Cátedra Dr. Manuel Bergés Chupany
5ta Edición Dedicada al Dr. Rafael Luciano Pichardo
Auditorio Universidad Católica de Santo Domingo
Miércoles 18 de junio de 2025
Magistrado juez presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estevez Lavandier.
Honorable magistrado, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, presidente del Tribunal Superior Electoral.
Honorables magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia, así como los jueces que integran el Poder Judicial.
Reverendo Padre, Dr. José Luis De La Cruz, rector magnífico de la Universidad Cátolica de Santo Domingo.
Licenciado, Gustavo De Los Santos Coll, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Cátolica de Santo Domingo.
De igual manera, saludo con estima a la señora Katy Joa de Estévez y a mi amada esposa, Paola Roa.
Distinguidas autoridades, colegas, estudiantes, amigas y amigos
Me honra profundamente participar en esta quinta edición de la Cátedra Dr. Manuel Bergés Chupany, una iniciativa admirable del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. En ella se ha generado un espacio vital de pensamiento, reflexión y homenaje al legado de figuras fundamentales para nuestra institucionalidad jurídica. Agradezco al magistrado juez presidente Napoleón Estévez Lavandier por su invitación, y por mantener este espacio de pensamiento, homenaje y conciencia.
Me siento como en casa, porque esta cátedra Berges Chupany lleva el nombre de uno de los nuestros. Una persona ética, un juez presidente de la Suprema Corte de Justicia que tuvo la dignidad del cargo. Cuando me desempeñé como director de la Escuela Nacional de la Judicatura tuve el honor de acompañar al juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Jorge Subero Isa, de entregarle el título deprofesor honorario, la mayor distinción que otorga la institución. También fue el presidente del Comité del Primer Concurso Nacional de ensayos judiciales para jueces, en el año 2000.
Me siento más a gusto todavía, porque esta edición, que se dedica a la memoria del doctor Rafael Luciano Pichardo, nos convoca a reflexionar sobre el sentido ético del ejercicio judicial.
Fue un jurista brillante, constitucionalista y ciudadano ejemplar. El magistrado Luciano Pichardo hizo aportes sustantivos al Derecho Civil dominicano. Fue primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia, presidió la Primera Sala, y lo hizo siempre con una claridad serena que inspiró respeto dentro y fuera del sistema judicial. El propio juez presidente, Dr. Jorge Subero Isa, lo definió como la mente más preclara de la Suprema Corte de Justicia.
Y aquí hay una verdad sencilla, pero profunda: lo que verdaderamente legitima una autoridad no es la toga, ni el cargo, ni el protocolo, tampoco los aplausos. Es la coherencia entre lo que se dice, lo que se decide… y lo que representa.
Amenazas actuales (riesgos del populismo y los déficit de confianza)
El tema que nos reúne —la ética judicial— no puede ser más pertinente. En tiempos de desconfianza, de discursos simplificadores, de amenazas autoritarias al Estado de Derecho, se hace necesario y urgente reivindicar los pilares que hacen legítimo nuestro trabajo.
Hoy, hace falta levantar todos los espacios democráticos y reivindicar su naturaleza y su carácter para enfrentar los nuevos populismos fascistas de izquierda y de derecha. Entonces, la ética debe ser una práctica viva, no una virtud decorativa. Debe ser medular en toda institución que aspira a sostener la democracia.
Como señala Rodolfo Vigo, la ética judicial es mucho más que el cumplimiento del deber legal. Es un compromiso con la verdad, la imparcialidad, la integridad personal. Es la voluntad de renunciar a cualquier forma de privilegio o favoritismo. Es, en definitiva, saber que juzgamos vidas ajenas. Eso supone una gran responsabilidad.
La historia de la justicia dominicana ha sido de transición, como en toda América Latina. Venimos de un pasado de justicia autoritaria, jerárquica, opaca, heredada de la colonia. Una justicia que servía al poder más que al derecho, que consolidaba privilegios más que garantizar libertades. Pero paso a paso, con el aporte de generaciones, hemos ido avanzando hacia una justicia democrática: una justicia centrada en la persona, orientada al servicio, aliada de los derechos, abierta a la sociedad.
Obviamente, esa transición no ha sido automática ni uniforme. Ha sido el fruto de generaciones de jueces y juezas, de académicos, de servidores judiciales, de líderes sociales y políticos que han empujado, desde distintos frentes, hacia un modelo institucional más digno y más cercano. Y entre esos nombres, el de Rafael Luciano Pichardo, Papi Luciano.
Su legado alimenta precisamente lo que hoy necesitamos fortalecer: una ética judicial que no dependa del temor a la sanción, sino del compromiso con el ideal de justicia. Que no sea impuesta desde fuera, sino cultivada desde dentro. Que no se limite al cumplimiento de un código, sino que impregne cada decisión, cada voto, cada audiencia, cada acto administrativo.
Esa es en esencia la justicia por la que trabajamos, que se sintetiza en tres dimensiones fundamentales: justicia ágil, transparente y centrada en las personas. Es una evolución heredera de la Cumbre Judicial de 2006, celebrada en Santo Domingo y cerró un ciclo de 20 años de maduración en la reciente Cumbre, realizada aquí el pasado mes de mayo de 2025.
En el Poder Judicial dominicano hemos asumido esa tarea como una prioridad. Por eso hemos institucionalizado políticas de integridad: el código de ética, comisiones de seguimiento, espacios de formación, canales de denuncia, guías prácticas, criterios objetivos de promoción y evaluación. Hemos impulsado una cultura organizacional donde la ética es un criterio de desempeño.
De hecho, esto se expresa en la cultura del proceso de Mudanza Digital del Distrito Nacional, donde el 91% de los trámites ya se hace a través del portal de acceso digital. Y esto, sin duda, es un golpe a la lentitud burocrática. Esas 13 mil personas son profesionales del derecho, que hoy resuelven los tramites sin dilación, sin filas extensas y sin necesidad de trasladarse físicamente.
Pero su verdadero significado responde a esa mencionada ética de la justicia: la convicción de que no basta con que el servicio exista, debe estar al alcance de todas las personas, sin barreras. Implica repensar cómo entendemos la dignidad procesal, el acceso efectivo, y la rendición de cuentas como compromisos institucionales ineludibles.
Este proceso es heredero crítico de reformas anteriores y se apoya en una tradición de esfuerzos por acercar el derecho a la dignidad humana. Reconoce el valor de lo construido, pero no se conforma con repetirlo. Sobre los hombros de los jueces presidentes Jorge Subero Isa y Mariano Germán Mejía avanzó esta transformación. Pido un aplauso para ambos.
En el año 2006, en nuestro país, en la Cumbre Judicial Iberoamericana, se aprobó el primer Código Iberoamericano de Comportamiento ético. Ese mismo año se aprobó por primera vez el Código de Ética de nuestro Poder Judicial. Esto abrió el camino a la incorporación de la República Dominicana a la Comisión Iberoamericana de Ética, representada primero por el magistrado Justiniano Montero y actualmente por la magistrada Pilar Jiménez.
Les aseguro que, en el Poder Judicial de la República Dominicana, trabajamos por una ética de la responsabilidad pública, del acceso igualitario y del compromiso transformador con las personas. Esta transformación busca ser integral, cultural y profundamente republicana. Un compromiso por la justicia como servicio público esencial. Por una justicia al día, que respeta el tiempo y la dignidad de las personas. Porque una justicia transparente, tiene la obligación moral de rendir cuentas ante la sociedad.
Compromiso y logros con la persona en el centro
Como recordaba el jurista y expresidente chileno Patricio Aylwin, la justicia encuentra su sentido cuando se guía por principios, no por intereses. Cuando responde al ideal democrático y se pone al servicio de la ciudadanía. Una justicia con ética transforma, humaniza y da sentido al sistema. Es cimiento de ciudadanía y garantía de derechos. Por eso hemos articulado esta transformación sobre seis compromisos éticos que sostienen su legitimidad:
En primer lugar, una Ética del acceso, que no es un ideal, es un derecho.
Una ética del precedente. Pues una buena jurisprudencia enseña, orienta y protege.
Una ética del tiempo. Porque acelerar los procesos es una forma concreta de respetar a las personas y reconocer su dignidad.
También una ética de la palabra. Porque las decisiones deben ser claras y comprensibles.
Nos mueve también una ética organizacional, en donde laintegridad es el fundamento de la confianza pública.
Finalmente, dentro de la transformación se respira también una ética política, porque actuamos conscientes de que la justicia es un actor democrático. Su compromiso con el Estado de Derecho es una forma activa de proteger la libertad y la igualdad.
Desde esta lógica, el juez o la jueza no son solo intérpretes de la ley, sino también educadores cívicos. Por eso, el Poder Judicial ha asumido una vocería pública serena, institucional y cercana. Ha rendido cuentas, ha defendido su independencia y ha contribuido a elevar el debate democrático.
Y es que esta ética judicial transformadora, es su causa y horizonte. Ha motivado el diseño de políticas, guiado decisiones, orientado la inclusión de herramientas digitales, inspirado discursos y reformado instituciones.
El Manual de Ética Judicial, elaborado por el magistrado Justiniano Montero, ya se proyecta como referente regional y que será adoptado como base conceptual común para toda Iberoamérica.
Su publicación representa el inicio de una nueva etapa de liderazgo ético del Poder Judicial dominicano en el plano internacional, y reafirma el rol pionero de la Escuela Nacional de la Judicatura.
Hoy, el reto es mayor. Tras la actualización del Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia ha asumido su implementación como responsabilidad directa. Liderará la activación de Comisiones Regionales de Ética Judicial, promoverá buenas prácticas en todo el sistema e incidirá en el comportamiento de los actores procesales.
El Poder Judicial no es solo el guardián de la ley. Busca ser garante de esa esperanza democrática del pueblo dominicano.
Así que, servir a la democracia es una razón de ser de la Justicia.
Esa comprensión del sistema judicial como ente eminentemente social, ético y político supone hacer una distinción consciente de que la ética se construye. Se forma. Se cultiva. Y ahí radica uno de nuestros grandes desafíos: formar generaciones de jueces, juezas y servidores judiciales que comprendan su rol como un servicio público que exige integridad. Porque una justicia sin ética jamás será legítima.
Y en el caso de los poderes judiciales, la legitimidad se gana con eficiencia, transparencia, con acceso, con imparcialidad, con integridad. Se gana cuando el ciudadano o la ciudadana sienten que fueron escuchados, que su caso fue tomado en serio, que la ley se aplicó sin miedo ni favoritismos.
Hoy, que rendimos homenaje a dos gigantes de la justicia —Manuel Bergés Chupany y Rafael Luciano Pichardo— reafirmamos nuestro compromiso con ese horizonte: la legitimidad que se logra por la confianza que inspiramos.
Una justicia que sepa escuchar antes de decidir, que sepa explicar después de decidir y que actúe siempre con la altura que exige una ciudadanía que ya no tolera la indiferencia ni la impunidad. Porque el prestigio del juez proviene del modo en que sirve a las personas con respeto, claridad y firmeza.
Las corrientes populistas que hoy reclaman la elección de la judicatura por las urnas representan un gran riesgo. Pero también son una alerta democrática, pues nos recuerdan la importancia de una función judicial que rinde cuentas. Pues los jueces no se deben a sí mismos, se deben a las reglas del Estado de Derecho y sobre todo a la sociedad.
Durante mucho tiempo se ha entendido que la justicia vive de espaldas a la sociedad o encima de ella, por eso el autoritarismo aprovecha debilidades que son de forma y las convierte en riesgos de fondo.
La falta de comprensión de la justicia, su lentitud, las decisiones erráticas son carencias que el sistema y la sociedad perciben como falta de legitimidad. Debilidades que ponen en riesgo el Estado de Derecho y la democracia. Y en ese tránsito es necesario recordar que, en lo sustantivo, las sentencias deben ser contundentes no por hacer galas de conocimiento, sino por su contenido, calidad y claridad.
La trazabilidad del sistema de justicia debe contemplar el precedente y su función de regulación del Derecho, así como, en cuanto al tiempo, en torno a los plazos procesales. Deben poder ser comprendidas en un lenguaje claro por cualquier persona. Que la sociedad entienda las decisiones sobre sus derechos como parte de la ética judicial.
Y habrá quien pregunte, ¿cómo respondemos a las propuestas como la elección popular de jueces?, yo le voy a responder: con transparencia, rendición de cuentas y apertura. Igualmente, el sistema de carrera (la organización y funcionamiento del Poder Judicial) es un elemento de vital importancia para preservar la institucionalidad democrática.
La legitimidad de una función estatal es una responsabilidad enorme. Supone un fuerte compromiso y la comprensión del alcance del propio rol y de su co-relación en la construcción conjunta de la nación. No debe construirse a partir del desmedro de otra institución o función pública, sino a partir del conocimiento de los vacíos y necesidades reales del sistema.
Esa es la ética institucional que debe guiar a los poderes del Estado
y a los organismos llamados a ejercer el control de legalidad y constitucionalidad. Porque cuando una función se legitima debilitando a otra, se erosiona la arquitectura misma del Estado de Derecho.
Es evidente que debe haber un diálogo Inter-institucional. Es necesario y se produce en la jurisprudencia, que contrapone interpretaciones de las leyes. Los poderes no deben asumir un juego mediático de debilitamiento, sino que deben fortalecer el intercambio consciente de la fragilidad de ese diálogo democrático. Pues la imposición de políticas que pudieran vulnerar la independencia supone someter a las personas al peso de una autoridad que solo encuentra legitimidad en su llamado institucional, en su vocación democrática.
Es importante tener en cuenta que los riesgos para la democracia y la fortaleza institucional no siempre vienen de fuera. A veces se incuban dentro del propio sistema, cuando normalizamos prácticas que vacían de contenido la ética judicial, cuando permitimos que la comodidad institucional suplante la vocación de servicio o cuando se cede, por cálculo o conveniencia, ante presiones políticas o mediáticas.
La defensa del Estado de Derecho comienza por casa: exige mirar hacia adentro con honestidad, prevenir la captura institucional, abstenerse de las lógicas clientelares y populistas que erosionan las defensas del sistema y asumir con coraje que no hay neutralidad posible frente a los valores democráticos, porque tiene consecuencias reales.
La ética judicial, por tanto, no es un adorno del sistema: es su columna vertebral. Sin ella, todo se convierte en simulacro. Con ella, todo cobra sentido.
La ética es una brújula que orienta la ruta, la mística, es la fuerza que impulsa ese rumbo. Y en la justicia, esa mística es vital: porque si perdemos el sentido de por qué hacemos lo que hacemos, hay riesgo de deshumanizarnos.
A quienes hoy nos escuchan, especialmente a las nuevas generaciones de juristas, quiero decirles esto: no teman a la exigencia ética. No la sientan como una carga sino como un faro al que seguir. Recuerden siempre que la justicia no es sólo una profesión, es una misión. Y que la autoridad que importa no es la que se impone, sino la que se gana.
Que el ejemplo del doctor Rafael Luciano Pichardo les inspire a vivir el Derecho como una vocación de servicio, como una forma de dignidad, como una herramienta de transformación. Y que el espíritu de esta cátedra nos ayude a seguir consolidando una justicia más humana, más transparente y más confiable.
Agradezco profundamente al Tribunal Constitucional por mantener viva esta tradición. Por continuar impulsando la formación jurídica a través de esta cátedra. Y reitero mi admiración y respeto por el legado del doctor Luciano Pichardo.
La justicia al día no es una aspiración vacía. En su raíz más profunda es una exigencia ética. Porque allí donde se elimina el retardo se confirma el valor de las personas, el respeto de su tiempo. Donde se garantiza el acceso se dignifica a quienes quedaron al margen. Y donde hay transparencia se construye confianza y se honra la verdad.
Estos tres pilares no solo configuran un buen servicio de justicia. La búsqueda de una justicia al día, que sostiene la libertad, la igualdad y la solidaridad es un impulso a la cohesión social y la esperanza democrática.
Honremos a Luciano Pichardo con una justicia donde la integridad sea la norma. Donde su fortaleza sea la claridad. Así ganaremos la única autoridad que perdura: la confianza ciudadana. Por eso trabajamos para poner la dignidad de las personas en el centro del accionar judicial.
Muchísimas gracias.
