“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
Siempre me ha llamado la atención lo sucinto de este primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cómo, en apenas dos líneas, se define tanto sobre las reglas de juego para el mundo moderno y se sintetizan tantas décadas y siglos de luchas y sacrificios por la dignidad humana.
La II Guerra Mundial trajo la muerte de decenas de millones de personas, pero otros cientos de millones vivieron la tragedia del dolor, el hambre y la persecución, fruto de ejercicios desenfrenados de poder y del desconocimiento de los derechos de las personas; el de la libertad, por ejemplo. La consternación de la humanidad por aquellos horrores llevó al liderazgo de la comunidad internacional a proclamar el 10 de diciembre de 1848 esta carta que enarbola que todo ser humano nace libre y en igualdad de derechos.
Daba así el concierto de naciones un paso hacia adelante en la consolidación, quizás lenta y zigzagueante pero progresiva, del contrato social que definió Rousseau, concebido en él como la base de toda sociedad.
Son conquistas que debemos celebrar, pero no asumiendo un espíritu conformista, sino mirando hacia adelante los pasos que debemos dar, con firme propósito de reafirmación y consolidación.
Porque, sin dudas, la Asamblea General de las Naciones Unidas impregna amplitud de alcance y cohesión a aquella proclamación de los Derechos del Hombre, surgida en Francia en 1789, como respuesta a una tradición de opresión, de monarquías absolutistas y separación de los seres humanos en clases y categorías.
En la Declaración de los Derechos Humanos, vemos establecido el principio de igualdad ante la ley, del que todo Poder Judicial debe ser garante. “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”, proclama el artículo 7, mientras los subsiguientes consagran otros derechos relacionados en más detalle con la justicia.
La Visión Justicia 20/24, que enarbola el Poder Judicial y que me honra presidir, se soporta sobre tres ejes estratégicos, siendo el primero de ellos el de “Justicia para Todas y Todos”, que en términos de nuestra función implica crear los medios y mecanismos para que esa protección y ese acceso igualitario se materialicen, adelantándonos a prever y mitigar cualquier barrera, limitación, precondición o dificultad que se interponga entre la administración de justicia y los usuarios.
Pero esta es una responsabilidad compartida con todos aquellos quienes forman parte o interactúan con el sistema judicial. Siempre insisto en que el Derecho requiere un profundo nivel de conciencia sobre los derechos ciudadanos y representa una entidad viva de lucha democrática que pone en el centro a la sociedad y a las personas.
En esta semana que concluye, el pasado martes 10, se cumplieron ya 71 años de esa legítima y siempre vigente Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es ocasión para celebrar. Celebrar los avances de nuestro mundo en libertades públicas y derechos individuales, respecto de aquella convulsa década de 1940. Pero es, a la vez, un llamado a elevar permanentemente aquella proclama y nuestra propia Constitución, ante los desafíos y amenazas persistentes y ante aquellos que se suman con los tiempos actuales.
