La justicia penal enfrenta un desafío estructural: el crecimiento sostenido de los casos que avanzan hasta juicio de fondo exige perfeccionar la forma en que gestionamos el sistema. No se trata de una crisis institucional, sino de un ajuste necesario para garantizar eficiencia, coherencia y sostenibilidad.
Hablar con claridad sobre estos retos no debilita la justicia; la fortalece. La transparencia en el diagnóstico es condición de legitimidad democrática. Hoy tenemos la oportunidad de consolidar prácticas que hagan el sistema más ágil, más previsible y más centrado en las personas.
El modelo acusatorio adversarial descansa en una premisa esencial: el juicio oral es la excepción, no la regla. En sistemas adversariales eficientes, como el de Estados Unidos, la mayoría de los casos se resuelve mediante acuerdos bajo estricto control judicial. El juicio se reserva para asuntos complejos o especialmente controvertidos. Ningún sistema puede sostener que todos los casos lleguen a debate pleno sin afectar su capacidad de respuesta.
Cuando un proceso penal se prolonga innecesariamente, la respuesta pierde oportunidad. Las víctimas esperan reparación; los imputados viven bajo incertidumbre; la sociedad requiere certeza. La justicia tardía erosiona confianza. La justicia oportuna fortalece el Estado de derecho.
La dimensión del desafío es clara. Cada año se judicializan alrededor de 36,000 procesos penales, pero los tribunales deben responder a más de 200,000 solicitudes asociadas a esos casos. Esta presión operativa impacta tiempos y recursos. Gestionar racionalmente el sistema no es una opción técnica: es una responsabilidad institucional.
La comparación internacional es reveladora. En sistemas acusatorios consolidados más del 90% de los conflictos se resuelve mediante mecanismos de terminación anticipada. En nuestra realidad, los acuerdos no superan el 10%. Esta brecha revela una herramienta legal subutilizada que puede garantizar respuestas proporcionales y oportunas sin sacrificar garantías.
Restringir de facto las salidas alternas no produce más justicia. Produce congestión y dilación. Incluso con mayores recursos, ningún modelo adversarial puede sostener una litigación total. La eficiencia no se logra litigando más, sino resolviendo mejor y más temprano.
El acuerdo penal, bajo control judicial, no es una renuncia al castigo. Es una solución prevista en la ley que permite imponer sanciones proporcionales con mayor celeridad. La experiencia comparada demuestra que sobrecargar el juicio oral debilita la capacidad institucional y termina afectando a las víctimas.
Para que este diseño funcione, la previsibilidad es clave. Cuando las partes pueden anticipar razonablemente la consecuencia jurídica de un caso con base en la evidencia, el sistema gana coherencia.
En esa dirección, la nueva ley propone herramientas cuya ejecución avanza desde el Poder Judicial, como la Oficina de Apoyo a la Justicia Penal, la Guía de Sentencias y el acceso sistemático a la jurisprudencia mediante la JURISTECA. Estas iniciativas fortalecen la uniformidad de criterios, aportan previsibilidad a las decisiones y consolidan la seguridad jurídica.
Cada actor tiene responsabilidad. El Ministerio Público debe investigar con rigor; la defensa debe evaluar estratégicamente la evidencia; los jueces deben gestionar con diligencia y decidir con independencia. La corresponsabilidad fortalece el sistema y protege derechos.
La justicia eficaz es la que llega a tiempo, con proporcionalidad y humanidad. Garantizar respuestas oportunas no es reducir garantías; es hacerlas efectivas. Porque una justicia que responde con coherencia y prontitud protege derechos, fortalece la confianza pública y consolida nuestra democracia.
ES DE JUSTICIA – Listín Diario
