“Prefiero los sueños del futuro a las historias del pasado”, decía Thomas Jefferson. Y así nos ha puesto el presente a todas y todos: de cara al futuro. Con problemas serios, pérdidas dolorosas y la necesidad de resistir. Pero con la oportunidad invaluable de mirar al porvenir con los sueños en la mano.
El Informe de la Cumbre Judicial Iberoamericana, titulado “El COVID19 y la administración de justicia iberoamericana” presenta un recorrido por la realidad particular de los sistemas de justicia desde la mencionada fecha. El documento explora el modo en que los poderes judiciales fueron respondiendo a la situación de contingencia. Destaca las modificaciones en los servicios de la Justicia, que en la mayoría de los estados se vio forzada al cierre de los tribunales, a la suspensión de plazos procesales, así como al establecimiento de servicios mínimos que garantizaran la tutela judicial efectiva. Para poder atender las necesidades se diseñaron sistemas complejos para dar continuidad a la prestación de servicios de justicia.
Las normativas más comunes para implementar las modalidades especiales de servicio han sido reglamentos, comunicados, acuerdos, resoluciones y circulares. El cuidado de las garantías de derechos ha sido una prioridad común entre todos los poderes judiciales.
La operación en la región iberoamericana se mantuvo sobre todo en temas penales, para la violencia contra la mujer, delitos flagrantes, control penitenciario y enjuiciamientos urgentes. Se mantuvieron también, en distintas modalidades, los servicios registrales y notariales.
El informe reporta que los países presentan pocos casos donde la sociedad se manifestara contraria al modo de respuesta. Resalta que “entre las profesiones jurídicas, la situación es diferente y se han podido observar vivas reacciones por parte, por ejemplo, de abogados que reclaman una reactivación urgente de la justicia y que valoran, no siempre positivamente, las medidas telemáticas implantadas hasta ahora. Ello se ha mostrado claramente respecto de las audiencias virtuales que, por un lado, han sido acogidas muy favorablemente por la mayoría de los abogados que, por otra parte, han subrayados los riesgos asumidos y las necesidades de una adaptación eficaz.”
Continúo citando el informe de la Cumbre Judicial Iberoamericana, para destacar algunos rasgos: “La urgencia de la necesaria respuesta, la falta de experiencia, medios, y la ausencia de planes de contingencia, han constituido toda una prueba de esfuerzo institucional, especialmente en lo tocante al proceso de toma de decisiones y su eficacia”.
El Plan de Continuidad de las labores, estableció tres fases ordenadas y paulatinas: inicial, intermedia y avanzada. En la resolución 004-2020 del 19 de mayo de 2020, el Consejo del Poder Judicial definía y protocolizaba la continuidad de labores tras la declaratoria de emergencia por la pandemia del Covid19. Dicho documento de política judicial estableció el modo en que debía operar el sistema de justicia hasta tanto fuera concluida la fase avanzada del Plan de continuidad, que tenía como finalidad la vuelta del personal a “la nueva normalidad de los servicios judiciales y todos los órganos administrativos”.
Esta etapa está supuesta a iniciar el próximo 1ro de octubre de 2020, contemplando la ampliación de los servicios presenciales en las sedes de todo el país y la puesta en marcha de nuevos servicios virtuales a través del portal Servicio Judicial.
A partir del 1ro de octubre, 146 sedes en todos los departamentos judiciales operarán racionalizando sus recursos en virtud de las posibilidades del espacio físico y las condiciones de seguridad sanitaria (el distanciamiento físico requerido por el protocolo de prevención). Algunas sedes que no cuentan con las condiciones necesarias no podrán operar en modalidad 100% presencial, por lo que atenderán los procesos en las oficinas adecuadas dentro de su mismo distrito judicial.
La nueva normalidad combina los servicios presenciales y virtuales y racionaliza la distribución de los recursos para mejorar la administración de justicia. Lo hace tomando en cuenta factores de infraestructura, espacio físico, posibilidades logísticas y disposición de condiciones sanitarias. En cualquier caso, se dispone con la posibilidad de avanzar y ampliar el servicio presencial tomando en cuenta la delicada situación que vivimos.
Se contemplan mecanismos para reducir el riesgo de contagio basado en los aprendizajes acumulados hasta hoy. Sin embargo, estos deben ser revisados y administrados de manera consciente y cuidadosa.
El carácter contingente de las medidas tomadas ante Covid19 no debe llevarnos a dudar sobre sus ventajas. Todo lo logrado ha sido una oportunidad de avance. Se han adecuado las estructuras para la respuesta más efectiva y eficiente. Para poner en relieve uno de los aspectos, cito al presidente del Tribunal Constitucional de la Republica, Dr. Milton Ray Guevara, en su conferencia "Desafíos del control jurisdiccional de la constitucionalidad a propósito de la declaratoria de Estado de Emergencia: aproximación al caso dominicano.” El magistrado Ray Guevara sostuvo: “la transparencia es una de las grandes ventajas que aporta el modelo de justicia virtual, ya que es posible monitorear o auditar las actuaciones de los distintos actores y detectar eventuales fraudes, además de favorecer las estadísticas judiciales al estar todas las actuaciones en una base de datos.”
Otro elemento a resaltar es el avance en la construcción de una cultura de teletrabajo, potenciando el desarrollo de destrezas que han permitido al personal mejorar su impacto al tiempo que protegen su salud. También la adecuación tecnológica de los centros de entrevistas para personal en situación de vulnerabilidad y su fortalecimiento, que ahora incluye a mujeres víctimas de violencia machista. Ambos aspectos continuarán siendo empujados por la transformación.
El proceso que acaba de transitar el Poder Judicial ha instituido un efectivo liderazgo en el servicio y una cultura de trabajo basada en resultados. Aumentando así los niveles de respuesta, fiscalización, transparencia y la capacidad de monitoreo de la situación de los tribunales, para atender a los problemas jurisdiccionales y de gestión que tradicionalmente han afectado a la justicia. El rol de los jueces coordinadores tiene gran impacto en la eficiencia y calidad del sistema, pues gestionan las necesidades en cada departamento buscando la unificación de criterios y recomendando ajustes en la operación de los tribunales para beneficio de las abogadas y abogados.
Quiero concluir esta reflexión con una frase de Françoise Sagan: solo cerrando las puertas detrás de uno se abren las ventanas hacia el porvenir. Continuamos trabajando por una Justicia más oportuna, integra y abierta. Su avance integral verá frutos en la mejora de la convivencia.
