicial. Por lo mismo, en esta crucial coyuntura, debo convocar a nuestras juezas y jueces en dos sentidos fundamentales:
Les llamo a actuar con rigor al enfrentar maniobras dilatorias injustificadas y reclamaciones carentes de fundamento. ¡Que no les tiemble el pulso! Erradiquemos estas prácticas, pues son un virus que distrae fuerzas y atención de la tarea de administrar justicia bien servida. La garantía de integridad que las personas esperan es que seamos jueces y juezas apegados al Derecho. Comprendamos de una vez, no es el interés de unos pocos intervinientes el que defendemos, sino el interés superior de la justicia.
Me atrevo a pedirles, además, conociéndoles bien, extremar su dedicación y sacrificio en el servicio de la Justicia. El destino de ella, así como el respeto y confianza de nuestra patria, reposan hoy sobre nuestros hombros. Enfrentar la mora judicial, garantizar la dignidad en el trato a quienes desde su vulnerabilidad acuden en busca de justicia y preservar la integridad de juezas y jueces, es un desafío que hoy recae sobre nosotros. Como en tantas ocasiones, tendremos que trabajar más allá de horarios y agendas predefinidas. Muy por sobre lo que legalmente estamos obligados a hacer. Es necesario. La República y su gente así lo requieren con urgencia.
Sean mis palabras finales para quienes representan el sentido de nuestra existencia: las dominicanas y dominicanos que confían sus libertades y su patrimonio a quienes servimos la justicia. Comprendo sus dudas y cuestionamientos. ¿Cómo no desesperar cuando la reparación del daño, la protección de la vida, la honra o el resguardo de la propiedad tardan tanto? ¿Cómo confiar en procedimientos y en resoluciones que no son bien explicadas ni armonizadas en el criterio de los magistrados y magistradas?
Con humildad, pero también con la responsabilidad que supone hacerlo en nombre de la República y en representación de este grupo excepcionalmente formado y trabajador de las mujeres y los hombres que integran nuestro Poder Judicial, les pido a todos ustedes su confianza y apoyo para lograr la transformación de la justicia dominicana. Para proteger las garantías y libertades que la Constitución y las leyes han reconocido a cada hija e hijo de esta tierra, así como a quienes han hecho de ella su hogar.
Es posible asegurar un sistema de justicia con certeza jurídica para hacer posible la convivencia pacífica y el desarrollo económico. Llevar acceso digno a las distintas instalaciones, con respuesta pronta a quienes requieren servicios eficientes. Es nuestro compromiso asegurar una justicia a la altura de las necesidades del país. Nuestro esfuerzo y responsabilidad es honrar la voluntad de gente solidaria y con derecho a ser feliz, que merece una justicia de calidad, íntegra y equitativa. Con el respaldo y la buena voluntad de nuestro pueblo. Con probidad y dedicación, con sentido de urgencia, debo decir, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA, QUE VAMOS A LOGRARLO.
Muchas gracias.
