El pasado miércoles 7 de enero, celebramos el Día del Poder Judicial. Fue un acto solemne, acompañado por las autoridades de la Nación y por quienes sostienen cotidianamente el funcionamiento del sistema de justicia. Más allá del calendario institucional, fue una ocasión para pasar balance sobre un proceso que se ha venido construyendo de manera sostenida desde 2019, en un periodo marcado por una alta exigencia y una actividad constante para el Poder Judicial.
Ese periodo ha estado caracterizado tanto por la cantidad de asuntos atendidos como por la profundidad de los cambios impulsados y sostenidos en el tiempo. El Poder Judicial ha permanecido en movimiento, respondiendo a una demanda social creciente de resultados, transparencia y cercanía. Muchos de los avances que hoy se presentan son el resultado de decisiones acumuladas, ajustes progresivos y aprendizajes institucionales que se han ido consolidando a lo largo de la gestión.
Uno de los ejes centrales destacados durante el acto fue el avance sostenido en la reducción de la mora judicial.
Hoy, la Suprema Corte de Justicia resuelve el 90 % de sus casos en un año o menos, con plazos claramente definidos según la materia.
Este resultado refleja una línea de gestión coherente y constante, basada en disciplina procesal, seguimiento y priorización sostenida, incluso en contextos de alta carga jurisdiccional.
Ese mismo enfoque se extiende a los tribunales a nivel nacional. Actualmente, el 87 % de las salas se encuentran al día, con información judicial actualizada y disponible en línea.
En los departamentos con mayor litigiosidad, el proceso desarrollado ha permitido identificar con mayor claridad los puntos críticos y orientar las decisiones de gestión hacia esos espacios, fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema. La actividad judicial se volvió más visible, medible y evaluable.
Durante mi intervención subrayé también la importancia de la reducción del peso de los asuntos administrativos dentro del sistema. Pasamos del 49 % al 36 % del total de casos. Esta reorientación construida de manera gradual, liberó tiempo jurisdiccional y permitió concentrar el esfuerzo judicial en la resolución de conflictos entre personas, con un impacto directo en la eficiencia y en la calidad del servicio prestado.
La transformación digital ha sido otro de los ejes sostenidos de esta gestión. A lo largo de este periodo, más de 27 mil personas utilizaron servicios judiciales digitales, participaron en audiencias virtuales o consultaron sus expedientes sin necesidad de trasladarse. Herramientas como la JURISTECA y la asistente virtual LEIA se integraron de forma estable a los canales de acceso a la justicia, ampliando las facilidades a los usuarios del sistema.
En torno al sistema penal, trabajamos junto al Ministerio Público y a la Defensa Pública, promoviendo una cultura de acuerdos para la solución temprana y no adversarial. El programa que inició en la provincia Hermanas Mirabal mostró resultados concretos, al pasar de un 13 a un 75% de casos resueltos por acuerdo en el último trimestre del pasado año. Esta experiencia abre nuevas oportunidades para fortalecer una respuesta penal más eficiente y centrada en las personas.
La gestión también ha implicado una revisión del modelo de infraestructura judicial. Se ha trabajado para evolucionar desde una concepción centrada en edificios para avanzar hacia centros de servicios pensados para las personas.
La Ciudad Judicial de Santo Domingo Este se consolidó como un referente de atención más digna, funcional y accesible, como parte de una visión institucional que ya se proyecta en otros desarrollos en curso.
En materia de transparencia, alcanzar el 100 % en el índice de transparencia fue el resultado de un trabajo sostenido y verificable. Informes de desempeño presentados en plazo, datos abiertos disponibles en el Observatorio del Poder Judicial y más de 400 mil decisiones accesibles en línea forman parte de una política institucional que se ha fortalecido progresivamente, coincidiendo con la exitosa celebración en Santo Domingo de la Cumbre Internacional de Justicia Abierta.
Este período también permitió fortalecer la carrera judicial, los sistemas de evaluación del desempeño y los espacios de reflexión ética. Se avanzó en un equilibrio indispensable: proteger la independencia judicial y, al mismo tiempo, asumir con seriedad la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
Hacia el cierre de mi intervención, compartí una convicción que atraviesa todo este proceso: los avances logrados forman parte de un proceso que requiere continuidad, evaluación permanente y capacidad de ajuste. En ese marco se presentó el Plan Justicia del Futuro 2034, como una hoja de ruta que recoge lo aprendido, ordena prioridades y orienta las decisiones futuras hacia una justicia sin mora, accesible y centrada en las personas.
Iniciar cada acto judicial “en nombre de la República” no es una fórmula ceremonial. Es un recordatorio permanente de que la justicia existe para servir la dignidad de las personas, desde la Constitución y la ley, y que no puede quedar subordinada a intereses particulares ni a presiones coyunturales.
Esa convicción ha orientado la gestión desde el 2019 y seguirá guiando nuestras decisiones en este 2026. La justicia dominicana continúa en movimiento, con el compromiso de sostener lo avanzado y de seguir fortaleciendo un servicio cada vez más cercano, claro y confiable para la ciudadanía.
Publicado en Listin Diario
Una justicia en movimiento: reflexiones tras el Día del Poder Judicial
