En una democracia constitucional, rendir cuentas no es un gesto accesorio ni un trámite administrativo; es una expresión concreta del compromiso con el Estado de Derecho y con las personas a quienes sirve la justicia. Los jueces también rendimos cuentas.
Por este motivo, como cada año, el pasado 30 de enero, quien suscribe este artículo presentó su informe de Desempeño 2025 tanto en su condición de juez del Pleno como en el ejercicio de las atribuciones propias de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia.
El informe recoge las actuaciones realizadas en el ejercicio de las distintas funciones institucionales vinculadas a la Suprema Corte de Justicia, al Consejo del Poder Judicial, a la Escuela Nacional de la Judicatura, al Registro Inmobiliario y a la Defensa Pública. Más allá de las cifras (sesiones celebradas, decisiones adoptadas o resoluciones aprobadas), su valor central reside en el mensaje que transmite: la función judicial puede y debe ser evaluada, sin menoscabo de su independencia.
Uno de los avances más significativos que refleja el informe es el impacto concreto de las políticas orientadas a reducir la mora judicial. En 2025, se asumió como compromiso que ningún expediente permanezca sin decisión por más de seis meses, con resultados verificables en la mayoría de las jurisdicciones y una reducción sostenida de los tiempos promedio de resolución.
Resolver en plazos razonables no es solo una exigencia de eficiencia; es una condición de dignidad para las personas que esperan una respuesta del sistema de justicia.
En esa misma línea, la transformación digital dejó de ser una promesa para convertirse en una práctica cotidiana. El uso generalizado del Sistema de Gestión de Casos, la expansión del Portal de Acceso Digital y la automatización de servicios como la publicación de boletines judiciales han cambiado la forma en que ciudadanos, abogados y operadores interactúan con la justicia. Como hemos explicado en otros momentos, la digitalización no sustituye al juez ni al juicio, pero sí reduce tiempos, elimina barreras innecesarias y mejora la transparencia y la trazabilidad de los procesos.
Esta práctica de rendición de cuentas se inscribe, además, en una concepción moderna de la ética judicial. La ética no se limita a la conducta individual del juez, sino que se proyecta como una responsabilidad institucional permanente. El fortalecimiento del Comité de Comportamiento Ético, la incorporación de expertos nacionales e internacionales y la aprobación de protocolos para la protección de datos personales y para la atención de personas en condición de vulnerabilidad son expresiones concretas de esa visión.
Otro hito mencionado en el informe es la presentación del Plan Estratégico Decenal 2025–2034, Justicia del Futuro, refleja la voluntad del Poder Judicial de pensar más allá del corto plazo, anticipar desafíos y fortalecer sus capacidades institucionales con una visión centrada en las personas, la innovación responsable y la toma de decisiones basada en evidencia.
Mirando hacia el futuro, rendir cuentas no debe ser una práctica excepcional ni limitada a los más altos cargos. Debe consolidarse como una cultura judicial, en la que todos los jueces, en el ámbito de sus competencias, asuman que informar sobre su trabajo es parte esencial del servicio público que prestan.
La justicia del siglo XXI exige jueces técnicamente competentes, éticamente íntegros y socialmente responsables. Cuando la justicia se explica, se entiende. Y cuando se entiende, se confía en ella. Ese es uno de los mayores aportes que puede hacer un Poder Judicial comprometido con la dignidad humana, la legalidad y el futuro democrático del país.
ENLACES:
Publicado en Listín Diario
