- Agradezco a la Cámara de Comercio e Industria Franco-Dominicana por esta invitación, y a todos ustedes por abrir un espacio donde confluyen la visión empresarial, jurídica e institucional.
- La justicia, como las empresas, no se organiza para la comodidad de quienes la operan, sino para la dignidad de quienes dependen de ella. Una empresa que descuida a sus clientes se arriesga a desaparecer; un poder judicial que descuida a las personas usuarias arriesga su legitimidad.
- Por eso, garantizar que cada persona pueda comprender, participar y defender sus derechos no es un añadido: es el corazón mismo del servicio judicial.
- Hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas que resumen nuestra visión en este cambio de época.
La revolución digital es inevitable
- El cambio tecnológico ya no es opcional: está redefiniendo nuestras instituciones y la forma en que operamos. Como me dijo un amigo una vez: “somos hijos de la sociedad industrial y padres de la inteligencia artificial”.
- En el Poder Judicial lo vivimos con la Mudanza Digital, que comenzó de manera abrupta con la pandemia, pero en estos cinco años se ha convertido en una sólida política pública, validada por la ley y respaldada por la ciudadanía.
- Lo que inició como una innovación parcial hoy es práctica cotidiana y está aportando resultados tangibles. Mencionaré solo tres. Actualmente todos los expedientes se digitalizan, más del 80% de los tribunales están al día y todos los jueces operan con firma digital.
- Entre los tribunales que están al día se encuentra la Suprema Corte de Justicia, otrora símbolo de mora, hoy se erige como uno de los tribunales con mejor desempeño de todo el Poder Judicial, pasando de tener casos con una antigüedad de más de 40 años a casos de años recientes.
- La transformación digital seguirá acelerándose. Esta es la realidad. La responsabilidad del Poder Judicial es asumir ese cambio con equidad, debido proceso y visión ética.
El espacio digital es el nuevo territorio de la justicia
- Hoy la territorialidad se expande: la nube es el nuevo territorio de la justicia. Las personas esperan poder interactuar con los tribunales igual que con sus bancos o como compran en línea.
- Con esa visión creamos el Portal de Acceso Digital, donde miles de usuarios presentan escritos, reciben notificaciones y dan seguimiento a sus casos. Al mismo tiempo, mantenemos acompañamiento presencial y diseñamos interfaces accesibles, multilingües y adaptadas a personas con discapacidad. La idea es que nadie se quede atrás: la exclusión digital es exclusión social, por eso, digitalizamos sin abandonar lo humano.
- Transformar no es solo digitalizar. Es asumir que nuestras instituciones deben funcionar como sistemas vivos: capaces de escuchar, adaptarse y evolucionar. De ahí surge el paradigma de la I-Justicia: eficiencia digital, ética crítica y centralidad de la persona. Este marco, desarrollado colectivamente en la Cumbre Judicial Iberoamericana, conecta la innovación tecnológica con la responsabilidad social y la legitimidad democrática. Esta simboliza la igualdad de oportunidades, la imparcialidad de nuestras decisiones, la interoperabilidad de sus actores y la introspección para detenernos a pensar sobre cómo mejorar de manera continua.
- La I-Justicia no es un software, es una cultura institucional que pregunta siempre: ¿a quién servimos?, ¿qué impacto generamos?, ¿cómo fortalecemos la confianza ciudadana?
- Estos avances, junto al paradigma de la I-justicia, buscan eliminar las barreras institucionales y territoriales de la justicia, lo que implica GRANDES DESAFÍOS:
- Accesibilidad universal: la tecnología vino a derribar barreras de acceso, NO a generar nuevas exclusiones. También nos invita a repensar nuestra organización judicial, que responde más a la realidad del siglo XIX que a la de nuestros días. Para esto requerimos una reforma normativa en la que actualmente estamos trabajando.
- Seguridad y protección de datos: garantizar que la digitalización respete la privacidad y la integridad de la información, pero sobre todo tomar medidas para evitar ciberataques, lo que ofrece confianza a los usuarios.
- Capacitación y cultura digital: jueces, servidores y usuarios deben contar con las herramientas y el conocimiento para aprovechar plenamente los servicios digitales.
- Confianza en un entorno cambiante: frente a la inteligencia artificial, los contratos inteligentes y la gestión masiva de datos, necesitamos un marco ético y normativo sólido.
- Desde el poder judicial estamos atajando estos retos desde el primer día porque tenemos claro que la tecnología está siempre al servicio de las personas, nunca al revés.
La justicia abierta es clave para la legitimidad
- Hoy la legitimidad no se sostiene solo en la autoridad formal, sino en la capacidad de dialogar y sonar humano.
- En nuestra región, por ejemplo, hay países donde el populismo se confundió con democracia y donde la independencia judicial hoy está comprometida por no centrarse en las personas, por no escuchar, por no dialogar a tiempo. La sensación de lejanía puede provocar reformas que debiliten la independencia del Poder Judicial y la forma de impartir justicia.
- Por eso hemos impulsado iniciativas de Justicia Abierta, como la Juriteca, que democratiza el acceso al conocimiento jurídico mejorando la seguridad jurídica, o el Observatorio Judicial, que ofrece datos y evidencia para la toma de decisiones. Ningún otro poder judicial en América Latina cuenta con tableros de datos actualizados con la frecuencia y nivel de detalle de nuestro Observatorio. Actualmente se encuentra en consulta pública la Política De Datos Abiertos, primer compromiso de gobierno abierto del Poder Judicial.
- La Conferencia Internacional de Justicia Abierta 2025, celebrada en Santo Domingo, marcó un hito regional con la Declaración de Santo Domingo, un compromiso iberoamericano que vincula transparencia con democracia.
- Escuchar, rendir cuentas y conversar no son gestos de debilidad: son la base de la confianza ciudadana, y en esa confianza se juega la legitimidad de nuestro trabajo.
- Pero nuestro mayor logro de justicia abierta es nuestro Portal de Acceso Digital, que a la fecha cuenta con más de 20,365 usuarios registrados, de los cuales 65% son abogados (13,155), 35% son ciudadanos (7,210) y 204 son personas jurídicas. Estos indicadores muestran una base sólida de usuarios y entidades (empresas, ONG, instituciones del Estado) conectadas, con un grado de confianza elevado en el canal digital.
La justicia digital es un factor de desarrollo y competitividad
- La justicia no es un sector aislado: es la base de la seguridad jurídica que atrae inversión, genera confianza y fortalece la democracia.
- Cada caso resuelto a tiempo, cada servicio digital accesible, es también un aporte a la competitividad del país y a la estabilidad de sus instituciones.
- Por esto, desde hace más de un año sostenemos conversaciones con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un foro en el que países que han logrado cierto nivel de desarrollo comparten experiencias y buscan soluciones a problemas comunes. Ya desde el gobierno central se ha manifestado el interés de incorporar a la República Dominicana a dicho organismo mediante el Decreto 408-25.
- A propósito de este proceso de incorporación, en noviembre próximo nos reuniremos con los líderes de justicia de la OCDE para presentarles nuestro Plan Justicia del Futuro 25-34, como prueba de que la República Dominicana puede proyectar una justicia moderna, eficiente y digital en un contexto regional marcado por la inestabilidad.
- Queremos que nuestro país sea un referente de seguridad jurídica. Que cuando hablemos de iniciativas comerciales, inversiones, contratos laborales tengamos la garantía de que estos se sostienen en un marco de reglas clara, que se cumplen.
- Pero también hablamos de que cada ciudadano tenga la certeza de que los conflictos privados encontrarán una respuesta rápida, imparcial y eficaz, ya sea a través de los tribunales o de mecanismos alternos de resolución de disputas.
- Los países que resuelven conflictos con rapidez y previsibilidad son los que logran atraer inversión y generar empleo. Por eso, en la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana, compartimos nuestras mejores prácticas con 23 países de la región, consolidando a la República Dominicana como un modelo de modernización judicial.
- Por tanto, la transformación digital no es un accesorio: es nuestra mejor carta de presentación como nación de leyes y de derecho en el siglo XXI. Y es, por supuesto, un aliado clave para el progreso.
Conclusión
- Señoras y señores,
Vivimos un cambio de época. Lo que está en juego no es solo la modernización de expedientes, sino la legitimidad misma del sistema y su capacidad para dar respuesta a las nuevas demandas de la sociedad.
- Si sabemos gobernar este cambio con visión ética, apertura y cooperación, dejaremos como legado una República Dominicana donde la justicia sea digna, accesible y confiable.
- La confianza de la ciudadanía es nuestro bien más preciado. Y esa confianza no la construimos solos: queremos contar con aliados estratégicos como ustedes, que conocen de primera mano las necesidades de usuarios y empresas y que nos ayudan a mejorar de manera continua.
- Por eso, quiero cerrar estas palabras con una invitación: a sumar inteligencias, a construir juntos una justicia al día, inclusiva y confiable, a la altura de las personas y de los sueños de este país.
- ¡Cuento con ustedes!
Muchas gracias.