Palabras de apertura XI Congreso de las Academias Jurídicas de Iberoamérica.
24 de octubre de 2025
Es para la República Dominicana un honor y un acontecimiento de alta trascendencia acoger este Décimo Primer Congreso de las Academias Jurídicas de Iberoamérica. Somos una isla que quiere estar conectada con el pensamiento jurídico iberoamericano y del mundo. Este evento nos acerca a esa aspiración.
La comunidad jurídica como garante de democracia
El Congreso que inauguramos hoy es la expresión de que Iberoamérica cuenta con una comunidad jurídica unida por valores compartidos y consciente de que una justicia independiente, eficiente y accesible da plenitud a la democracia.
En esta apertura rendimos tributo a tres grandes humanistas que forjaron ese pensamiento iberoamericano: Andrés Bello, el venezolano universal que concibió la ley como instrumento de civilización y libertad; Eugenio María de Hostos, el patriota antillano que entendió el derecho como expresión de la dignidad humana y el deber social; y Pedro Henríquez Ureña, maestro dominicano que defendió la unidad de nuestro espíritu y una lengua que fuera vehículo de justicia.
Los tres, en distintos siglos, siguen dialogando hoy en el derecho, en la literatura y el lenguaje de nuestras instituciones: en la palabra justa, en la educación como libertad y en la ley como expresión de la conciencia humana.
Señoras y señores:
Tenemos la valiosa oportunidad de reflexionar sobre los desafíos que la sociedad contemporánea plantea al Derecho y a la justicia. Cuando este congreso comenzó, hace más de tres décadas, pensar en la posibilidad de contar con un asistente digital capaz de ayudarnos a redactar un escrito o planificar una reunión pertenecía al ámbito de la ciencia ficción.
Hoy, en cambio, la inteligencia artificial representa una realidad concreta que transforma profundamente la práctica jurídica, la administración de justicia y los modos de aprendizaje. Constituye un reto transversal —ético, técnico y pedagógico— que nos demanda nuevas formas de enseñar, de transmitir el conocimiento y de formar pensamiento crítico en esta era digital que alcanza a todos los países de Iberoamérica.
Este contexto nos exige repensar la enseñanza del Derecho. Tradicionalmente, la formación jurídica se ha centrado en el estudio de los grandes doctrinarios del pasado y el texto de la ley. Sin embargo, comprender el presente y anticipar el futuro del Derecho demanda un enfoque distinto: estudiar el Derecho vivo, aquel que se expresa en la jurisprudencia y en las decisiones que inciden directamente en la vida de las personas.
La jurisprudencia, más que un complemento, debe ser el punto de partida para formar juristas capaces de interpretar críticamente su tiempo y contribuir activamente a la transformación de la justicia.
Para que el estudio y la práctica del Derecho sean verdaderamente efectivos, la jurisprudencia debe caracterizarse por su calidad más que por su cantidad. Esa es, en esencia, la razón de ser del recurso de casación: depurar, unificar y elevar el nivel de interpretación jurídica.
El interés casacional no solo garantiza coherencia en las decisiones judiciales, sino que constituye un motor esencial para el desarrollo sistemático del Derecho y la consolidación del precedente como fuente de estabilidad y certeza jurídica.
Al mismo tiempo, desde una perspectiva ética y humanista, debemos recordar que los sistemas de justicia existen para servir a las personas. La justicia no debe concebirse como una estructura lejana ni como un procedimiento inerte, sino como una vocación al servicio del ser humano: una función viva, empática y dinámica, guiada por la dignidad, la equidad y la protección efectiva de los derechos de quienes más la necesitan.
En este contexto, los avances representan una oportunidad histórica para superar los rezagos que durante décadas han limitado la eficiencia, la transparencia y la confianza pública en la justicia.
Analizar hoy cuestiones como la eficiencia judicial, la independencia, la enseñanza del Derecho y los desafíos globales del cambio tecnológico no constituye un simple ejercicio académico: es un acto de responsabilidad compartida con el futuro de nuestras instituciones democráticas y con la ciudadanía que en ellas deposita su esperanza.
Sin embargo, ningún progreso será suficiente si la justicia llega tarde. No puede hablarse de calidad en la aplicación del Derecho cuando la respuesta judicial se posterga durante años. ¿De qué sirve una sentencia impecable si su tardanza prolonga la incertidumbre y priva a las personas del goce efectivo de sus derechos?
El proceso dominicano: una transformación sistémica
¡Juristas de Iberoamérica!
Para la República Dominicana, esta cita tiene un valor especial. Representa la oportunidad de compartir con la comunidad iberoamericana la forma en que hemos afrontado esos retos sistémicos y los resultados obtenidos:
Hoy, más del 80% de los tribunales están al día.
En la Suprema Corte de Justicia el 90% de los casos son resueltos en el plazo de 6 meses. Un hito que no es menor, teniendo en cuenta que en el año 2019 el margen de los casos sin solución databa del 1982 hasta el 2018, es decir, hemos vencido un rezago de 40 años.
Más de 23,000 usuarios acceden digitalmente a servicios que antes eran engorrosos y presenciales.
Abogados y ciudadanos tienen acceso gratuito al conocimiento jurídico y al 100% de las decisiones de los tribunales a través de la JURITECA de la Escuela Nacional de la Judicatura.
La transparencia se consolidó como principio operativo, con datos abiertos, observatorios y participación ciudadana.
Esta transformación no es solo tecnológica o administrativa. Es un cambio de visión: que la justicia se afirme como fundamento de legitimidad democrática, como garante de confianza pública y como pilar de estabilidad nacional.
Un Poder Judicial que responde a la ciudadanía protege los derechos y asegura igualdad ante la ley, fortalece la confianza y sostiene las instituciones.
Ética y legitimidad democrática
Cada vez somos más los que asumimos la eficiencia judicial como un deber ético. Cada decisión a tiempo, cada acceso garantizado, cada paso hacia la coherencia jurisprudencial fortalece los derechos de las personas más vulnerables y afianza la democracia.
El sistema judicial se entiende a sí mismo como parte integral del Estado de Derecho. Su misión no se limita a resolver expedientes, sino a transmitir certeza, confianza y paz social. La justicia garantiza seguridad jurídica, y la seguridad jurídica sostiene el progreso de las naciones.
Un compromiso colectivo
¡Autoridades de la academia!
El Congreso que hoy inicia es, ante todo, un llamado al compromiso colectivo. Los temas que nos convocan, como la eficiencia judicial, el derecho a la democracia, el arbitraje, la independencia judicial, la ética profesional, las academias en el siglo XXI, los retos globales y la inteligencia artificial confluyen todos hacia un mismo desafío: hacer que nuestras instituciones respondan a la altura de las exigencias de nuestro tiempo.
El Poder Judicial dominicano quiere ser parte activa de esta conversación. Compartiendo sus lecciones aprendidas, aprendiendo de las experiencias de otros países, y reafirmando su compromiso con una justicia accesible, eficiente, íntegra y confiable, que ponga a las personas en el centro de su misión.
Conclusión
Señoras y señores,
Este undécimo congreso nos recuerda que el derecho es, en última instancia, un compromiso con la dignidad humana. Que la justicia se mide en la confianza que los pueblos depositan en sus instituciones. Y que nuestra responsabilidad, como juristas iberoamericanos, es fortalecer esa confianza en beneficio de la paz y la convivencia democrática, imprescindibles en estos tiempos convulsos.
Con esa convicción, declaro abierto este Décimo Primer Congreso de las Academias Jurídicas de Iberoamérica, y auguramos el mayor de los éxitos. Que las discusiones y críticas constructivas nos lleven a seguir fortaleciendo el Estado de derecho y la democracia de nuestros países.
¡A trabajar!
Muchas gracias.
