Hablar con claridad sobre estos retos no debilita la justicia; la fortalece. La transparencia en el diagnóstico es condición de legitimidad democrática. Hoy tenemos la oportunidad de consolidar prácticas que hagan el sistema más ágil, más previsible y más centrado en las personas.

El modelo acusatorio adversarial descansa en una premisa esencial: el juicio oral es la excepción, no la regla. En sistemas adversariales eficientes, como el de Estados Unidos, la mayoría de los casos se resuelve mediante acuerdos bajo estricto control judicial. El juicio se reserva para asuntos complejos o especialmente controvertidos. Ningún sistema puede sostener que todos los casos lleguen a debate pleno sin afectar su capacidad de respuesta.

Cuando un proceso penal se prolonga innecesariamente, la respuesta pierde oportunidad. Las víctimas esperan reparación; los imputados viven bajo incertidumbre; la sociedad requiere certeza. La justicia tardía erosiona confianza. La justicia oportuna fortalece el Estado de derecho.

La dimensión del desafío es clara. Cada año se judicializan alrededor de 36,000 procesos penales, pero los tribunales deben responder a más de 200,000 solicitudes asociadas a esos casos. Esta presión operativa impacta tiempos y recursos. Gestionar racionalmente el sistema no es una opción técnica: es una responsabilidad institucional.

La comparación internacional es reveladora. En sistemas acusatorios consolidados más del 90% de los conflictos se resuelve mediante mecanismos de terminación anticipada. En nuestra realidad, los acuerdos no superan el 10%. Esta brecha revela una herramienta legal subutilizada que puede garantizar respuestas proporcionales y oportunas sin sacrificar garantías.

Restringir de facto las salidas alternas no produce más justicia. Produce congestión y dilación. Incluso con mayores recursos, ningún modelo adversarial puede sostener una litigación total. La eficiencia no se logra litigando más, sino resolviendo mejor y más temprano.

El acuerdo penal, bajo control judicial, no es una renuncia al castigo. Es una solución prevista en la ley que permite imponer sanciones proporcionales con mayor celeridad. La experiencia comparada demuestra que sobrecargar el juicio oral debilita la capacidad institucional y termina afectando a las víctimas.

Para que este diseño funcione, la previsibilidad es clave. Cuando las partes pueden anticipar razonablemente la consecuencia jurídica de un caso con base en la evidencia, el sistema gana coherencia.

En esa dirección, la nueva ley propone herramientas cuya ejecución avanza desde el Poder Judicial, como la Oficina de Apoyo a la Justicia Penal, la Guía de Sentencias y el acceso sistemático a la jurisprudencia mediante la JURISTECA. Estas iniciativas fortalecen la uniformidad de criterios, aportan previsibilidad a las decisiones y consolidan la seguridad jurídica.

Cada actor tiene responsabilidad. El Ministerio Público debe investigar con rigor; la defensa debe evaluar estratégicamente la evidencia; los jueces deben gestionar con diligencia y decidir con independencia. La corresponsabilidad fortalece el sistema y protege derechos.

La justicia eficaz es la que llega a tiempo, con proporcionalidad y humanidad. Garantizar respuestas oportunas no es reducir garantías; es hacerlas efectivas. Porque una justicia que responde con coherencia y prontitud protege derechos, fortalece la confianza pública y consolida nuestra democracia.

ES DE JUSTICIA – Listín Diario

Justicia eficaz es la que llega a tiempo

“En República Dominicana creemos que la mejor forma de defender la justicia es mediante transformaciones reales, con resultados tangibles y un enfoque claro: una justicia moderna, centrada en las personas”, sostuvo.   

El juez presidente de la SCJ se pronunció así al participar en el panel “Sistemas de justicia bajo amenaza: cómo se construye la resiliencia institucional”, en el marco del Foro Mundial de Justicia 2025, organizado por el World Justice Project (WJP), que reúne del 23 al 26 de junio en Polonia a líderes globales para discutir y actuar sobre el Estado de Derecho y la justicia. 

“Proteger y restaurar la independencia judicial exige más que marcos legales, sino demanda resultados que generen legitimidad, acceso real para todas las personas, ética institucional viva y un diálogo abierto con la ciudadanía”, sostuvo. 

Henry Molina aseguró que defender el Estado de Derecho es una batalla que se gana con acciones concretas, una lucha por recuperar la confianza de la ciudadanía, enfrentando el cinismo y la desesperanza con hechos y compromiso real. 

Durante el panel se debatió sobre cómo el autoritarismo en aumento amenaza a los sistemas de justicia y qué estrategias pueden implementarse para garantizar la resiliencia institucional, con un enfoque en el aprendizaje mutuo a partir de la experiencia de lucha en Polonia por la independencia judicial. 

Subrayó que las instituciones se fortalecen cuando quienes las integran creen en su misión y actúan con la conciencia de que representan algo mucho más grande que ellos mismos.  

“Cada decisión justa es una victoria para el Estado de Derecho y la democracia”, aseveró.  

Molina participó junto a los también panelistas Richard Hermer,  fiscal General de Reino Unido, Paulo Mendes de Oliveira, fiscal general adjunto de Brasil; la jueza Dorota Zabludowska, del Tribunal de Distrito de Polonia, el doctor Mehmet Tank, exjuez de Turquía, y Amrit Singh, de la universidad de Stanford, fungiendo como moderadora.  

Los temas giraron al entender que un sistema de justicia robusto debe ser independiente, justo, transparente, responsable, ético, accesible y adaptable, y que la independencia judicial es clave para garantizar decisiones imparciales y proteger los derechos fundamentales, actuando como contrapeso al poder gubernamental. 

La delegación dominicana la completan el juez de la Primera Sala de la SCJ Samuel Arias Arzeno; y la directora de Políticas Púbicas del Poder Judicial dominicano, Rosaura Quiñones.  

Foro Mundial de Justicia 2025   

El foro busca crear estrategias orientadas a la acción para fortalecer la gobernanza abierta, fomentar la colaboración intersectorial y reforzar el ecosistema de la rendición de cuentas. Asimismo, tomar medidas audaces para contrarrestar el avance del autoritarismo y revertir la recesión del estado de derecho.  

El evento convoca a responsables políticos, expertos legales, defensores de derechos humanos y ambientales, periodistas, auditores gubernamentales, entre otros, para colaborar en la búsqueda de soluciones. 

Reuniones bilaterales 

Durante su visita a Polonia el juez presidente Henry Molina sostuvo reuniones con la jueza Dorota Zabludowska, del Tribunal de Distrito de Gdańsk Południe, con quien habló de la independencia judicial. Asimismo, conversó con la profesora de Práctica Jurídica de la Universidad de Stanford, Amrit Singh, sobre el fortalecimiento de las garantías procesales; mientras que con Tatyana Teplova, jefa de Asociaciones Globales, trató sobre el fortalecimiento del Estado de Derecho y la gobernanza democrática a nivel mundial. 

Henry Molina también se reunió con el exjuez presidente del Tribunal Supremo de Sudáfrica, Raymond Zondo;  y con Margaret Satterthwaite, relatora Especial sobre la Independencia de los Jueces y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas, con quienes abordó temas de interés común. De igual manera, durante su agenda, tiene previsto reunirse con Mehmet Tank, exjuez, Turquía. 

El juicio de Jesús de Nazaret ha sido considerado, con razón, el proceso más injusto de la historia. Un símbolo de lo que ocurre cuando la justicia es desplazada en favor del miedo, la presión de la popularidad o el servicio al poder. Más allá de las creencias individuales, su figura ofrece un punto de partida esencial para reflexionar sobre la justicia, el rol de las instituciones y el deber ético de quienes las representan.

Hace varias décadas, el expresidente de la República y jurista Salvador Jorge Blanco publicó El juicio de Jesús, un análisis desde el Derecho que, con rigor técnico, advertía lo que muchos hoy seguimos repitiendo: que en aquel proceso se violaron garantías elementales que, aun bajo los estándares de la época, debieron haber protegido a cualquier acusado. Con mayor razón, al revisar ese juicio desde los principios contemporáneos (la presunción de inocencia, la defensa técnica, la imparcialidad judicial y la legalidad del procedimiento), no cabe duda de que estamos ante un paradigma de la injusticia institucional.

Desde su arresto nocturno y sin acusación formal, hasta la condena dictada sin pruebas concluyentes ni derecho a defensa, el juicio de Jesús estuvo plagado de vicios estructurales. El interrogatorio ante el Sanedrín ocurrió a puerta cerrada, de madrugada, violando la publicidad y legalidad del proceso. No se le permitió testigo de descargo alguno. Se recurrió a testimonios inconsistentes y manipulados. El veredicto fue dictado con prisa, sin motivación suficiente y sin espacio para la deliberación. La decisión, más que judicial, fue política. Y Pilato lo sabía.

Poncio Pilato, gobernador romano, interrogó a Jesús y declaró no hallar falta en él. Sin embargo, ante la presión del Sanedrín y el clamor de la multitud, cedió. Lavó sus manos. Y autorizó una condena que reconocía injusta. (Pilato es, para muchos, el “romano perfecto”: símbolo del poder que prioriza el orden sobre la justicia, que administra sin convicción y elude la verdad para preservar el sistema.) Su gesto no fue de ignorancia, sino de resignación.

Entonces cabe preguntarse: ¿fue la justicia la que condenó a Jesús?

No. Fue, más bien, su ausencia. Fue la renuncia a la justicia. La escena que hoy recordamos como “juicio” fue una formalidad hueca, revestida de legalidad pero desprovista de legitimidad. La justicia no se equivoca cuando actúa conforme a sus principios. Se corrompe cuando abdica de ellos. Pilato no falló por ignorancia, sino por debilidad. Y esa renuncia convirtió el tribunal en instrumento del poder, no en garante del Derecho.

Si Jesús fuese juzgado hoy, ¿qué garantías tendría? ¿Tendría defensa efectiva, acceso a prueba, igualdad ante el tribunal? ¿O sería víctima de linchamientos mediáticos, prejuicios anticipados y discursos de odio amplificados en redes? La pregunta no es retórica. En un mundo donde el populismo penal se expande, donde la justicia se exige como castigo inmediato y no como proceso garantizado, el juicio de Jesús adquiere nueva vigencia.

El populismo penal erosiona las bases del Estado de Derecho: la presunción de inocencia, la legalidad, la proporcionalidad, el derecho a un juicio justo. Bajo esta lógica, se condena no por lo que se prueba, sino por lo que se teme o se desea castigar. La figura de Jesús nos interpela: ¿estamos dispuestos a defender el debido proceso aun cuando se trate de personas impopulares, distintas o incómodas? ¿O volveremos a lavar nuestras manos, dejando que otros griten el veredicto?

El juicio de Jesús nos llama a construir instituciones que no dependan del volumen del grito en la plaza, sino de la fuerza del Derecho. Que actúen con valentía, incluso cuando el fallo sea impopular. Que protejan al imputado no como obstáculo para la justicia, sino como garantía para todos de que seremos tratados con dignidad, aun en los momentos más difíciles.

El respeto al debido proceso no es una formalidad. Es la esencia misma de la justicia. El Derecho no es simplemente un conjunto de formas: es el compromiso de las instituciones con la verdad, con la equidad, con la dignidad de las personas. El juicio de Jesús, con todo su peso simbólico, nos advierte lo que ocurre cuando ese compromiso se rompe.

Por eso, hoy más que nunca, recordar ese proceso es también un llamado: a no ceder ante la presión, a no disfrazar de justicia la voluntad de favorecer al poder o a la calle, y a no repetir (ni en lo simbólico ni en lo real) las sombras de aquella madrugada que la historia no ha dejado de juzgar.

Imagen: ’Ecce Homo' (1871), pintura al óleo sobre lienzo de Antonio Ciseri

Aspiramos a que esta jornada marque el inicio de una tradición: la de un Poder Judicial que informa con autonomía y apertura, que dialoga con el Congreso no para ceder independencia, sino para fortalecerla en beneficio de la sociedad.

Durante el encuentro, compartimos inquietudes, respondimos preguntas y escuchamos propuestas.

En primer lugar, informamos sucintamente de los avances logrados en los últimos años para cumplir el mandato constitucional de garantizar justicia pronta, accesible y confiable. Una transformación que los lectores de este blog han podido seguir capítulo a capítulo.

Pero no fuimos al Congreso solo a mostrar resultados, sino también a renovar nuestro compromiso para que esta transformación continúe y se profundice, con el acompañamiento del Poder Legislativo.

En concreto, aprovechamos la ocasión para solicitar el respaldo del Congreso a tres reformas clave:

La Ley Orgánica del Poder Judicial, para actualizar su funcionamiento interno con criterios de eficiencia y flexibilidad.

La Ley para la optimización de los procesos judiciales, orientada a simplificar trámites y reducir litigios innecesarios, junto con las reformas al Código Procesal Penal.

Y la actualización de la Ley de Registro Inmobiliario, que modernizará los procesos técnicos, permitirá una carrera registral profesional e independiente, y responderá mejor a las necesidades del sector.

Solicitamos además, la eliminación de las tasas judiciales que dependen del Poder Judicial. Porque creemos que, si la justicia es un derecho universal, debemos eliminar las barreras económicas que obstaculizan su acceso. Esta es una contribución concreta que estamos en disposición de realizar.

Por último, escuchamos aportes y respondimos preguntas de los congresistas presentes, quienes aportaron sus puntos de vista, dudas o ideas sobre los proyectos mencionados y otros que están en distintas fases de concreción.

Estamos seguros de que, en los próximos meses, el respaldo del Congreso será decisivo para consolidar una transformación que está fortaleciendo la seguridad jurídica y contribuyendo al desarrollo del país.

En este sentido, fue especialmente grato escuchar las palabras del Presidente del Senado, Ricardo De los Santos Polanco, quien durante su intervención dijo “Reiteramos nuestra voluntad de seguir colaborando con el Poder Judicial en las reformas necesarias para la modernización del sistema de justicia".  

“Sabemos que los tiempos actuales demandan eficiencia, celeridad y equidad en la administración de justicia, y estamos comprometidos a proporcionar el apoyo legislativo necesario para alcanzar esos objetivos.”

Igualmente constructiva fue la intervención del Presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien apuntó que “Debemos seguir trabajando con responsabilidad, porque el pueblo dominicano merece que estos dos poderes del estado interactuemos, intercambiemos y podamos hacer este tipo de relación. Con la formalización de este compromiso estamos seguros de que daremos al país la tranquilidad de saber que el día de mañana tendremos un mejor Poder Judicial y también un mejor Congreso Nacional”.

Por todo esto, esta visita ha sido un paso más para  fortalecer los puentes que hemos ido construyendo. La justicia dominicana sigue avanzando por el camino correcto. Porque cuando los poderes del Estado colaboran, la democracia se consolida. Y solo en democracia pueden garantizarse plenamente los derechos del pueblo dominicano.

Luis Henry Molina dijo que la justicia es una construcción diaria, paciente y comprometida, que se fortalece con trabajo riguroso, decisiones imparciales y respeto pleno al Estado de Derecho.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, consideró que, en momentos donde abundan los juicios paralelos y las opiniones interesadas, es importante recordar que la confianza en el Poder Judicial no puede ni debe medirse por la simpatía hacia un fallo, sino por la integridad del proceso que lo sustenta.

Dijo que la justicia es una construcción diaria, paciente y comprometida, que se fortalece con trabajo riguroso, decisiones imparciales y respeto pleno al Estado de derecho.

El también presidente del Consejo del Poder Judicial indicó que, en tiempos de alta expectativa social, es comprensible que haya interés y opiniones sobre los procesos judiciales.

Sin embargo, precisamente por eso, es fundamental recordar que la legitimidad de la justicia no depende de simpatías momentáneas, sino de su fidelidad a los principios que la sostienen.

Indicó que la labor de un juez o jueza no consiste en satisfacer expectativas coyunturales, sino en aplicar el Derecho con imparcialidad. 

“Esa es la única forma en que la justicia gana legitimidad: no cediendo ante las presiones, vengan del lugar que vengan, sino siendo fiel a su misión”. dijo.

Señaló que la ciudadanía no está obligada a dominar los tecnicismos legales, pero sí tiene derecho a exigir un sistema que garantice el debido proceso sin excepciones ni exclusiones, la presunción de inocencia para toda persona acusada, así como la valoración rigurosa de pruebas, evitando tanto la impunidad como la revictimización.

Planteó que es necesario el acceso con equidad a tribunales independientes, con especial atención a quienes históricamente han sido dejados de lado, las personas en situación de vulnerabilidad.

“Cuando estos preceptos se honran, se fortalece la justicia —aun si el veredicto es impopular—. Cuando se ignoran, no solo se comete arbitrariedad: se normaliza la desprotección de los más frágiles y se socavan los cimientos del Estado de derecho”, adujo.

Señaló que, por eso, la independencia judicial no es un privilegio, sino una garantía. No para proteger a los jueces, sino para proteger a cada ciudadano y ciudadana que algún día podría sentarse frente a un estrado. Solo un juez libre puede emitir una sentencia justa. Y solo una justicia independiente puede sostener la democracia.

Destacó que el Poder Judicial de la República Dominicana ha demostrado con hechos su compromiso con la transparencia, la eficiencia y la integridad.

Agregó que más de 7,000 servidores y servidoras trabajan cada día para consolidar esa promesa. Y lo hacen sin atajos, sin ceder a intereses, sin sacrificar derechos en nombre de ninguna causa. Lo hacen convencidos de que la justicia verdadera no se improvisa ni se impone: se construye, paso a paso, decisión tras decisión, siempre dentro del marco legal.

Sostuvo que es un error considerar que solo los casos notorios importan a la justicia, cada asunto atendido en un juzgado de paz, por cotidiano que parezca, resguarda la dignidad humana. 

Es en la aplicación rigurosa y equitativa de los principios de justicia —en lo grande y en lo pequeño— donde el Poder Judicial legitima su razón de ser: proteger derechos.

Explicó que toda persona tiene derecho a ser juzgada con base en pruebas y conforme a las reglas del proceso. Si hay inconformidad con una decisión, existen vías legales para impugnarla. Esa es la forma en que se construye una justicia confiable: respetando los cauces institucionales, no presionando con intenciones de condicionar decisiones.

Precisó que la verdadera credibilidad de la justicia no está en los aplausos o las simpatías, sino en su coherencia. Y esa coherencia nace del compromiso inquebrantable con la ley, la imparcialidad y la dignidad de cada ser humano.

Pero justamente por eso, es fundamental recordar que la legitimidad de la justicia no depende de simpatías momentáneas, sino de su fidelidad a los principios que la sostienen.

En momentos donde abundan los juicios paralelos y las opiniones interesadas, vale la pena recordar que la confianza en el Poder Judicial no puede ni debe medirse por la simpatía hacia un fallo, sino por la integridad del proceso que lo sustenta.

La labor de un juez o jueza no consiste en satisfacer expectativas coyunturales, sino en aplicar el Derecho con imparcialidad. Esa es la única forma en que la justicia gana legitimidad: no cediendo ante las presiones, vengan del lugar que vengan, sino siendo fiel a su misión.

La ciudadanía no está obligada a dominar los tecnicismos legales, pero sí tiene derecho a exigir un sistema que garantice el debido proceso sin excepciones ni exclusiones. Presunción de inocencia para toda persona acusada. Valoración rigurosa de pruebas, evitando tanto la impunidad como la revictimización. Acceso con equidad a tribunales independientes, con especial atención a quienes históricamente han sido dejados de lado: las personas en situación de vulnerabilidad. Cuando estos preceptos se honran, se fortalece la justicia —aun si el veredicto es impopular—. Cuando se ignoran, no solo se comete arbitrariedad: se normaliza la desprotección de los más frágiles y se socavan los cimientos del Estado de Derecho.

Por eso la independencia judicial no es un privilegio, sino una garantía. No para proteger a los jueces, sino para proteger a cada ciudadano y ciudadana que algún día podría sentarse frente a un estrado. Solo un juez libre puede emitir una sentencia justa. Y solo una justicia independiente puede sostener la democracia.

El Poder Judicial de la República Dominicana ha demostrado con hechos su compromiso con la transparencia, la eficiencia y la integridad. Más de 7000 servidores y servidoras trabajan cada día para consolidar esa promesa. Y lo hacen sin atajos, sin ceder a intereses, sin sacrificar derechos en nombre de ninguna causa. Lo hacen convencidos de que la justicia verdadera no se improvisa ni se impone: se construye, paso a paso, decisión tras decisión, siempre dentro del marco legal.

Es un error considerar que sólo los casos notorios importan a la justicia, cada asunto atendido en un juzgado de paz, por cotidiano que parezca, resguarda la dignidad humana. Es en la aplicación rigurosa y equitativa de los principios de justicia —en lo grande y en lo pequeño— donde el Poder Judicial legitima su razón de ser: proteger derechos.

Toda persona tiene derecho a ser juzgada con base en pruebas y conforme a las reglas del proceso. Si hay inconformidad con una decisión, existen vías legales para impugnarla. Esa es la forma en que se construye una justicia confiable: respetando los cauces institucionales, no presionando con intenciones de condicionar decisiones.

La verdadera credibilidad de la justicia no está en los aplausos o las simpatías, sino en su coherencia. Y esa coherencia nace del compromiso inquebrantable con la ley, la imparcialidad y la dignidad de cada ser humano.

En los últimos tiempos, hemos observado cómo, en el mundo, los ataques a la independencia judicial han llevado a que los Estados de Derecho se vuelvan vulnerables, amenazando la estabilidad de los sistemas judiciales y democráticos. Esto nos lleva a sopesar un asunto clave, el hecho de que no basta con que las decisiones sean legales; también deben ser legítimas a los ojos de la ciudadanía para garantizar la confianza en la justicia.

Como hemos mencionado anteriormente en este blog, cuando miramos el panorama global, leemos con preocupación cómo países que históricamente han servido como ejemplos de democracias sólidas ahora enfrentan profundas crisis institucionales. Uno de los pilares fundamentales en riesgo es la independencia judicial, esencial para cualquier sociedad que aspire al imperio de las leyes y la convivencia pacífica en dignidad.

Se han documentado escenarios en los que procesos de selección y nombramiento de jueces han generado debate, ya sea por modificaciones en los mecanismos establecidos o por la implementación de medidas que pueden comprometer la independencia de los magistrados. En algunos casos, cambios normativos han dado lugar a discusiones sobre la separación de poderes y el equilibrio institucional, lo que resalta la importancia de contar con procedimientos transparentes y ampliamente legitimados.

Se evidencia así que hay ocasiones que la legalidad no basta si la ciudadanía no percibe legitimidad en las decisiones judiciales.

En el caso de República Dominicana por suerte estamos lejos de aventuras de este tipo. Sin embargo, no podemos mirar hacia otro lado. Sabemos que nuestra justicia tiene deudas históricas y problemas reales, debilidades que son resultado de su diseño institucional y de deficiencias que están recibiendo atención. Para que el sistema de justicia funcione, no solo debe actuar conforme a la ley, sino que también debe demostrar que sus decisiones responden a criterios de legitimidad y transparencia. 

En este sentido, el Consejo Nacional de la Magistratura juega un papel fundamental, pues garantiza un equilibrio entre los distintos poderes y sectores de la sociedad, asegurando que la elección de jueces responda tanto a la legalidad como a la legitimidad. 

Este mecanismo permite que diversos sectores sociales perciban que los procesos judiciales no solo cumplen con el marco normativo, sino que también reflejan un compromiso real con la independencia y la imparcialidad. Esta perspectiva hace que no solo se actúe con pleno apego a la ley sino que además la base del sistema judicial cuente con una legitimidad que, a la larga, hará al Estado de derecho dominicano cada vez más fuerte.

Según Manuel Atienza, la dignidad tiene una dimensión ética que excede los marcos jurídicos, invitando a reflexionar sobre las formas de organización social y los lazos comunitarios. La convivencia democrática requiere que todas las personas sean reconocidas no solo por sus derechos, sino por su valor inherente como seres humanos. Esto implica la creación de un entorno donde la dignidad sea respetada tanto por las instituciones como por los individuos en su vida diaria, lo que fomenta una cultura de respeto mutuo y solidaridad. 

La dignidad se relaciona estrechamente con la idea de lo común: la construcción de una sociedad en la que cada persona, sin importar su condición social o económica, pueda vivir con respeto, igualdad y participación activa. En este sentido, autores como Martha Nussbaum destacan que la dignidad está profundamente conectada con las condiciones materiales de la vida: una sociedad que permite la pobreza extrema o la exclusión social no está respetando la dignidad de sus miembros. Así, la dignidad demanda no solo el respeto por los derechos individuales, sino la creación de políticas públicas que promuevan el bienestar colectivo y una convivencia armoniosa.

Pero también es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta el Estado de Derecho y la garantía última de los derechos humanos. El propio Atienza establece que la dignidad no es un valor aislado, sino el principio rector que confiere sentido a los derechos fundamentales y las obligaciones del Estado. Desde esta perspectiva, el reconocimiento de la dignidad es lo que asegura que los ciudadanos no sean tratados como simples medios para fines ajenos, sino como individuos valiosos por sí mismos, capaces de autodeterminarse y exigir el respeto de su libertad y autonomía.

En la mirada de Inmanuel Kant la justicia es la conjunción de igualdad, libertad y la dignidad humana. Kant sostenía que la dignidad es intrínseca al ser humano y no puede ser instrumentalizada ni negociada. Esta noción es clave para entender cómo el respeto a la dignidad humana en el marco del Estado de Derecho exige que las leyes y las instituciones sean diseñadas y aplicadas de manera que protejan esta integridad esencial. Esto implica igualdad ante la ley, eliminando demoras judiciales que afectan especialmente a los vulnerables, y protegiendo la libertad al garantizar los derechos fundamentales.

En palabras de Atienza, el derecho tiene la función no solo de resolver conflictos, sino de garantizar que los ciudadanos reciban un trato justo, igualitario y digno en todos los ámbitos de su vida.

En nuestro país esta perspectiva se reforzó mediante la Sentencia TC/0081/14, donde el Tribunal Constitucional precisa: “la dignidad humana hace referencia al valor inherente al ser humano en cuanto ser racional, independientemente de su raza, condición social o económica, edad, sexo, ideas políticas o religiosas. Es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual y social con sus características y condiciones particulares”.

En su artículo 38 la Constitución Dominicana establece el principio de dignidad humana, afirmando que "el Estado reconoce como fundamento de su ordenamiento jurídico y social, la dignidad humana, y declara que la dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable, y su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”. 

Por eso, en la transformación del Poder Judicial que estamos llevando adelante, el respeto a la dignidad humana se torna aún más relevante. La modernización del sistema judicial no es únicamente una cuestión de eficiencia técnica, sino una exigencia moral.

Iniciativas como la digitalización de los procesos, la reducción de la mora judicial y la accesibilidad universal permiten que el sistema de justicia sea más ágil, pero también más humano. Estas reformas tienen como objetivo evitar que las personas sean revictimizadas por el sistema y garantizar que accedan a sus derechos de forma expedita y respetuosa. La dignidad humana, como valor supremo, guía estos esfuerzos, asegurando que la justicia se administre con prontitud, equidad y transparencia.

En definitiva, la dignidad no solo inspira las reformas del Poder Judicial, sino que es el núcleo mismo de cualquier sistema de justicia que pretenda ser legítimo. En la medida en que las instituciones judiciales respeten y promuevan este principio, estarán garantizando no solo el cumplimiento de la ley, sino la esencia misma de los derechos humanos y la justicia social.

En una justicia verdaderamente humanista, no solo se resuelven conflictos legales, sino que se promueve la convivencia basada en el respeto mutuo, la empatía y la solidaridad.

En conclusión, la dignidad humana no es un concepto abstracto ni limitado al ámbito jurídico; es un principio que debe guiar tanto la actuación del Estado como las interacciones cotidianas entre los ciudadanos. Un Estado de Derecho que sitúe a la dignidad en el centro estará contribuyendo a una sociedad más justa, donde el bienestar de las personas y la convivencia armónica sean el fin último de sus instituciones y políticas.

El deterioro de la democracia en América Latina y el Caribe es una cuestión que afecta directamente a los sistemas judiciales y a la confianza en las instituciones de nuestras naciones.

Es cierto que en América Latina y el Caribe, la crisis de confianza en la democracia es palpable. Según se muestra en el  Latinobarómetro, el apoyo a los sistemas democráticos ha disminuido considerablemente en los últimos años, mientras que el respaldo a modelos autoritarios ha ido en aumento.

Valoro positivamente tanto el esfuerzo de la República Dominicana como del resto de países que se pusieron en la vanguardia de defensa de los principios democráticos.

Es necesario tener conciencia del significado del rol del presidente Abinader y la República Dominicana como referente de estabilidad democrática en un contexto en que populismos atentan de manera abierta contra las instituciones y libertades a nivel global.

No es posible pasar por alto que la democracia es fuerte cuando la ciudadanía puede percibir claramente los beneficios tangibles de la democracia en su vida cotidiana. Es por eso que se deben generar políticas que impacten positivamente a todos los sectores de la sociedad.

En el plano internacional, valoramos positivamente dos recientes iniciativas clave de la ONU: el Pacto para el Futuro y el Pacto Mundial Digital, ambos orientados a enfrentar los desafíos globales y locales desde una perspectiva inclusiva y sostenible.

El Pacto para el Futuro se centra en rediseñar la gobernanza mundial para abordar problemas globales como el cambio climático, la desigualdad, la paz y seguridad, y los derechos humanos. Este pacto busca reforzar la cooperación internacional, permitiendo que todos los países, independientemente de su tamaño o poder económico, participen en la toma de decisiones globales de manera equitativa.

Por su parte, el Pacto Mundial Digital establece un marco para la gobernanza tecnológica global, asegurando que la digitalización y la inteligencia artificial beneficien a todos. Entre sus principales compromisos están conectar a todas las personas a internet, garantizar la seguridad cibernética, especialmente para los niños, y crear una hoja de ruta para gobernar la inteligencia artificial a través de un diálogo internacional.

Sin embargo será sólo partiendo desde la realidad de cada país que la institucionalidad democrática puede realmente radicarse. Por eso, desde el Poder Judicial de la República Dominicana, estas preocupaciones tienen una relevancia directa en nuestra labor.

No solo compartimos la visión del presidente Abinader sobre la necesidad de fortalecer la democracia en toda la región, sino que reconocemos que el verdadero sostén de una democracia robusta es un Estado de derecho profundo. Esto significa construir seguridad jurídica en todos los niveles de la sociedad dominicana, garantizando la igualdad ante la ley y la eficacia de nuestras instituciones.

Avanzar hacia este Estado de derecho que permee toda la sociedad dominicana es, en definitiva, la única base sólida sobre la cual se puede construir una estabilidad política y económica duradera. Solo con una justicia independiente, imparcial y accesible para todos, podremos garantizar la confianza en nuestras instituciones y asegurar que la República Dominicana sea un lugar donde el respeto por la ley y los derechos prevalezcan en todos los aspectos de la vida social, económica y política.

Los próximos dos años serán decisivos tanto para nuestro país como para el mundo, ya que enfrentamos retos globales y locales que definirán el futuro de nuestras democracias y Estados de derecho. En este contexto de cambio acelerado, tanto a nivel nacional como internacional, es fundamental que nuestras acciones refuercen la seguridad jurídica y respondan a las demandas de la sociedad, contribuyendo no solo al bienestar interno, sino también al fortalecimiento de nuestras relaciones y compromisos globales. Cada avance que logremos en este periodo será crucial para construir un marco legal equitativo que refleje los valores compartidos por el país y el mundo.

Concentración de esfuerzos y recursos en la solución de los problemas fundamentales de la justicia

Cuatro son los problemas fundamentales de la justicia en República Dominicana: acceso, impunidad, congestión y falta de confianza. Superarlos sólo será posible con la instauración de una política de legalidad democrática. Dicha instauración deberá provocar una reducción significativa en las tasas de crímenes, delitos y contravenciones. La propuesta es mejorar la seguridad y la convivencia aplicando cultura ciudadana como enfoque de seguridad y convivencia, combinando:

a. El Respeto a la gente. Respetar la vida. "La vida es sagrada. Los jueces deben velar por el cumplimiento y garantía de los derechos fundamentales. Debemos convertir el recurso de amparo en la República Dominicana en un instrumento de garantía de los derechos de los ciudadanos que produzca un cambio real y un mecanismo de formación pedagógica para la vida ciudadana.

b. Respetar la ley. Hay que lograr que la ley sea: comprendida y asumida, que la consciencia le haga reproches a las personas que transgreden la ley, y que haya rechazo social hacia la transgresión; necesitamos una pedagogía de la ley. Movilización de las autoridades morales y de la sociedad hacia el rechazo de la ilegalidad. Hay que establecer la legalidad de los contratos, fortalecerla y respetarla.

c. Debemos hacer un uso gerencial y pedagógico del sistema de información sobre homicidios, delitos y contravenciones. Necesitamos seguir mejorando la policía, capacitación y gerencia de la Policía interpretación de la tarea del policía como formador de ciudadanos. Es imprescindible continuar fortaleciendo y profesionalizando los fiscales y los defensores públicos. Una justicia pronta y cumplida, que se sigan acatando los fallos de la justicia, que todos los jueces sean respetados, jueces en los que podamos creer. Lo importante es que logremos hacer que funcione la justicia, porque no es un buen mensaje social que otros deban hacer lo que tenemos la obligación de hacer sistema de administración de justicia.

Publicado en Santo Domingo, en fecha 06 de febrero, ver publicación en Perspectiva Ciudadana, El Día, Noticias Sin