Un Estado Social y Democrático de Derecho como el que establece nuestra Constitución es el resultado continuo de un diálogo abierto de las instituciones entre ellas y con los sectores de la nación. El compromiso del servicio público ante este marco es un indicio de desarrollo y madurez democrática. Por eso asistimos en los últimos días al encuentro de tres espacios de suma importancia para el devenir de la República: el Consejo Económico y Social (CES), el Consejo Nacional de Competitividad (CNC), parte del Poder Ejecutivo y la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, del Poder Legislativo. Esta última nos extendió cordial invitación protocolar a su primera reunión para que conversáramos sobre los temas comunes. De igual modo procederemos a reunirnos con la Comisión Permanente de Justicia del Senado de la República.
En las reuniones expusimos los pormenores del avance de la Justicia en los últimos meses y el modo en que enfrentar la pandemia ha sido un reto, y a la vez una oportunidad, para avanzar sobre los planes de transformación pautados para los próximos cinco años.
El avance, tanto en las capacitaciones, como en el desarrollo de las herramientas y adecuaciones para la implementación, se han dado con asesoría y acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Respetamos la decisión del Tribunal Superior Administrativo, que ordena la apertura de los tribunales. Sin embargo, el Poder Judicial ha decidido recurrirla, dado que los tribunales se encontraban ya operando en todos los Distritos Judiciales, en virtud de la nueva normalidad que a partir del 1ro de octubre mandaba el protocolo del Plan de continuidad de labores posterior a la fase avanzada.
Estamos trabajando día a día para que nuestros servicios de administración de justicia sean mejores. Esperamos que toda la comunidad jurídica muestre la apertura necesaria. Se requiere aptitud, para estar a la altura del difícil momento que plantea la pandemia, la actitud para aportar a las soluciones en vez de agregar dificultad. Somos compromisarios de un legado y un compromiso con la República. La administración de Justicia tiene el deber de combatir la mora judicial aumentando niveles de eficiencia y las expectativas de calidad. El compromiso, además, de asegurar la transparencia y fiscalización de nuestro trabajo judicial para una Justicia confiable y al alcance de todas y todos.
Desde el mismo mes de marzo, visualizamos los límites de acceso como una situación que requería atención. Por eso: se habilitaron espacios físicos con computadores y asistencia a disposición de abogados, abogadas que así lo requirieran. La Escuela Nacional de la Judicatura, además, desarrolló el programa “Yo me apunto a la virtualidad”, que incluye capacitación y facilidades para obtener medios tecnológicos de acceso. En la actualidad, en el curso hay 912 matriculados y otros 271 certificados ya emitidos. Entre jueces, ministerio público y abogados se han matriculado 13,922 personas.
Ha habido errores. Los hemos reconocido y comprendido para poder rectificar. Hemos estado en constante atención a las quejas, reacciones, problemas y críticas fundadas o no de abogadas, abogados y usuarios. Las cuales han sido procesadas e incorporadas a este proceso de construcción y mejora continua en una situación nunca antes vivida.
El Poder Judicial continúa asegurando la mejoría de su capacidad de gestión y los lineamientos del Estado de Derecho. Pero, además, permitiendo que cada día más personas tengan acceso en condiciones de seguridad sanitaria, para asegurar el derecho fundamental a la salud de los y las actuantes en justicia.
Nuestro deseo es que podamos mantener una agenda común de trabajo con el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo y con la sociedad. La Justicia es un tema de todas y todos, que debemos abordar en el presente para un mejor futuro de nuestro país. Las agendas de trabajo y las políticas judiciales que se han venido implementando, son parte de un amplio consenso sustentado en la Cumbre Judicial Nacional (2016), en la Cumbre Judicial Iberoamericana y recogidas en las consultas y procesos del Plan Estratégico Institucional Visión Justicia 20/24, que fue aprobado en 2019.
