Una Suprema sin mora, un Derecho más vivo

27 de octubre de 2025

La pasada semana tuve el alto honor de participar en el panel “Eficiencia judicial y democracia”, en el marco del XI Congreso de las Academias Jurídicas de Iberoamérica. Fue una oportunidad para reflexionar, junto a colegas de la región, sobre cómo la eficiencia en la emisión de sentencias no está reñida con la calidad de las mismas, sino todo lo contrario.

Porque lo cierto es que, hasta hace poco, la mora judicial era algo que se daba por hecho. Incluso en la Suprema, o mejor dicho, especialmente en la Suprema.

Jueces, empleados, abogados y usuarios convivían con la idea de que un caso podía durar cuatro, seis o diez años sin que nadie se sorprendiera demasiado. Había un fatalismo instalado: “los procesos tardan lo que tienen que tardar” así fueran diez años para, por ejemplo, una litis inmobiliaria.

Pero lo que entonces parecía inevitable, hoy es impensable. En la actualidad, la Suprema conoce el 90% de sus expedientes en el plazo de seis meses y se ha convertido en una de las cortes supremas que está más al día de América Latina.

Esa transformación no ha estado exenta de críticas. Algunos sostienen que la rapidez puede afectar la calidad de las decisiones. Pero la realidad es la contraria: estar al día también es una forma de calidad. La mora judicial no es eficiencia ni rigor, sino una carencia que daña derechos, desalienta inversiones y debilita la confianza ciudadana. Un sistema que resuelve con agilidad, con criterios claros y decisiones accesibles, es un sistema más justo y más democrático.

Para lograrlo, ha sido clave introducir filtros que ordenen el flujo de los casos, de forma parecida a como se hace en un sistema de salud eficiente. No todo paciente necesita una cirugía, del mismo modo que no todo conflicto debe llegar a la Suprema. La mediación, la conciliación y los acuerdos entre las partes son la atención primaria; los tribunales especializados son los médicos de segundo nivel; y la Suprema Corte de Justicia, con su función casacional, es el especialista que interviene sólo cuando es necesario. Este diseño permite que la Corte se concentre en los asuntos de mayor trascendencia y mantenga su jurisprudencia viva y coherente.

Y, por supuesto, uno de los mayores filtros para evitar la sobrecarga del sistema es el interés casacional, que define qué casos merecen llegar a la Suprema Corte de Justicia. Este principio no es una barrera, sino una garantía: permite que la Corte concentre su labor en aquellos asuntos que realmente tienen relevancia jurídica, que pueden unificar criterios, corregir interpretaciones erróneas o desarrollar nuevas líneas doctrinales. De ese modo, la Suprema actúa como una corte casacional en el sentido pleno del término: no revisa cada caso individual para volver a juzgar los hechos, sino que vela por la coherencia del Derecho, asegurando que las normas se apliquen con sentido y uniformidad en todo el país.

Este fue el espíritu que inspiró la creación de la Juriteca, una herramienta que democratiza el acceso a las sentencias y permite que abogados, estudiantes y ciudadanos conozcan los criterios más recientes de la Suprema. Cuando todos pueden acceder al precedente, el sistema se vuelve previsible y se reducen los casos innecesarios.

En este proceso, las academias jurídicas tienen mucho que aportar. Tradicionalmente, la enseñanza del Derecho se ha basado en los grandes doctrinarios: libros que la comunidad jurídica acoge y valida como fuente de autoridad. Esa ha sido una forma legítima de transmisión del saber, pero también limitada. Porque el Derecho no es un conjunto de textos fijos: es un ente vivo, que cambia con la sociedad y se alimenta de las decisiones judiciales. Una Suprema Corte de Justicia activa, con sentencias de calidad, mantiene ese Derecho en movimiento.

Por eso, en las aulas hay que enseñar las sentencias de la SCJ. No como anexos al final de la carrera, sino como parte del aprendizaje cotidiano. En el ejercicio profesional, los abogados no se enfrentan a tratados teóricos, sino a decisiones concretas, a interpretaciones vivas del Derecho. Y es en esas decisiones donde se expresa la evolución jurídica de un país. Me lo han comentado varios estudiantes de distintos países: muchas veces, las sentencias se estudian tarde o casi no se estudian. Esa costumbre debería cambiar si queremos un Derecho verdaderamente conectado con la realidad.

Algunos han manifestado en ocasiones la reticencia de que una Suprema Corte que resuelve rápido corre el riesgo de equivocarse. Pero los hechos desmienten esa idea. El porcentaje de decisiones revocadas por el Tribunal Constitucional es mínimo, apenas un 0,18 % entre 2019 y 2025, eso da cuenta de una labor seria, rigurosa y de calidad. La velocidad no es enemiga del rigor; la demora, en cambio, sí es enemiga de la justicia.

Lo que tenemos por delante es un objetivo claro: que las decisiones se resuelvan en menos de seis meses, en casos excepcionales de un año y que cada sentencia sea una verdadera aportación al desarrollo del Derecho dominicano.

Seguiremos trabajando por una Suprema Corte de Justicia sin mora, que emita sentencias oportunas y de calidad, y que contribuya a mantener un ecosistema jurídico vivo, capaz de responder a los intereses de las personas, las instituciones y el país. Porque el Derecho, como la democracia, sólo existe plenamente cuando se mantiene en movimiento.