En lo que respecta al establecimiento y vigencia de un estado democrático y social de derecho, en República Dominicana la prevalencia de la ilegalidad en múltiples ámbitos de la vida social, económica e institucional así como la cultura de justificación de la ilegalidad que la acompaña constituyen problemas fundamentales a resolver.
Se ha extendido la tolerancia frente al incumplimiento habitual y sistemático de las leyes en relación con el cual hemos ido elaborando excusas, justificaciones y tal grado de tolerancia que hemos otorgado a dicho comportamiento una especie de aceptación social silenciosa.
Una política pública de legalidad democrática debe estar orientada a incrementar el acceso a la justicia y la confianza en las instancias responsables de la administración de justicia, pero también a la reducción de la impunidad (eficacia) y al aumento de la eficiencia en los procesos abiertos en el sistema de administración de justicia.
Una administración de justicia más eficiente y eficaz requiere datos más precisos sobre cada proceso e incidente abierto en cualquiera de las instancias del sistema de administración de justicia.
Necesitamos datos e indicadores que tengan la cualidad de la trazabilidad, de modo que se pueda dar seguimiento a un caso desde la entrada, a través de la instancia policial, hasta las salidas desde el Poder Judicial o el sistema penitenciario; así sabremos si la impunidad ha aumentado o no. Es imprescindible saber cuántas acusaciones hace el Ministerio Público por los delitos graves, cuántas sentencias dictan los jueces.
Necesitamos saber cuántos homicidios, delitos y contravenciones se cometen y cuántos se castigan. Solo con un sistema de información que abarque todas las instancias y con datos trazables y equiparables que permitan el seguimiento y la evaluación podremos mejorar la gestión de la seguridad ciudadana y avanzaremos hacia la legalidad democrática.
Publicado en Santo Domingo, fecha 24 de Marzo 2011, ver publicación en artículo del periódico
