La pasada semana tuve el honor de sostener un encuentro con la ministra de la Corte Suprema chilena, Gloria Ana Chevesich, quien funge de vocera oficial de la Justicia y encargada de las relaciones con la prensa. De la conversación pudimos identificar que la experiencia de la Justicia chilena está emparentada con la del sistema de justicia dominicano. Esto así, porque los tribunales enfrentan los mismos retos que plantea la escasa confianza en las decisiones. Partiendo de la idea de que los fallos dan con relación a la aplicación de las leyes y no necesariamente responden a lo que la opinión pública entiende correcto.
Siendo el Derecho una disciplina compleja y cuya comprensión exige niveles técnicos, gran parte de las soluciones a los conflictos de los que es apoderada la justicia termina generando inconformidad en sectores sociales. Es entonces cuando cobra importancia en el rol de la Justicia comunicarse de manera estratégica con la sociedad y relacionarse con los medios de comunicación tomando en cuenta que sus decisiones son la última palabra sobre casos que pocos comprenden en su totalidad. La actividad judicial generalmente es comentada y explicada ante los medios por expertos, juristas u opinadores que suelen responder a alguna relación con los casos o alguna de sus partes. Y esto produce que la información sobre la operación del sistema llegue a la ciudadanía mediada por criterios ajenos al interés estatal o judicial.
La mencionada reunión es el comienzo de una relación de intercambio donde la Justicia chilena colaborará con los magistrados y magistradas dominicanos y las áreas de apoyo a través de la Escuela Nacional de la Judicatura. El objetivo es formar en el manejo mediático de las situaciones y la definición de los mecanismos más eficientes de hacer llegar la información a la sociedad.
La Cumbre Judicial Iberoamericana contempla en sus productos axiológicos un documento de Buenas prácticas en comunicación, que recoge principios básicos para el trabajo comunicacional y las relaciones de los poderes judiciales y la prensa. Allí se establecen recomendaciones relativas al procedimiento, el manejo de casos y la interacción con las distintas audiencias.
En su documento Consideraciones éticas sobre los jueces y su relacionamiento con la prensa, la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial sostiene puntos de interés. Y afirma que “la relación entre los poderes judiciales y los periodistas, es portadora de indudables complejidades, a partir de dos funciones estrictamente necesarias a una sociedad democrática: la función jurisdiccional que con imparcialidad e independencia interviene en los conflictos de amenaza o vulneración de los derechos de las personas y los periodistas”.
Muchas personas entienden la comunicación como algo cosmético. Sin embargo, la función comunicacional tiene gran utilidad para preservar la legitimidad de los poderes judiciales. Supliendo la necesidad de que la sociedad comprenda la actividad judicial, no desde los criterios mediáticos y de noticiabilidad sino en virtud de los acontecimientos en el proceso.
Sobre el particular, la portavoz de la Corte Suprema chilena ha dicho: se puede no estar de acuerdo con una resolución, pero lo importante es no caer en excesos, y si los miembros de la judicatura empezaran a fallar considerando lo que piensa la opinión pública respecto de un caso concreto sería nefasto para el sistema democrático, para el judicial, para la sociedad.
El buen manejo comunicativo aporta también a proteger el Estado de Derecho y su funcionamiento del impacto negativo y el descrédito a que puedan someterle cuestionamientos ajenos a la aplicación del Derecho y las leyes. Para lo que es útil que se comuniquen las decisiones en cada etapa, logrando que la ciudadanía pueda comprender el proceso de administración de justicia.
La difusión de la importancia de la eficiencia judicial y de que su operación se produzca de manera independiente (incluso de los criterios públicos) y que cumpla su rol con autonomía. Esto es esencial para que se comprenda que por su naturaleza el Poder Judicial requiere del respaldo de la sociedad en sus procesos de optimización.
Cambiar las percepciones negativas frente a la justicia para generar una relación de confianza y respeto por su trabajo. Educar a la sociedad sobre el proceso de administración de justicia y el rol que cumplen los jueces y tribunales en la sociedad. Y posicionar a la justicia en su posición de garante de los derechos de las personas, un rol que muchas veces es percibido con distorsiones, sobre todo porque solo se ventilan las noticias negativas al respecto de su accionar.
La transformación judicial requiere poder ser comunicada del modo adecuado, así como el funcionamiento cotidiano de los tribunales debe encontrar mecanismos de difusión más cercanos. De este modo la sociedad podrá entender para qué operan las juezas y jueces y cómo impacta en sus vidas el sistema de Justicia, aportando a una sociedad más democrática.
