Lo distintos modelos de Estado y organización social, económica y política ensayados por las naciones que han logrado superar las desigualdades sociales más acusadas y emprender el camino del desarrollo humano hacen énfasis tanto en la equidad social y económica como en la eficiencia de la sociedad a la hora de producir bienes, servicios y soluciones a problemas como los que se nos plantean al buscar la sostenibilidad social, ambiental y económica.
Un Estado social y democrático de derecho supone la reorganización de todo el sistema de políticas y programas sociales para que la cohesión e integración de la sociedad se convierta en la prioridad de la acción gubernamental, en un contexto de productividad y competitividad y protegiendo los derechos individuales y las garantías jurídicas de los mismos, tal como dispone la Constitución vigente.
Cómo proceder desde la esfera gubernamental, cuáles énfasis tendría la acción de gobierno, con cuáles políticas se piensa desatar las capacidades productivas y la economía social, todo esto debería constituir la agenda de discusión pública del país, sobre todo en el período electoral que prácticamente ha comenzado.
El ruido de una campaña electoral a la vieja usanza no debería entorpecer la imprescindible reflexión sobre estos temas cruciales. La vocación de gobernar de cada una de las ofertas políticas que terciarán en las elecciones debe sustentar sus criterios y fundamentos frente a aquella parte de la ciudadanía que no se conforma con ofertas clientelistas o con eslóganes vocingleros.
Gobernar para la equidad y el desarrollo, organizar una sociedad que produzca más y mejor mientras incorpora cada vez más amplios segmentos de la población al bienestar hasta erradicar la pobreza y la inequidad es el imperativo que tenemos por delante si no queremos perder la oportunidad que todavía tenemos ante nosotros.
Publicado en Santo Domingo, fecha 3 de agosto 2011, ver publicación en artículo del periódico
