La necesidad de elevar la confianza de los ciudadanos en la gestión de gobierno, para hacer viables y creíbles las iniciativas imprescindibles para emprender una estrategia nacional de desarrollo, fue uno de los requisitos identificados por el llamado informe Attalí. El equipo que produjo aquel importante documento había detectado la desconfianza en el gobierno como una de las debilidades que dificultarían convocar energías y esfuerzos de la sociedad hacia un futuro mejor.
Las encuestas más recientes dan cuenta de que el nivel de confianza y de aprobación de la gestión gubernamental siguen siendo bajos y de que las expectativas que para el futuro inmediato despierta son negativas.
En términos fiscales y tributarios, la percepción que sobre el gobierno predomina entre agentes económicos y en la mayor parte de la opinión pública es de que esta administración ha hecho muy poco por tener una política racional de gastos, mientras que ha hecho y logrado muchísimo tanto en lo que respecta a incrementar los ingresos por la vía de impuestos como en lo que se refiere a cargar el crédito público generando mayor deuda interna y externa.
En ese contexto, aunque se cuente con una mayoría en el Congreso que garantiza la aprobación de nuevos impuestos, la nueva propuesta tributaria del gobierno no hace una contribución ni a la credibilidad de la administración ni a la confianza ni a la gobernabilidad.
Con esas percepciones negativas conocidas y con la disponibilidad de datos oficiales sobre incrementos del déficit presupuestario y de la deuda pública, es seguro que un esfuerzo por concertar (y aplicar) con los agentes económicos y sociales medidas de racionalidad del gasto con las necesarias cargas tributarias adicionales, habría tenido mejores resultados. Todavía no es tarde para refundar la confianza.
Publicado en Santo Domingo, fecha 8 de junio de 2011, ver publicación en Perspectiva Ciudadana
