Hay momentos en los que el trabajo institucional deja de ser una suma de esfuerzos aislados y empieza a percibirse como un proceso colectivo, con dirección, sentido y propósito compartido. La Conferencia del Poder Judicial 2026 fue, para mí, uno de esos momentos. La transformación de la justicia dominicana ya es una realidad en marcha.
Durante varios días, la Conferencia se convirtió en un espacio vivo de intercambio, reflexión y construcción conjunta. Alcanzamos un total de 71 actividades, organizadas en torno a ejes que hoy son centrales para el presente y el futuro de la justicia: Bootcamp, Justicia del Futuro, Optimización del Proceso Penal, Reformas estructurales, Mejores prácticas y Justicia Abierta. Cada uno de estos espacios permitió contrastar ideas, compartir experiencias y, sobre todo, identificar caminos concretos de mejora.
A lo largo de estas jornadas contamos con la asistencia de más de 6,000 personas. Participaron además 68 expositores internacionales de 21 países, junto a delegaciones de 10 presidentes de poderes judiciales. Esta diversidad va más allá de un indicador de convocatoria; es una condición clave para aprender, comparar y acelerar nuestros propios procesos de transformación. La justicia, en el mundo contemporáneo, se construye también desde el diálogo entre sistemas, culturas jurídicas y experiencias institucionales distintas.
Lo que verdaderamente marcó esta Conferencia fue su capacidad de aterrizar las discusiones en la práctica, por encima de las cifras. En el ámbito de la Optimización del Proceso Penal, se evidenció con claridad que los mecanismos alternativos de resolución de conflictos son una herramienta efectiva para lograr respuestas más ágiles y oportunas. La posibilidad de alcanzar acuerdos entre las partes, incluso en situaciones complejas, confirma que es posible avanzar hacia una justicia más eficiente, con pleno respeto a las garantías. Incluso pudimos observar cómo estos mecanismos se aplican en la práctica, confirmando su impacto real en la resolución de casos.
En esa misma línea, se hizo evidente que la eficiencia del sistema de justicia no depende únicamente de reformas normativas. Requiere nuevas formas de gestionar los conflictos, optimizar recursos y reducir cargas innecesarias. Esto responde a una responsabilidad institucional clara frente a la ciudadanía.
Otro de los espacios que dejó reflexiones profundas fue el dedicado a la ética judicial. A veinte años de los marcos iberoamericanos en la materia, surgió una coincidencia clara: la ética judicial también debe evolucionar. Hoy enfrentamos desafíos que no existían hace dos décadas, en un contexto atravesado por la tecnología, la digitalización y nuevas formas de interacción social. El reto es asegurar que esos principios sigan siendo válidos y útiles en un entorno que cambia rápidamente, fortaleciendo su capacidad de orientar la función judicial.
Precisamente, la tecnología y la inteligencia artificial ocuparon un lugar central en la Conferencia. La tecnología no sustituye al juez, pero redefine el entorno en el que decide. Su incorporación permite optimizar procesos, mejorar la eficiencia y ampliar el acceso a la justicia. El desafío es también organizacional y cultural: implica repensar cómo se produce, se gestiona y se ofrece el servicio de justicia, integrando nuevas herramientas sin perder su esencia humana.
En paralelo, el enfoque en justicia abierta aportó una dimensión fundamental: la legitimidad. La transparencia, la rendición de cuentas y la apertura fortalecen la confianza ciudadana. Una justicia que se muestra, que explica sus decisiones y que permite el escrutinio público consolida su base democrática y su cercanía con la sociedad.
Las discusiones sobre reformas estructurales también apuntaron en una dirección clara. El objetivo es simplificar la experiencia de las personas dentro del sistema judicial. Cada reforma debe traducirse en procesos más accesibles, comprensibles y eficientes para quienes acuden a la justicia. Ese es el estándar con el que debemos evaluar cada cambio que impulsamos.
En medio de estas reflexiones, hubo un dato que apareció de manera recurrente y que merece una mención especial. Coincidimos en la importancia que tiene que, en la más reciente edición del Índice de Estado de Derecho, la República Dominicana haya sido el país con mayor crecimiento entre 143 naciones, en contraste con la tendencia de retroceso observada en la mayoría de los países. Este reconocimiento internacional refleja el esfuerzo conjunto de nuestras instituciones y el compromiso sostenido con la mejora del sistema de justicia. Es un avance significativo que, al mismo tiempo, nos compromete a seguir profundizando en la mejora continua.
Al hacer este balance, tengo la convicción de que la Conferencia marcó un punto de inflexión. La verdadera transformación ocurre en la práctica diaria de la justicia, más allá de los eventos. Lo que allí se discutió y se compartió debe traducirse en acciones concretas en cada tribunal, en cada proceso y en cada decisión.
Si algo dejó claro esta edición es que estamos ante un proceso que ya ha adquirido una dimensión colectiva. La reforma judicial es un patrimonio compartido, construido entre todos y al servicio de todos los dominicanos.
Por eso, el desafío es claro: seguir adelante. Debemos consolidar lo logrado, ampliar su alcance y asegurar su continuidad. Porque lo que está en juego es la garantía efectiva de derechos y la confianza de la ciudadanía.
Ese es el verdadero sentido de todo lo que hemos construido en la Conferencia del Poder Judicial 2026. Y ese es también el compromiso que asumimos: seguir avanzando, sin pausas, hacia una justicia cada vez más cercana, más eficiente y más digna. Porque cuando la justicia avanza, también se fortalece la democracia.
La Conferencia del Poder Judicial 2026 en fotos
