Durante varios días de 2024, el sistema judicial del condado de Los Ángeles, el más grande de los Estados Unidos, con decenas de sedes y millones de casos al año, tuvo que cerrar completamente sus tribunales. No fue una huelga, ni una catástrofe natural, ni una crisis política. Fue un ataque de ransomware. Un solo incidente de ciberseguridad bastó para suspender audiencias, inutilizar sistemas internos, dejar inaccesibles expedientes y paralizar, en los hechos, el funcionamiento cotidiano de la justicia.
Cuatro años antes, en 2020, el Superior Tribunal de Justicia de Brasil había atravesado una situación similar. Un ataque informático obligó a suspender sesiones y desconectar sistemas para contener la intrusión, afectando temporalmente la operación del máximo tribunal infraconstitucional del país, en un momento en que la digitalización ya era una condición básica para la continuidad del servicio.
Ambos episodios, separados por geografía y contexto, revelan una misma realidad y una clara advertencia: incluso las instituciones más consolidadas son vulnerables cuando la seguridad digital no acompaña al ritmo de la transformación.
Cuando la justicia se digitaliza, su continuidad depende directamente de la protección de los datos y de la resiliencia de sus sistemas. Y cuando esa protección falla, lo que se interrumpe no es un trámite administrativo, sino el ejercicio efectivo de derechos fundamentales.
Durante mucho tiempo, la seguridad de la información fue tratada como un asunto técnico, casi invisible, reservado a especialistas. Hoy sabemos que esa mirada es insuficiente. Cada expediente electrónico, cada audiencia virtual, cada notificación digital contiene información personal, patrimonial o familiar cuya exposición o pérdida tiene consecuencias reales. La información judicial no es un activo tecnológico: es un bien público que exige cuidado ético, institucional y permanente.
Los casos de Los Ángeles y del STJ brasileño no son excepciones aisladas, sino expresiones de un fenómeno más amplio. Los sistemas judiciales se han convertido en objetivos estratégicos de ataques cada vez más sofisticados, apoyados en ingeniería social, suplantación de identidades y, más recientemente, en herramientas basadas en inteligencia artificial. La amenaza ya no es esporádica ni artesanal; es persistente, adaptativa y global.
Frente a ese escenario, la experiencia del Poder Judicial dominicano ha seguido un camino deliberado. Desde el inicio del proceso de transformación digital, asumimos que modernizar la justicia no podía significar simplemente digitalizar procesos existentes. Implicaba construir un ecosistema confiable, con reglas claras, controles efectivos y una gobernanza capaz de anticipar riesgos. La incorporación del expediente judicial electrónico, la firma digital, las audiencias virtuales y los servicios en línea se apoyó en políticas institucionales, marcos normativos y decisiones estratégicas que partieron de una premisa central: sin seguridad, no hay transformación sostenible.
La Ley 339-22 sobre el uso de medios digitales en el Poder Judicial expresó esa convicción: la justicia digital debía estar regulada, protegida y alineada con los derechos de las personas. A ello se sumó el fortalecimiento de los controles de acceso, la gestión de identidades, la autenticación robusta y una infraestructura pensada para garantizar la continuidad del servicio. No se trataba solo de innovar, sino de preservar la confianza pública en cada paso del proceso.
Esa visión se tradujo en una base real de continuidad operativa. El Poder Judicial opera sobre un Centro de Datos, concebido para alta disponibilidad y redundancia, con capacidad de mantenimiento sin afectar los servicios y con un esquema robusto de recuperación ante desastres.
Esa infraestructura se refleja en resultados concretos: un nivel de servicio anual de 99,982%, equivalente a menos de 1,6 horas de inactividad al año.
Igualmente contamos con un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) con monitoreo y protección 24/7, diseñado para detectar y responder de forma inmediata ante incidentes. No se trata de una única barrera, sino de un modelo de seguridad multicapa que incorpora análisis avanzado e inteligencia artificial para anticipar amenazas, proteger datos sensibles y sostener la continuidad del servicio judicial. La confianza ciudadana también se construye cuando cada interacción digital ocurre en un entorno íntegro y seguro.
Sin embargo, lo más relevante no son solo herramientas, sino la arquitectura de gobernanza que las sostiene. Desde 2021, la seguridad de la información se rige por políticas institucionales aprobadas por el Consejo del Poder Judicial, con una estructura clara de responsabilidades: una unidad funcional especializada y seguimiento que incluye auditorías externas anuales y reportes periódicos de indicadores.
La seguridad no se improvisa; se gobierna, se audita y se mejora.
Esa gobernanza se traduce en prácticas concretas: una metodología formal de gestión de riesgos; protocolos definidos de respuestas a incidentes con mecanismos claros de reporte y comunicación; clasificación de la información; evaluaciones externas periódicas, análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración; así como políticas de respaldo, restauración y recuperación sometidas a pruebas regulares. En justicia digital, la continuidad del servicio es parte de la garantía de derechos.
En justicia, la seguridad de la información no es una reacción tardía, sino una práctica cotidiana. Nadie está completamente a salvo, pero no todas las instituciones enfrentan el riesgo de la misma manera. La diferencia la marca la anticipación, la inversión sostenida y la decisión de tomarse la seguridad en serio antes de que llegue la crisis. Cada sistema que sigue funcionando, cada dato que se protege, cada ataque que no ocurre es una forma silenciosa de garantizar derechos.
En los próximos años, la digitalización tendrá un peso cada vez mayor en la forma en que la justicia se organiza y presta sus servicios. Ese avance, lejos de ser una amenaza, es una oportunidad para construir un Poder Judicial más accesible, más ágil y más cercano.
En ese contexto, la seguridad de la información adquiere un papel central como garantía de confianza para quienes utilizan los servicios judiciales.
En el caso del Poder Judicial dominicano, asumir ese desafío forma parte de nuestra manera de entender la transformación: innovar con sentido, anticipar riesgos y actuar con responsabilidad. Porque una arquitectura de seguridad bien diseñada se traduce en tiempo devuelto a las personas, en procesos más confiables y en un acceso a la justicia más digno y efectivo.
