Por eso a principios de 2024 lanzamos la Guía de Buenas Prácticas para redactar decisiones concisas y amigables en el ámbito de los juzgados de la instrucción. No se trató simplemente de un documento técnico, sino de una herramienta aplicada para mejorar la forma en que comunicamos decisiones que impactan directamente en la libertad, los derechos y la vida de las personas. La guía nació con un propósito claro: ayudar a jueces y juezas a expresar con mayor claridad qué se decide, por qué se decide y cuáles son los efectos de esa decisión. Redactar con claridad es una forma concreta de garantizar derechos.

Para hacer este esfuerzo sostenible en el tiempo,incorporamos la guía al programa de formación de aspirantes a jueces en la Escuela Nacional de la Judicatura. Aquí se conecta también con nuestra visión de I-Justicia: una justicia innovadora, inteligente e integrada, pero siempre centrada en la persona.

Por supuesto, la pedagogía de la justicia no se limita al interior del sistema. Durante 2025, la Escuela Nacional de la Judicatura, a través del programa Justicia y Sociedad, desarrolló los conversatorios Educando en Justicia en escuelas públicas y colegios privados de todo el país. Realizamos 30 actividades a nivel nacional, alcanzando 1,901 participaciones en espacios escolares.

Estos números son importantes, pero más relevante aún es el impacto cualitativo. En cada encuentro trabajamos cultura constitucional, convivencia pacífica, derechos y deberes, y el rol del Poder Judicial en una sociedad democrática. 

La justicia se aprende también en la escuela, no solo en los tribunales. Cuando niños, niñas y adolescentes comprenden cómo funciona el sistema, incorporan herramientas para la resolución pacífica de conflictos y se convierten en multiplicadores de buenas prácticas en sus comunidades.

Como complemento pedagógico, integramos la historieta Leia nos enseña: Educando en Justicia. A través de un personaje cercano y situaciones cotidianas, explicamos con lenguaje llano qué hace una jueza o un juez, la diferencia entre fiscales y policías, y por qué las decisiones deben ser imparciales y basadas en razones. Este recurso nos permitió acercar el sistema de justicia a públicos no especializados y reforzar la idea de que el conocimiento jurídico no debe ser un privilegio, sino un bien accesible.

La dimensión pedagógica también ha orientado nuestra Política de Comunicación Institucional, adoptada en 2022. Fuimos uno de los pocos poderes judiciales de la región en contar con un instrumento de esta naturaleza. La política establece principios y responsabilidades para garantizar una comunicación coherente, ética y transparente.

Porque en la actualidad, las decisiones judiciales no permanecen confinadas al expediente. Cada resolución puede impactar en la opinión pública, activar dinámicas intensas en los medios de comunicación y generar debates que tensionan los estados de ánimo colectivos frente a los principios y funciones propias del derecho. 

El juez decide conforme a la Constitución y la ley, pero lo hace en un entorno social que interpreta, reacciona y opina de manera inmediata.

Esta realidad exige una comunicación institucional responsable, capaz de explicar sin polemizar, de informar sin prejuzgar y de sostener la serenidad jurídica frente a la volatilidad del espacio público. La justicia no puede decidir al ritmo de los humores públicos, pero sí debe explicar con claridad las razones que fundamentan sus decisiones.

Como parte de esta política desarrollamos tres protocolos fundamentales: el Protocolo de Actuación para Casos de Alta Visibilidad, el Protocolo de Gestión de Redes Sociales y el Protocolo de Prevención y Manejo de Crisis. Estos instrumentos conforman una arquitectura que asegura coherencia y rigor técnico incluso en contextos complejos. La transparencia no puede depender de la improvisación; necesita reglas claras y responsabilidades definidas.

La encuesta SID Latinoamericana 2024 evidenció que más del 80% de la ciudadanía desconocía quién dirige el Poder Judicial y cuáles son sus funciones esenciales. Esa brecha nos obligó a repensar nuestra forma de comunicar. Una justicia moderna debe ser multicanal, pedagógica y orientada al servicio.

Para fortalecer el vínculo con la prensa creamos el Programa de Portavoces, que ha capacitado a más de 100 jueces y juezas en todo el país. Además, consolidamos un programa de relacionamiento con medios y pusimos en marcha la Cátedra de Comunicación “Adriano Miguel Tejada” en la Escuela Nacional de la Judicatura. Creemos firmemente que la prensa es aliada en la construcción de ciudadanía informada. Transparencia judicial y periodismo ético pueden avanzar juntos.

Finalmente, impulsamos el Observatorio del Poder Judicial como espacio abierto de investigación y análisis, y desarrollamos la Juriteca, la primera plataforma digital del país que integra jurisprudencia, doctrina y legislación en un solo entorno accesible y actualizado. Ambas iniciativas fortalecen una justicia abierta y basada en datos, ampliando el acceso a información de calidad para operadores jurídicos, academia y ciudadanía.

Todo este recorrido confirma algo que hoy forma parte de nuestra convicción institucional: la pedagogía de la justicia es una estrategia de legitimidad democrática. No se trata únicamente de comunicar mejor, sino de construir una cultura de comprensión, participación y corresponsabilidad.

Mirando hacia adelante, el desafío es consolidar esta transformación cultural, profundizar la integración entre innovación tecnológica y lenguaje claro, y seguir ampliando espacios de diálogo con la sociedad. La I-Justicia que impulsamos no es solo digital ni organizacional; es una justicia que aprende, que explica y que escucha.

Porque cuando la justicia se comprende, se fortalece. Y cuando se fortalece, sostiene mejor el Estado de derecho.

Esto no es restar valor a los tribunales de justicia, más bien es reforzarlo. Tampoco se trata de aumentar la burocracia ni de añadir pasos innecesarios; al contrario, buscamos que los trámites se atiendan en las instituciones del Estado que tienen mayor vocación para prestarlos, con la agilidad y cercanía que la ciudadanía necesita. Los tribunales deben concentrarse en resolver conflictos reales entre personas o instituciones, no en certificar trámites que otras instancias pueden asumir con igual seguridad jurídica.

De ahí que en los últimos años hayamos impulsado la desjudicialización de ciertos procesos, como las ratificaciones de actas del Estado Civil, el registro de prenda sin desapoderamiento o los deslindes de terrenos registrales (sobre los que abrimos una consulta pública que culminó el pasado jueves 25 de septiembre), convencidos de que existen vías más ágiles y apropiadas para resolverlos.

Esta orientación no es una ocurrencia aislada, sino una tendencia internacional. España, por ejemplo, desde 2015 permite que los divorcios de mutuo acuerdo sin hijos menores se formalicen directamente ante notario mediante escritura pública. Con esta reforma, los trámites dejaron de congestionar los juzgados, se redujeron tiempos de espera y se brindó a las personas un acceso más sencillo y menos costoso al servicio. En Portugal el camino fue aún más directo: los divorcios por mutuo consentimiento se resuelven en las conservadurías del registro civil, incluso en línea, con tarifas predecibles y razonables. En ambos casos, la justicia se fortaleció porque los jueces quedaron liberados para dedicarse a lo que realmente requiere su intervención. Algo parecido ha ocurrido con la coordinación catastro–registro en España: al permitir que los conflictos sobre linderos y descripciones gráficas se encaucen por expedientes registrales, se redujeron fricciones y litigios que antes abarrotaban a los tribunales.

La experiencia internacional confirma que desjudicializar significa ganar tiempo y dinero para la sociedad. Procesos que antes tardaban meses en despachos judiciales hoy se resuelven en días o incluso horas en una notaría, un registro civil o una plataforma digital. Los usuarios ahorran desplazamientos y costos, el Estado reduce la presión sobre su sistema judicial, y los jueces pueden concentrarse en causas que de verdad demandan su criterio y autoridad.

En la República Dominicana hemos desjudicializado el cambio de nombre, la ratificación de declaraciones tardías del estado civil y el registro de prenda sin desapoderamiento. Gracias a estas medidas, más de 90,000 asuntos anuales dejaron de ingresar a los tribunales de la República Dominicana en su conjunto, liberando capacidad para que los jueces atiendan con mayor calidad los conflictos que sí requieren decisión jurisdiccional .

Solo en 2024 ingresaron 453,544 asuntos al Poder Judicial, de los cuales un 36 % fueron procesos graciosos o no contenciosos. Aunque esa cifra aún es alta, representa una reducción de más del 40% en comparación con 2017, cuando la mitad de la demanda judicial correspondía a este tipo de trámites .

Esta simplificación ha sido posible gracias al trabajo coordinado entre los poderes del Estado y órganos extrapoder. Sin el apoyo del Poder Legislativo, del Consejo Nacional de Competitividad, del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de la Junta Central Electoral y de otras instituciones públicas, esta importante reducción no habría sido posible .

Pero todavía queda camino por recorrer. Queremos avanzar en la desjudicialización de la renuncia, enajenación o sustitución de bienes de familia; el registro de asociaciones sin fines de lucro; la inscripción de testamentos y poderes; y los trámites relacionados con el rompimiento de sellos realizados por los jueces de paz y el registro de protocolos notariales .

La meta que nos hemos propuesto es ambiciosa: reducir del 36 % actual al 10 % en 2034 la proporción de asuntos no contenciosos que ingresan a los tribunales.

Alcanzarla exige mejorar el acceso digital, otorgar incentivos inteligentes a quienes trabajan en el sistema de justicia y asegurar que cada institución cumpla el papel que le corresponde, sin duplicidades innecesarias.

Ese es el camino que asegura que la justicia se concentre en lo verdaderamente esencial: que, cuando una persona realmente necesite a un juez, lo encuentre disponible, con más tiempo, con más atención y con la serenidad que da saber que la justicia responde a lo que de verdad importa.

En esa ocasión quise transmitir un mensaje sencillo, pero profundo: la justicia no puede organizarse para la comodidad de jueces, abogados o funcionarios. La justicia existe para servir a las personas. Lo mismo que una firma prestigiosa debe preocuparse más por la experiencia de sus clientes que por la opinión de sus colegas, el Poder Judicial debe organizarse pensando en la dignidad de quienes acuden a resolver un conflicto. Y en este tiempo de cambio civilizatorio, esa dignidad pasa inevitablemente por el acceso digital.

Nuestra travesía ha sido intensa. Lo que empezó como una innovación tímida en medio de la pandemia (audiencias virtuales, expedientes electrónicos, notificaciones en línea) hoy es práctica cotidiana. Todos los expedientes que llegan a los jueces lo hacen de manera digital y en jurisdicciones como la del Distrito Nacional, más del noventa por ciento de los trámites ya se realiza en línea. El portal de Acceso Digital, que cuenta con más de quince mil usuarios registrados entre abogados, ciudadanos y entidades, se ha convertido en la nueva puerta de entrada a la justicia. Esa mudanza del papel a la nube no es un detalle tecnológico: es una revolución en la forma en que concebimos el servicio.

He recordado muchas veces la frase de Manuel Castells: “la exclusión digital es exclusión social”. Por eso, mientras impulsamos el acceso en línea, también mantenemos espacios de acompañamiento presencial, interfaces accesibles y servicios diseñados para personas con discapacidad o barreras lingüísticas. Digitalizar no es sustituir, sino ampliar y garantizar derechos. Y al mismo tiempo, hemos avanzado en la desjudicialización de procesos que no requieren un juez, como la prenda sin desapoderamiento o la rectificación de actas, reduciendo la carga en los tribunales y permitiendo que se concentren en resolver verdaderos conflictos.

Todo esto forma parte de una visión más amplia que hemos llamado Plan Justicia del Futuro 2025-2034. Una hoja de ruta que busca no solo modernizar procesos, sino redefinir el papel de la justicia en la sociedad. En ella, la apertura es esencial. La justicia del siglo XXI no puede ser opaca. Por eso hemos creado herramientas como la Juriteca y el Observatorio Judicial, que ponen a disposición del público leyes, jurisprudencia y estadísticas actualizadas. Y por eso celebramos este año la Conferencia Internacional de Justicia Abierta, que concluyó con la Declaración de Santo Domingo, un compromiso regional que vincula transparencia con democracia.

Pero si algo quise destacar en el almuerzo es que la justicia no es solo un servicio público: es también una infraestructura del desarrollo. Los países que logran resolver conflictos con rapidez y previsibilidad son los que atraen inversiones, generan empleo y sostienen crecimiento. El interés de la República Dominicana en incorporarse a la OCDE, expresado por el decreto presidencial 408-25, se apoya precisamente en esta idea: que la fortaleza institucional, la seguridad jurídica y la justicia digital son parte de nuestra carta de presentación al mundo.

Richard Susskind, experto en transformación de los tribunales, suele decir que la justicia en línea no es simplemente trasladar lo que hacíamos al formato digital, sino repensar los recorridos de servicio desde la perspectiva del usuario. Son ideas que refuerzan nuestra convicción: la transformación digital no es un accesorio, sino el núcleo de la legitimidad en este tiempo.

En este camino, el papel de los abogados y de las firmas es decisivo. Ellos son la primera línea de contacto con quienes necesitan justicia. Su capacidad de detectar fricciones en los procesos, de proponer mejoras en el portal digital, de usar la Juriteca y el Observatorio para fundamentar mejor sus argumentos, o de acompañar a sus clientes en la transición hacia la justicia en línea, es insustituible. También pueden contribuir en la discusión de estándares, en la simplificación de trámites y en la construcción de confianza. El futuro de la justicia no se construye solo en los tribunales: también se moldea en los despachos, en las aulas universitarias y en la asesoría cotidiana a ciudadanos y empresas.

Viéndolo en retrospectiva, lo que parecía una transición tecnológica se ha convertido en una transformación ética. Hemos pasado del papel a la nube, pero también de una justicia centrada en el expediente a una justicia centrada en la experiencia de las personas. Y esa travesía no la podemos hacer solos. Necesitamos a los abogados y abogadas, a las empresas, a las universidades, a toda la sociedad.

Por eso agradezco profundamente el espacio de Revista Mercado y de la comunidad jurídica reunida en el Top Lawyers Lunch. Igual que en sus despachos la confianza del cliente lo es todo, para nosotros la confianza de la ciudadanía es el bien más preciado. Construirla no es un acto individual, es un esfuerzo compartido. Si seguimos este camino con visión ética, apertura y compromiso, dejaremos como legado una República Dominicana donde la justicia sea una fuente de confianza y prosperidad compartida.

En lo personal, esa conciencia se forjó en un hogar donde la coherencia entre lo que se decía y lo que se hacía importaba más que cualquier discurso. Allí aprendí que ser justo no siempre es lo más cómodo, pero siempre es lo más necesario. He descubierto que la integridad se construye en las decisiones pequeñas, las que casi nadie ve, y que escuchar esa voz interior no siempre trae aplausos, pero sí paz y sentido.

A veces, la conciencia de la justicia exige ir contra corriente. Como recuerda Aristóteles, el juzgador debe ser capaz de “apartarse de la estricta justicia y sus peores rigores” cuando la letra de la ley conduce a un resultado inmoral.

Esa enseñanza, vigente desde la antigüedad, nos recuerda que la equidad no es un lujo, sino la condición misma para que la ley cumpla su propósito. En lo personal, he visto que esa capacidad de apartarse del camino cómodo para seguir el camino correcto es, muchas veces, la verdadera prueba de carácter.

En el plano institucional, esa misma conciencia se convierte en un deber público. Como Juez Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, he comprobado que aplicar la ley de forma mecánica puede ser insuficiente si se descuida su propósito más profundo: garantizar la dignidad humana. Por eso, reformas como el lenguaje claro, la apertura de datos, la transparencia activa o la digitalización de procesos no son simples innovaciones técnicas. Son intentos deliberados de alinear el sistema judicial con los principios de equidad, integridad y respeto que la ciudadanía espera ver reflejados en sus jueces.

El ejercicio de la función judicial nos confirma, día tras día, que el estricto apego a la legalidad no garantiza por sí solo la realización de la justicia. 

El Principio de Compromiso con los Derechos Humanos, consagrado en nuestro Código de Comportamiento Ético, exige que los operadores de justicia trasciendan la mera formalidad normativa cuando esta contradiga los valores universales inherentes a la dignidad humana y que se encuentran positivizados en nuestra Constitución.

En la dimensión colectiva, la conciencia de la justicia es el cimiento invisible de la confianza ciudadana. La historia demuestra que cuando las personas perciben que la justicia se administra con indiferencia o parcialidad, la democracia se debilita. La confianza no se impone; se gana decisión a decisión, caso a caso. Es un contrato tácito entre instituciones y ciudadanía que solo se mantiene vivo si las leyes, las sentencias y las prácticas judiciales se sienten justas, además de ser legales.

Por eso, un sistema judicial que aspire a ser legítimo debe reflejar en su actuación la conciencia ética compartida por la sociedad. Cuando las normas pierden validez social y moral —es decir, cuando dejan de ser reconocidas como vinculantes por la comunidad y contradicen principios éticos fundamentales— surgen tensiones que pueden desembocar en reformas legales, movilizaciones sociales o cambios constitucionales. Así ocurrió con causas universales como la abolición de la esclavitud o la consagración de los derechos civiles: no fueron solo transformaciones jurídicas, sino el reconocimiento de que la conciencia de la época ya no podía tolerar la injusticia.

Hoy, este reto es también global. Vivimos en un mundo interconectado, donde tribunales internacionales juzgan crímenes que conmueven “la conciencia de la humanidad” y donde los valores universales (vida, igualdad, libertad) deberían prevalecer más allá de cualquier frontera o ideología. Defender esa conciencia no es un acto retórico, sino una responsabilidad práctica: evitar que la justicia se convierta en un privilegio y asegurar que siga siendo un derecho para todos.

La justicia nace en el fuero íntimo, se fortalece en la institucionalidad y se proyecta en la convivencia social. Mantener vivo ese hilo que une lo personal con lo colectivo, y lo nacional con lo universal, es una de las tareas más nobles y exigentes de nuestro tiempo. Cada decisión que tomamos, grande o pequeña, debería pasar por ese filtro invisible que nos recuerda que la justicia no nos pertenece; solo está de paso por nuestras manos. Nuestra responsabilidad es dejarla, siempre, un poco más digna, más humana y más confiable de lo que la encontramos.

Durante su visita, Henry Molina manifestó su respaldo a una justicia abierta y de acercamiento de los jueces (as) con la comunidad, a fin de que la ciudadanía comprenda cómo funcionan los procesos en los tribunales. 

El magistrado abordó el tema durante varias reuniones que sostuvo con la comunidad jurídica, líderes comunitarios y de opinión, en los distritos judiciales de Elías Piña, Las Matas de Farfán y San Juan de la Maguana, en el marco del inicio de la implementación de dicho programa. 

Durante estas visitas, celebró un diálogo abierto con jueces y servidores judiciales y se reunió la mesa Interinstitucional: un espacio de construcción colectiva, con la participación de legisladores, alcaldes, presidentes de las salas capitulares, representantes de la seguridad fronteriza, de los ministerios de la Mujer y Educación, la Dirección General de Migración, el Ministerio Público y la Defensa Pública. 

Además, representantes del Ministerio de Trabajo, oficiales civiles, de la Junta Central Electoral, Dirección General de Aduanas, del Consejo Nacional de la Niñez, representantes de las iglesias, la comunidad jurídica, las academias, sociedad civil y empresarios.  

Durante las reuniones se conocieron los avances y desafíos de la justicia, y se explicó el programa Justicia y Sociedad.  

En el marco del programa Justicia y Sociedad que lleva a cabo la Escuela Nacional de la Judicatura, los jueces (as) y servidores (as) judiciales de San Juan de la Maguana han desarrollado 15 actividades, impactando a 718 personas de la comunidad.  

Estas iniciativas, lideradas por los magistrados(as) Manuel Ramírez Suzaña, Ángel V. Hernández, César Quezada, Luis M. Marte, Cleurys Tejada, Edward Gerónimo, Milton Castillo y Blaury Luciano, junto a los servidores(as) judiciales Elisandra Montero, Karen Loreta, Ana Guzmán, Mariolys Ramírez, Ingrid Pimentel, Luz Mata y Agustina Mora, han fortalecido el vínculo entre la justicia y la ciudadanía, impulsando el acceso a derechos y el desarrollo social en la región. 

El programa se extenderá a los 11 departamentos judiciales del país, en procura de hacer la justicia más accesible y fortalecer la confianza en el Poder Judicial. 
 
Durante su participación, Henry Molina destacó que el acceso a la justicia para poblaciones vulnerables es una prioridad y que la construcción de la confianza en el sistema judicial requiere de un esfuerzo continuo.  

Enfatizó la importancia de la rendición de cuentas y la pedagogía judicial, afirmando que la justicia debe ser entendida y sentida por la ciudadanía.  
 
Sostuvo que estos encuentros fomentan la colaboración entre jueces, fiscales, defensores públicos, autoridades locales y las comunidades en general.  

Molina concluyó haciendo un llamando a la acción para lograr resultados concretos y reafirmó la necesidad de un enfoque interconectado en el sistema de justicia, basado en transparencia, educación cívica y ética. 

Entre los temas llevados a la mesa interinstitucional se discutió sobre la necesidad de implementar los Métodos Alternos de Resolución de Conflictos, la preocupación y cantidad de privados de libertad y el Programa de Optimización Penal para enfrentar la problemática, la ejecución de la pena y órdenes de libertad a tiempo, y continuar con los exitosos resultados de la reducción de la mora judicial y la implementación de la tecnología. 

En su recorrido, el magistrado Henry Molina se hizo acompañar de la jueza de la Suprema Corte de Justicia, María Garabito, del juez coordinador del Distrito Judicial de San Juan, Manuel Ramírez Suzaña; la consejera Octavia Fernández y de jueces (as) de diferentes instancias. 

Asimismo, del director general de Administración y Carreta Judicial, Jhonattan Toribio; el director de la Escuela Nacional de la Judicatura, Ángel Brito; la directora general Técnica, Gervasia Valenzuela, y el coordinador general de Comunicaciones y Asuntos Públicos, Javier Cabreja.  

También de Ricardo Noboa, administrador general del Registro Inmobiliario; Ridomil Rojas, director general de Mensuras Catastrales. Asimismo, participaron el obispo de la diócesis de San Juan de la Maguana, Tomás Alejo Concepción; los alcaldes de San Juan de la Maguana, Lenin de la Rosa y Eddy Morillo, respectivamente; y los diputados Frank Ramírez y Mélido Mercedes, entre otras autoridades.   

Durante el desarrollo de las mesas interinstitucionales, las autoridades provinciales y los integrantes de la comunidad jurídica, valoraron los avances de la justicia, especialmente en lo referente a la reducción de la mora judicial, los logros en transparencia y acceso, así como la digitalización en el Poder Judicial, audiencias virtuales y la firma digital. 

Discurso del Día del Poder Judicial. Santo Domingo, República Dominicana, 7 de enero de 2025

Introducción: justicia, el escudo que nos protege

Este Día del Poder Judicial nos reunimos para reflexionar sobre los logros que hemos alcanzado y sobre los desafíos que aún debemos superar.

La versión completa de nuestro Himno Nacional, que acabamos de escuchar, encierra una frase profundamente significativa:

“Que es santuario de amor cada pecho do(nde) la patria se siente vivir y es su escudo, invencible, el Derecho.”

Este verso nos recuerda que el Derecho no solo resuelve conflictos, sino que protege nuestra convivencia. La justicia es un principio y una labor profundamente humana que guía cada acción del Poder Judicial para construir cohesión social y esperanza.

Hoy renovamos nuestro compromiso con los valores esenciales que fortalecen nuestra democracia, para que la Justicia pueda ser ese escudo invencible que protege la dignidad y la libertad de cada persona en nuestra nación.

Cuando asumimos esta tarea, sabíamos que no sería fácil. Partíamos de la imperiosa necesidad de responder a las demandas de la sociedad, considerando las condiciones de la institución y la imprescindible valoración de la independencia y la carrera judicial como pilares fundamentales para garantizar un sistema de justicia robusto, eficiente y digno de confianza.

En ese camino ha sido y seguirá siendo prioridad continuar dignificando el rol del principal activo del Poder Judicial, nuestros jueces y servidores judiciales, con políticas que mejoren su bienestar y sus condiciones de trabajo para transformar la organización.

Hoy, cinco años y nueve meses después hemos dado pasos significativos. Con un gran esfuerzo de trabajo de todos los integrantes del Poder Judicial, ha aumentado en eficiencia y eficacia nuestra labor. Además, estamos optimizando procesos, reduciendo la mora judicial y construyendo una justicia más accesible y cercana. Pero también sabemos que queda mucho por hacer

Justicia al día: venciendo la mora, centrados en las personas

El mayor desafío que enfrentamos es la mora judicial. Hay cientos de historias que ilustran la desesperanza e incertidumbre que generan los casos pendientes. Por ejemplo, una madre en Puerto Plata cuya humilde casa fue destruida por un incendio, esperó 13 años para que se resolviera su caso. Trece largos años de angustia de no saber si recibiría justicia ni cómo reconstruir su vida.

La mora judicial es y ha sido un reto existencial para la justicia y la sociedad, pero estamos transformando esa realidad. Hoy, historias como esta son cada vez menos frecuentes.

El avance en la Suprema Corte demuestra que la justicia al día es posible. De los 11,268 casos ingresados en 2023, el 98% ya fue resuelto, con solo 561 pendientes entre las salas, aún cuando la Primera Sala era la que más casos tenía pendientes en 2019 y a pesar de un incremento considerable por el ingreso de nuevos recursos a la Tercera Sala.

Además, del total de 9,292 casos ingresados en 2024, ya se resolvió el 48%. La Segunda Sala Penal no tiene ningún caso pendiente del 2023 y ha ido más allá resolviendo todos los casos en un plazo máximo de seis meses. Recordando que en 2019 existían casos esperando decisión desde 1982.

La Suprema Corte de Justicia ha solucionado 47,986 casos entre junio de 2019 y noviembre de 2024.

La nueva Ley 2-23 sobre recurso de casación sienta las bases para garantizar coherencia normativa al establecer el interés casacional. Fortalece la seguridad jurídica, pilar de nuestro Estado de Derecho. También ha establecido un mecanismo para reducir de 2 años a 27 días promedio el plazo para completar un expediente y tramitar a la sala correspondiente para ser decidido. Igualmente, el artículo 78 de dicha Ley incorpora la prohibición del tercer reenvío de recursos a las Cortes de Apelación, permitiendo que la Suprema Corte conozca el caso de manera definitiva.

Todas estas medidas evitan que queden rezagados recursos por inactividad de las partes, fomentan la unificación de criterios de interpretación legal a nivel nacional y ponen fin a una larga tradición de procesos que resultaban en una espera interminable.

La disciplina y eficiencia se extienden a todos los tribunales. Con la dedicación y esfuerzo de nuestras juezas, jueces y servidores judiciales, a diciembre de 2024, las Cortes de Apelación pasaron de un 37% al día a un 72%. Los tribunales de Primera Instancia, de un 24% a un 64%. Y los Juzgados de Paz, de 53% al 91%. De un total de 696 tribunales, 508 están al día. Es decir, al cierre del 2023 solo el 30% estaba al día. Hoy, un 73% de los tribunales a nivel nacional están libres de mora.

Cada tribunal, cada jueza y juez, cada servidor judicial, ha contribuido a esta transformación. Demostrando que la justicia al día es posible si trabajamos unidos, con compromiso y entrega. Su esfuerzo es un trabajo constante que se ha mantenido en el tiempo. Por eso, para cada una de las juezas, jueces y servidores del Poder Judicial de la República Dominicana, pido un fuerte aplauso.

En este 2025 pondremos especial atención al avance contra la mora en los tribunales en situación más crítica. Priorizando las jurisdicciones penal e inmobiliaria, sobre todo en los lugares de mayor densidad poblacional.

En la Jurisdicción Penal: debemos superar el pasado, sus barreras y limitaciones sistémicas. Tenemos un gran reto, el 44% de los tribunales penales están en atraso. Transformar la cultura es urgente, pues el sistema penal representa el 48% de los casos judiciales del país.

Es necesario continuar incentivando la implementación de acuerdos o soluciones alternas de conflictos entre las partes, reduciendo la cultura litigiosa y sus prácticas dilatorias contrarias a la ética procesal. Mejorar la operación del proceso previo a juicio y la ejecución de sentencias. También, establecer la interoperabilidad entre los actores del sistema, así como lograr alternativas al cumplimiento de penas privativas de libertad en casos que la ley lo permita.

En el ámbito inmobiliario se ha logrado avanzar y mantener la modernización para la eficiencia. Iniciativas como el Servicio de Alertas Registrales, para prevenir irregularidades, o la nueva Oficina de Servicios en el Distrito Nacional, representan importantes mejoras en la atención.

Igualmente, el Programa de Vectorización Cartográfica pone a disposición para consulta 165 mil planos históricos. Se ha fortalecido la Red Geodésica Nacional, con cinco nuevas estaciones de referencia. Ahora, debemos reconocer que también persisten los atrasos en 27 tribunales de la jurisdicción inmobiliaria. Otro reto relevante que estamos afrontando.

En definitiva: sí, tenemos motivos para el optimismo. El avance es notable. Sin embargo, debemos ser claros: no estamos conformes. El gran desafío de la mora persiste. No descansaremos hasta que ninguna persona tenga que vivir en la incertidumbre por falta de justicia. Ese es nuestro compromiso.

Estamos construyendo un sistema judicial eficiente, accesible, que se pone en el lugar de las personas.

Transformación digital: justicia accesible, abierta y eficiente

La transformación digital es uno de los principales aliados para alcanzar una justicia abierta. Nos permite hacer mejor nuestro trabajo y enfocarnos en lo realmente importante: servir a la gente.

Hoy, el 100% del Poder Judicial opera con firma digital, con mayor rapidez y seguridad. El próximo reto es que los demás actores y usuarios del sistema se integren.

Actualmente, más de 6,000 usuarios pueden gestionar casos y realizar trámites a través del Portal de Acceso Digital. Es un paso trascendental para el acceso a la justicia que los usuarios del sistema puedan consultar y gestionar sus expedientes en línea en la Primera y Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en el Tribunal Superior Administrativo y en todos los tribunales civiles. Su expansión continuará por todo el territorio y todas las materias, permitiendo audiencias virtuales, a excepción de las penales (por ahora).

Históricamente las sentencias de la Suprema Corte de Justicia se publicaban, en su mejor momento, con dos o tres meses de atraso, dificultando el acceso oportuno. Este año las decisiones estarán disponibles al público inmediatamente. Tendremos en línea, a disposición de la sociedad, tanto el Boletín Judicial como las decisiones de todos los tribunales del país, en un registro único de sentencias. Esto consolida un legado de justicia abierta y transparente.

La Escuela Nacional de la Judicatura puso en marcha en 2023 el Anuario de Jurisprudencia. Distintos juristas comentan con autonomía una selección de sentencias, aportando a un diálogo constante de la comunidad jurídica con la corte de casación.

La creación de la Cátedra Jorge A. Subero Isa, centrada en la innovación judicial, y la Juriteca, la primera base de conocimiento jurisprudencial del país aporta a garantizar que cada decisión judicial se base en los más altos estándares de calidad y rigor.

Ética y transparencia: bases de la confianza judicial

La transparencia es la piedra angular de un sistema judicial legítimo. La ética y la rendición de cuentas son fundamentales para consolidar una relación de confianza con la sociedad. La entereza de las juezas y jueces en cada decisión y la capacidad de comprobar la correcta aplicación del Derecho, refuerzan la independencia del sistema judicial. En este sentido, se han dado importantes pasos en los últimos cinco años, lo que aportó a que el país avance ocho posiciones en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project.

La República Dominicana ha mostrado una notable mejora en la confianza hacia el Poder Judicial, según el Latinobarómetro. En 2018, solo el 21% de los ciudadanos confiaba en el sistema judicial, ubicándose por debajo del promedio regional de 24%. En 2020, este porcentaje aumentó a un 36%, mostrando una mejora considerable. En 2024, el nivel de confianza alcanzó un 40%, superando el promedio regional actual de 28%. Este incremento acumulado de 19 puntos porcentuales ha llevado al país a ocupar el cuarto lugar en la región, superando a Brasil, Chile, Colombia y Panamá, y quedando solo por detrás de Uruguay, Costa Rica y El Salvador.

La digitalización juega un papel clave en la trazabilidad de los procesos. La tecnología y su transparencia nos ayudan a superar un sistema judicial distante y acercarlo a la gente.

Sin embargo, la transparencia no puede existir sin un compromiso con la ética. Por eso incorporamos el Comité de comportamiento ético a la Suprema Corte de Justicia. Esto propicia desde el más alto tribunal un modelo de juez y servidor judicial.

Todas estas transformaciones tienen un mismo norte: confianza, confianza… confianza.

Justicia global: un motor para el desarrollo y la democracia

República Dominicana, como séptima economía de América Latina, está consolidando su posición global. Desde el Poder Judicial impulsamos una agenda internacional que ha fortalecido nuestra capacidad técnica, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Rama Judicial de Puerto Rico, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, de los EE. UU. (INL) y el Centro Nacional para Cortes Estatales (National Center for State Courts).

Del 14 al 16 de mayo, seremos sede de la XXII (vigésima segunda) Cumbre Judicial Iberoamericana. Un espacio estratégico para impulsar políticas y buenas prácticas por el desarrollo de la independencia y la imparcialidad judicial, que fortalecen la democracia y el Estado de Derecho frente a los retos actuales en la región.

Justicia para las personas: un modelo inclusivo y participativo

Al superar el 5to año de trabajo nos propusimos una amplia mirada al presente y futuro de nuestra justicia. Un proceso de consultas que nos ha permitido poner el oído en el corazón de la organización judicial, pero sobre todo de la sociedad.

En los próximos 12 meses, será ejecutado un Plan Nacional de Infraestructura Judicial, para su dignificación efectiva. Cada sede judicial contará con mejoras visibles, priorizando los servicios en aquellas de mayor flujo.

Pondremos aún mayor atención al sistema penal. La mora y las barreras en la aplicación de sentencias son problemas que requieren soluciones urgentes y sostenibles. Para superar el estado de cosas actual se requiere hacer más. La atención a los principales tipos penales necesita una visión interinstitucional que afronte estos retos como un problema de Estado. Hablamos principalmente de delitos relacionados con violencia contra la mujer, drogas y robos.

Profundizar la modernización de la justicia exige una reforma legislativa integral que permita, a través de lo digital, la organización territorial y la optimización de los procesos. Una reforma inspirada en modelos eficaces, construida sobre amplios consensos y enfocada en las necesidades de la gente.

Es imprescindible que actuemos con plena conciencia de que la justicia es un eje transversal que impacta todas las áreas fundamentales para nuestro desarrollo como sociedad.

Para continuar fortaleciendo la independencia judicial, se implementarán auditorías externas para los procesos de selección y promoción de jueces. Esto suma mayor certeza a los esfuerzos ya logrados en materia de integridad e independencia. Al mismo tiempo, reforzaremos el sistema de integridad y ética.

Por último, seguiremos trabajado para ser un ejemplo de transparencia y rendición de cuentas, publicando informes trimestrales sobre los avances de todos los compromisos asumidos, asegurando que la ciudadanía tenga acceso directo a los resultados de nuestras acciones.

Sobre la base de estas medidas, y otras que serán fruto del actual proceso de diálogo, tendremos una visión del camino que deberá seguir la justicia de los próximos 10 años. Un modelo de justicia que priorice la participación activa de la comunidad y de todos los sectores del país.

La Justicia: escudo del estado de derecho y la institucionalidad democrática

Nuestro himno nacional contiene claves históricas y simbólicas para identificarnos, para reconocernos y encontrar en conjunto razones para la convivencia y la construcción de un proyecto compartido. Una de ellas, la más importante quizás para la tarea que nos convoca como Poder Judicial y como compromisarios de los valores republicanos, es el verso ya mencionado que dice: es su escudo invencible el Derecho…

El futuro de nuestro país, de su estabilidad, su crecimiento, su rumbo hacia el desarrollo, es posible si somos capaces de vivir en coherencia y armonía con los principios, las normas e instituciones que emanan de la Constitución y las leyes.

Solo así tienen sentido y razón de ser las grandes transformaciones que estamos logrando y las muchas que faltan por alcanzar. Son la garantía de que la libertad, la igualdad y la solidaridad, pueden sostener la dignidad de las personas en nuestra República Dominicana.

¡Justicia, paz y salud para todas y todos!

Muchas gracias.

A través de nuestro trabajo diario, enfrentamos el reto de mantener abiertas las puertas de la justicia, buscando que sea accesible, transparente y digna. Este espíritu de servicio es nuestro mayor compromiso con la sociedad. Así como María y José acogieron la luz en una cueva, también nosotros estamos llamados a ser testigos y servidores de un ideal superior, sosteniendo los valores que unen a la institución con las necesidades y esperanzas de nuestra gente.

Mi madre nació en Doña Antonia, un pequeño campo en Montecristi, cerca de Hatillo Palma, en la Línea Noroeste. Las Navidades de mi infancia están llenas de recuerdos cálidos y tradición. Mi primera Navidad la pasé en Santo Domingo, en casa de mi tía a quien llamábamos con cariño “abuela Mercedes”. Ella era la hermana mayor de mi padre, y en su casa en Los Mina, nos recibía con un ambiente cálido y humilde, siempre cocinando y preparándonos regalos. Las Navidades en su casa eran sencillas pero llenas de amor.

Más tarde, también pasábamos las fiestas en la casa de mi bisabuela materna en Doña Antonia, donde toda la familia se reunía para celebrar. La noche del 24 comenzaba con el ritual de cocinar un puerco en puya a fuego lento, que se convertía en el centro de nuestra cena navideña.

En mi infancia, también pasamos Navidades en Venezuela, donde las hallacas y los patines llenaban las calles. La música festiva, como las gaitas y merengues navideños, creaban una atmósfera mágica.

Más tarde, en Miami, celebrábamos con mi abuela, quien se aseguraba de que el árbol estuviera lleno de regalos y la mesa con deliciosa comida dominicana.

Cada una de estas experiencias formó parte de una infancia llena de emotividad, unión familiar y tradiciones que atesoro profundamente.

Hoy en día, busco recrear esa sencillez y nostalgia en mis celebraciones actuales, enfocándome en la familia para fortalecer esos lazos y hacer de cada Navidad un momento inolvidable.

Este año nos deja grandes enseñanzas. Cada meta alcanzada y cada obstáculo superado han sido posibles gracias al compromiso y la dedicación de cada uno de ustedes. Este año hemos avanzado, sin duda, hacia nuestra meta de una justicia al día que garantice la dignidad de las personas.

Gracias a la  dedicación de nuestros jueces, y de su capacidad de coordinar equipos con excelencia, estamos avanzando, paso a paso, hacia un sistema judicial más accesible, moderno y profundamente humano.

Porque esta época no solo es para mirar hacia atrás. También es una oportunidad para mirar hacia adelante con esperanza. En este espíritu navideño, les invito a renovar nuestra fe en un futuro mejor, a abrazar los retos que nos esperan con optimismo y a seguir construyendo un país donde los valores de justicia, igualdad y fraternidad guíen nuestro camino.

Que esta Navidad sea un recordatorio de nuestra misión de mantener viva la llama de la justicia en cada rincón de nuestra labor. Que este tiempo inspire en cada uno de nosotros la voluntad de iluminar y renovar nuestros esfuerzos, de ser fieles al propósito que nos une y de sembrar esperanza en el corazón de quienes confían en nosotros.

¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!

Durante el acto, el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, sostuvo que la implementación de la política es fundamental para garantizar que la innovación y la digitalización no se conviertan en amenazas para los derechos fundamentales de las personas, sino en herramientas que refuercen el Estado de Derecho. 

“La publicación de sentencias y otros documentos por parte de la Suprema Corte de Justicia, así como de todos de los tribunales de la República, se ajustarán a estos nuevos criterios de protección de datos, garantizando que el derecho a la intimidad no sea vulnerado en el proceso de acceso a la información pública. Esto implica no solo adherirse a normativas nacionales e internacionales, sino también asegurar que el acceso a la información no se convierta en una puerta abierta a la invasión de la privacidad”, aseguró. 

Agregó que la política de Protección de Datos beneficia a todas las personas involucradas en procesos judiciales. 

“La puesta en marcha de esta política nos insta a todos, jueces, fiscales, defensores, servidores judiciales y administrativos, la comunidad jurídica, la sociedad en su diverso conjunto, a comprender el valor de los datos personales de quienes acuden al sistema judicial y a manejarlos con la diligencia y el respeto que merecen. Eso es, también, poner a la persona en el centro del accionar judicial”, manifestó el juez presidente. 

Subrayó que la norma refuerza la dignidad de las personas al garantizar un tratamiento respetuoso, justo y seguro de su información personal, reafirmando el compromiso del Poder Judicial con la protección de los derechos humanos y el valor inherente de cada individuo.

Sobre la política 

El primer objeto de la Política de Protección de Datos es establecer las reglas para proceder a mantener en el anonimato los datos considerados personales en el ámbito judicial. 

En segundo lugar, establecer la posibilidad de aplicar esta política con carácter previo a dictar la decisión judicial correspondiente, añadiendo, en este caso, la tutela judicial efectiva que debe garantizarse en todo momento a las partes, correspondiendo al órgano judicial decidir sobre qué datos personales podrían no aparecer en el acto jurisdiccional. 

Un punto de interés es que, los criterios que se utilizarán para proceder a la disociación o anonimización de los datos personales son flexibles. De esta forma podrán ser modificados a discreción del juez, quien valorará qué categorías de datos son sensibles en cada caso particular, para proceder así a protegerlos. 

La aplicación de esta Política de Protección de Datos tiene como destinatarios a todos los órganos jurisdiccionales de la República Dominicana, lo que incluye los juzgados y tribunales de primer y segundo grado. 

Conozca la Política de Protección de Datos aquí.

Hace diez años, la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís conoció un caso muy delicado de violencia infantil, en el cual dos niñas (de cuatro y seis años) habían huido de Venezuela junto con su progenitora dominicana.

Mientras la madre y las niñas escapaban de los abusos hacia la comunidad cibaeña de Las Guáranas, el padre solicitaba al país la restitución de las menores amparado en el Convenio de La Haya de 1980. En ese entonces, una jueza suplente de ese tribunal se preguntaba qué era lo correcto.

"Hoy yo me acerco más a esa respuesta, porque puede ser que la integridad física de esas niñas haya sido violentada, y para nosotros, como la Corte Civil de San Francisco de Macorís, es una decisión muy satisfactoria", responde la misma magistrada a Diario Libre.

El rostro vinculado a este caso de maltrato infantil, en el que se protegió la vida de estas niñas, es el de la jueza Martha Díaz Villafaña, quien actualmente preside esa corte.

Las mujeres se distinguen cada vez más en la sociedad, en los espacios de toma de decisiones y en las aulas, una realidad que también se ha extendido a la judicatura dominicana.

Desde el 2013, la matrícula de juezas se ha mantenido en constante ascenso en todos los niveles del sistema judicial, y, de acuerdo con los datos del Poder Judicial, representa más del 62 % de la nómina general.

De acuerdo con estas estadísticas, actualizadas a septiembre de 2024, el total de jueces a nivel nacional es de 739, de los cuales 279 son hombres y 460 son mujeres.

En el país hay 246 juezas de primera instancia, lo que significa que este es el grado con más mujeres de todo el escalafón judicial. En segundo lugar, se encuentran las cortes de apelación, con unas 135 magistradas activas.

Las juezas de paz (primer escalón de la carrera judicial) y de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) son los niveles con menor presencia femenina en los tribunales dominicanos, con una representación de 75 y cuatro mujeres, respectivamente.

La demarcación con más juezas en el país es el Distrito Nacional, con 106 togadas, seguida de las provincias de Santo Domingo y Santiago, que cuentan con 59 y 50 juezas, respectivamente.

Al analizar las estadísticas de las diez provincias con mayor cantidad de juezas, se constata que las edades predominantes entre estas defensoras del derecho y los procesos judiciales están entre los 40 y 59 años.

Las Altas Cortes, el desafío de las mujeres

A pesar de los avances y de su creciente mayoría en los niveles primarios de la justicia, las mujeres no han logrado penetrar con la misma fuerza en las Altas Cortes.

La Suprema Corte de Justicia cuenta con cuatro juezas de 13; el Tribunal Constitucional tiene cinco juezas de 13, y el Tribunal Superior Electoral tiene una jueza de cinco. Lo que tienen en común estos miembros es que fueron escogidos por el mismo órgano, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Al consultar a varias juezas, consideraron que se debe sensibilizar a las autoridades encargadas de esta decisión.

"Yo diría que eso tiene que ver con un asunto de mentalidad del sistema patriarcal; esta siempre fue una sociedad que veía al hombre como el centro. Sin embargo, la mujer está ganando espacio"

Nancy Salcedo Coordinadora de Género del Poder Judicial y jueza de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia

Salcedo es la única mujer en la composición actual del Consejo Nacional de la Magistratura.

Con la implementación de la nueva Constitución, este organismo está compuesto por el presidente de la República, quien lo preside; el presidente del Senado; un senador o senadora que represente la segunda mayoría; el presidente de la Cámara de Diputados; un diputado o diputada que represente la segunda mayoría; el presidente de la Suprema Corte de Justicia; un magistrado o magistrada de la Suprema Corte de Justicia, escogido por su Pleno, quien fungirá como secretario, y el presidente del Tribunal Constitucional, en sustitución del procurador general de la República.

"Los espacios que hemos ganado han sido gracias a nuestro esfuerzo, porque hemos demostrado nuestra capacidad, porque seguimos luchando y diciendo lo mismo. No se trata solo de las Altas Cortes; la igualdad y la paridad absoluta debemos seguir exigiéndolas", reitera la magistrada.

La jueza Martha Díaz opina que "es un momento propicio para seguir impulsando este cambio en nuestra sociedad, de manera que las instituciones logren esa composición equilibrada de mujeres y hombres".

Por otro lado, la Coordinadora del Departamento Judicial de La Vega considera que, por el aumento de las cifras en el escalafón judicial y la cantidad de mujeres que ingresan a la Escuela Nacional de la Judicatura, "la administración de la justicia estará en manos de mujeres".

"Pienso que en pocos años habrá más mujeres en las Altas Cortes, porque en la medida en que en los niveles básicos de la administración de justicia la mayoría son mujeres, y dado que la mayoría de quienes se integran al Poder Judicial son mujeres, al final seremos tantas las que aspiremos a una posición en una Alta Corte que necesariamente tendremos que lograr esa paridad que tanto hemos buscado", explica.

Asimismo, Gissel Fernández, jueza de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, asegura que es cuestión de tiempo.

"No habrá la posibilidad de que no se escoja a una mujer, porque de diez, nosotras seremos nueve", concluye.

Por Jesús Vásquez Diario Libre

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El Poder Judicial de la República Dominicana lleva casi 5 años acometiendo el proceso de transformación más amplio y participativo de su historia.

Por eso, la hora de plantearnos diseñar la justicia que queremos para los próximos diez años, nuestra metodología tiene que ser igualmente amplia y participativa. Debemos escuchar a todos, especialmente a los que mejor conocen la realidad de cada juzgado, porque trabajan día a día sobre el terreno.

Con ese objetivo, y con el apoyo técnico y acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), vamos a recorrer el conjunto del país abriendo espacios de consulta y diálogo sobre el terreno.

No se trata solo de mirar el presente, sino de proyectar juntos un sistema de justicia que responda a las demandas futuras, con la participación activa de quienes mejor conocen la realidad de cada territorio: juezas, jueces, servidores judiciales, y todos los actores, incluso externos, que día a día acompañan la transformación del sistema.

El contacto directo con las comunidades judiciales nos permite tener una visión completa y precisa de las fortalezas y debilidades de nuestro sistema. Escuchar sus perspectivas es esencial para identificar los desafíos críticos que enfrentamos y para anticipar los que surgirán en los próximos años.

Los insumos de este diálogo serán la base de nuestro Plan Estratégico Decenal, un ejercicio de planificación a largo plazo que ningún Poder Judicial de América Latina ha diseñado aún. Porque buscamos no solo solventar las carencias del pasado, sino también trazar un camino claro hacia el futuro, con un enfoque innovador y democrático.

Sabemos que los grandes planes solo son efectivos cuando se aterrizan en el terreno, y es por eso que estos encuentros son fundamentales para definir conjuntamente las prioridades y procesos que nos llevarán a la justicia del futuro.

El próximo 7 de enero, con ocasión de la celebración del Día de la Justicia, divulgaré algunas de las conclusiones de estos encuentros, y del Plan que nazca de ellos.

Este es por tanto un esfuerzo colectivo para transformar la justicia desde la base, con una visión clara: construir un sistema que se anticipe a los desafíos futuros, que sea sólido y duradero, y que tenga siempre a las personas como su centro. Ahora, y en los próximos diez años.