El sistema penal, en la administración de Justicia, opera sobre la base de la coerción, del miedo a las consecuencias. En última instancia, aquellos que intentan subvertir la legalidad y que embisten a la sociedad como un todo, son sometidos a las medidas punitivas.
Pero si la legalidad de la sociedad no funciona, si el resto de la sociedad no está cohesionado en el apego a unas formas de vida y unas normas de convivencia, entonces la administración de justicia no tendrá capacidad de ejercer la coerción, el castigo o como institución será ineficaz. La crisis de la legalidad, de las instituciones, arropará al sistema penal y los actos delictivos acabarán desbordando hasta la capacidad de procesamiento del sistema penal.
Tenemos una cultura generalizada del incumplimiento de las obligaciones sociales y personales. Hemos abdicado de nuestros deberes, hasta en la crianza y cuidado de nuestros hijos. Pero esto último no es el origen del problema, es una consecuencia del abandono, por parte del liderazgo, de su compromiso social, de su obligación principal: cumplir la ley, dar ejemplo, inspirar confianza y sentido de dirección.
El liderazgo debe actuar a través de las instituciones, a través de la regulación y de procedimientos pre-establecidos.
Cuando esto no sucede, comienza a imperar la discrecionalidad, la arbitrariedad, la conveniencia personal y grupal como criterio de las decisiones que afectan a toda la sociedad. Y entonces se instala en la conciencia de la gente la expectativa negativa o la búsqueda de beneficios por medios no institucionales. Esa es la base del deterioro que nos afecta actualmente.
Corregir lo que está mal en nuestro orden institucional es desarrollar una cultura de la legalidad, del apego a las obligaciones y de la búsqueda del mejoramiento de la convivencia democrática como principal objetivo. Eso, comienza por el liderazgo.
Publicado en Santo Domingo, fecha 22 de Septiembre del 2011, ver publicación en Artículo del Periódico
