Los datos fueron revelados durante el taller de planificación del Plan Decenal que estructura el Poder Judicial, con la presencia del juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina
A agosto de este año el 78.4 % de casos ingresados a los departamentos judiciales de La Vega y San Francisco de Macorís fueron solucionados gracias a iniciativas como los mecanismos de aceleración del proceso penal que implementa el Poder Judicial.
Asimismo, el 50% de los tribunales de esos departamentos judiciales se encuentran libres de mora o retardo judicial, de acuerdo a datos que salieron a relucir durante el taller regional por una Justicia del Futuro, como parte del proceso de la planificación estratégica de este poder del Estado, que busca definir las iniciativas que contemplará su Plan Decenal.
Durante el taller se evidenció también que en el Centro de Mediación de esa región se realizaron 277 acuerdos de casos a través de los métodos alternos de resolución de conflictos y se atendieron a 4,415 personas.
Los datos también revelaron que desde el 2014 al 2023 el 42% de las demandas en justicia fueron en materia penal, mientras que el 35% en civil. El resto se distribuye entre las materias de Niños, Niñas y Adolescentes; inmobiliaria y laboral.
Asimismo, se resaltó que en el proceso de transformación digital que lleva a cabo el Poder Judicial, ambos departamentos acondicionaron sus salas de audiencias, registro y secretaría.
Durante su discurso, con el tema “Visión de la Justicia del Futuro”, el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, definió el taller como un proceso plural y abierto puesto en marcha por la institución para definir qué justicia queremos como país para los próximos 10 años, al entender que se trata de una tarea crucial, no solo para el Poder Judicial, sino también para el fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho.
“En este proceso de diálogo que estamos desarrollando, el más amplio de la historia de nuestra institución, con la participación y compromiso de todos, vamos a identificar los desafíos que enfrentaremos en los próximos diez años. Esos que van a permitirnos seguir el camino hacia una justicia al día para garantizar la dignidad de las personas”, apuntó.
De su lado, Ana María Díaz, representante residente del PNUD, indicó que la justicia no debe ser vista únicamente como un mecanismo para resolver conflictos, sino como un pilar fundamental en la transformación social.
“Aplaudimos los esfuerzos del Poder Judicial en impulsar una justicia que sea aún más inclusiva, democrática y accesible para todas y todos, y que siga siendo un motor de cambio para impulsar el desarrollo humano y garantizar los derechos de las personas, especialmente las más vulnerables”, indicó Díaz.
Las palabras de bienvenida las pronunció la magistrada Arelis Ricourt, coordinadora del Departamento Judicial de La Vega; mientras que las de clausura estuvieron a cargo del magistrado Claudio Aníbal Medrano, coordinador departamental de San Francisco de Macorís.
La presentación fue realizada por magistrada Martha Díaz Villafaña, presidenta de la Cámara Civil y de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís; y Alfredo Abreu, de la Cámara Penal de Primera Instancia de La Vega.
El taller con la región Cibao-Centro, teniendo como escenario a SFM, estuvo orientada a fortalecer la estrategia institucional y establecer los pilares del Plan Decenal del Poder Judicial mediante la reflexión del pasado, la evaluación del presente y la incorporación de proyecciones a futuro.
Al encuentro se dieron cita jueces y juezas, servidores (as) judiciales, defensores públicos, representantes empresariales, sociedad civil, representantes de la Alcaldía de Jarabacoa, decanos de universidades, del Colegio de Abogados, alguaciles, agrimensores, del Colegio de Ingenieros (CODIA), ONGs de derechos humanos, justicia y derechos de la mujer, y representantes del Ministerio Público.
También la Policía Nacional y representantes de organismos internacionales, con quienes se celebraron mesas multisectoriales de trabajo en las que se aportaron propuestas para mejorar el sistema de justicia y abordar los desafíos identificados de cómo “en 10 años debe ser y cómo no debe ser la justicia de República Dominicana”.
