La percepción de que el índice de criminalidad que afecta nuestra sociedad va en aumento parece bastante acertada. Algunos proponen, fundamentalmente, endurecer las penas y en reducir las garantías y derechos de los infractores. Ambas líneas de solución son desacertadas. La primera queda evidenciada como poco útil cuando se da cuenta de que del total de procesados por la justicia dominicana, aquellos que hayan cumplido las penas máximas actuales constituyen una minoría estadísticamente insignificante.
Mientras, el endurecimeinto del tratamiento policial hacia la delincuencia, como solución merece el descrédito, por cuanto los excesos policiales y las numerosas ejecuciones extrajudiciales de años recientes, más que aminorar, parecen haber servido para exacerbar la criminalidad.
Ciertamente se requiere una mayor y más efectiva labor policial de prevención, mediante medidas como el incremento del patrullaje y la policía comunitaria o de proximidad. Se trata de incrementar la labor disuasiva de la policía.
También se requiere dotarnos de mayores avances en la policía científica. Y de fortalecer las capacidades de investigación criminal. Todo esto en el marco de una redefinición de la institución policial dentro de un concepto de seguridad ciudadana.
Lo mismo se requiere con respecto al ministerio público. Su misión principal debe estar orientada al establecimiento y garantía de esa seguridad ciudana, dirigiendo la investigación criminal y siendo el garante de los derechos de la sociedad.
Pero estas medidas son reactivas: operan sobre los crímenes ya cometidos. Lo más importante es la política preventiva, que sería la base de la seguridad ciudadana.
Una política de combate a la criminalidad generalizada tiene que ser más completa y más compleja; debe basarse en un concepto y una política pública multifactorial, dirigida a fortalecer la cohesión social.
Una parte de lo que se necesita es materia de las políticas sociales, las que habilitan las capacidades, oportunidades y derechos que proveen de opciones a los grupos más desventajados de la sociedad.
La otra es una política dirigida a eliminar la impunidad y a fundamentar la autoridad en el ejemplo, en la calidad moral del ejercicio de autoridad. Una política de cumplimiento de la ley, sin distinciones.
Publicado en Santo Domingo, fecha 07 de octubre del 2011, ver publicación en Noticias SIN
