Propongo la oportunidad de una nueva constitución para que la gente pueda vivir un estado social y democrático de derecho a partir de la innovación y el desarrollo de la acción en justicia. Los cambios estructurales y de organización, ya son un hecho, deberán traducirse en una mejora importante de las funciones jurisdiccionales y de administración de justicia; La calidad del proceso judicial, el apego de las decisiones de fondo al derecho como expresión de la facultad atribuida de administrar justicia deberá verse fortalecida; Estos cambios podrán convertirse en una oportunidad, a pesar de algunos de sus aspectos contradictorios, para relanzar la reforma judicial, para apuntalar una nueva ola de cambios en la administración de justicia, que fortalezca nuestro estado social y democrático de derecho como condición indispensable para el afianzamiento de la cultura democrática y el desarrollo integral de nuestro pueblo.
Los aspectos reformados son tanto de conceptos como de estructura y organización:Entre los cambios en los aspectos dogmáticos, lo fundamental se refiere a la definición conceptual (también llamada dogmática) de la función del sistema de administración de justicia y de sus actores e instancias; mientras que en los aspectos orgánicos se producen desarrollos del marco institucional que pudieran resultar en un fortalecimiento de la independencia, la autonomía del sistema de justicia así como de la calidad del proceso de administración de justicia y sus resultados.
Nuevas tareas que deben traducirse en metas que se coviertan en la agenda pública para que la gente pueda vivir en un estado social y democrático de derecho:
Para que la gente pueda, un punto de agenda deben ser los Derechos sociales:
Los derechos sociales como la vivienda, la salud, la educación, el agua y otros, constituyen derechos fundamentales de equivalente importancia a los derechos civiles y políticos como la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, el debido proceso o la vida privada.
Consecuentemente, hay que trabajar, por vía la promoción académica, profesional y del litigio en la incorporación de los estándares jurisprudenciales del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales y de las principales obligaciones derivadas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Para que la gente pueda, un punto de agenda deben ser los Derechos del consumidor:
Trabajar activamente en promoción, investigación de los derechos de los consumidores, y mediante el litigio, particularmente en áreas vinculadas a derechos sociales como vivienda, educación, salud y otros. Nuestro interés principal esta en plantearse los derechos de los consumidores en serio, apoyando a organizaciones de la sociedad civil en su rol de visibilizar, implementar y defender los derechos de los consumidores. En definitiva,creemos que en un contexto de libre mercado, los derechos de los consumidores constituyen una herramienta de defensa de las personas y grupos fundamental para el correcto funcionamiento de las reglas del libre intercambio de bienes y servicios.
Para que la gente pueda, un punto de agenda deben ser los Derechos laborales:
Intentar mejorar la capacidad de renta de los trabajadores, para participar en ese mismo mercado que tanto les promete como consumidores, y que tanto los desprecia como trabajadores. ¿Por que no deberían los trabajadores dominicanos aspirar a ser tratados como tratan a sus trabajadores las mejores democracias del mundo?.
A la luz del estado de los derechos laborales en la República Dominicana, porque no investigamos, promovemos el debate y litigamos activamente por la protección de los derechos sindicales y de la libertad de expresión de asociaciones de trabajadores, tanto en el sector público como en el privado.
Para que la gente pueda, un punto de agenda deben ser los Prácticas antidiscriminatorias:
Uno de los fundamentos centrales sobre los que descansa el sistema democrático y los sistemas constitucionales es el del principio de igualdad.
En cuanto tal, el principio de igualdad importa exigencias fuertes para el Estado y los particulares en pos de asegurar un mismo derecho a ser respetado en su originalidad y a tener en particular consideración, la especial situación en que las personas y grupos se encuentran. Por tanto, el principio de igualdad rechaza prácticas discriminatorias que se fundan en las cualidades adscritas de las personas (su sexo, origen nacional, racial o social, entre otras) y promueve, al mismo tiempo, políticas diferenciadas de trato preferente a personas, grupos y pueblos que experimentan dicha discriminación de una forma particularmente intensa.
Consciente de que las prácticas discriminatorias constituyen una constante al interior de la sociedad dominicana debemos hacer la promoción académica y profesional de prácticas anti-discriminación.
Con un foco especial en la discriminación de género y en base al origen nacional, y litigar casos vinculados a la discriminación laboral, educacional y prácticas de violencia en contra de grupos particularmente vulnerables.
Adicionalmente, participamos en foros y discusiones públicas en torno a la necesidad de reformar la legislación nacional de acuerdo a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado de dominicano en materia anti-discriminación y que constituyen el nervio de los principios del estado constitucional y democrático de derecho.
Para que la gente pueda, un punto de agenda deben ser la libertad de expresión:
El derecho a la libertad de expresión constituye una garantía fundamental de vital importancia para la libre circulación de las ideas y para el enriquecimiento de las condiciones de pluralidad ideológica que inspiran a una sociedad democrática.
Más específicamente, el derecho a la libertad de expresión constituye una facultad esencial para manifestar no sólo ideas favorablemente recibidas por todos los miembros de la sociedad, sino también a acceder, emitir y difundir información que se puedan considerar como inquietantes, chocantes e incluso, ofensivas.
La libertad de expresión, como piedra angular de una sociedad democrática, es una condición esencial para que ésta esté suficientemente informada y pueda tomar decisiones de toda índole bajo un marco del máximo conocimiento posible sobre la realidad. A la luz de esta noción democrática de la libertad de expresión, nuestro trabajo debe concentrarse, en buena parte, en el desarrollo de estrategias de acceso a información de interés público en materias relevantes como la seguridad, el medio ambiente y las actividades y documentos esenciales de los órganos del Estado.
A su vez, debemos trabajar activamente en la protección de la más amplia libertad de expresar la opinión política, sexual y cultural de la sociedad en su conjunto, y de las minorías en particular.
Finalmente, nos interesa defender y ampliar progresivamente los canales de participación ciudadana en el diseño, control e implementación de las políticas públicas y la legislación, en áreas tan sensibles como la regulación económica, la protección del medio ambiente y las políticas sectoriales en materia sociales, de infancia y sobre minorías particularmente aisladas de los procesos de representación política.
Para que la gente pueda, un punto de agenda deben ser la responsabilidad del Estado:
La plena vigencia de los derechos fundamentales descansa sobre la idea que a los Estados les asiste la obligación de respetar y garantizar tales derechos. Conforme a la obligación de respeto, los Estados y sus órganos se obligan a no violar directamente los derechos de las personas y grupos bajo su jurisdicción.
A su vez, y en virtud de la obligación de garantía, los Estados se obligan a prevenir, investigar, sancionar y reparar toda violación a un derecho humano, haya sido ésta ejecutada directamente por un órgano estatal o por un privado.
La responsabilidad del Estado, en consecuencia, forma un continuo de obligaciones tanto negativas como positivas, y que se ordenan hacia la plena satisfacción de los derechos humanos en una sociedad democrática. Conscientes de este marco regulador de la responsabilidad del Estado, nuestro trabajo en esta área se debe concentrar en desarrollar estrategias judiciales y legales para consolidar la idea de un Estado que responde adecuadamente a los daños causados en su población, tanto por su involucramiento directos en actos que importan la violación de sus derechos, como por la falta de protección y servicios requeridos.
Esta preocupación se manifiesta en una serie de causas judiciales presentadas ante tribunales internos e internacionales, poblaciones afectadas por mala calidad de sus viviendas, falta de prestaciones de salud, negación de acceso a información de interés publico, violencia innecesaria y otros.
Conversemos sobre que hacer para que la gente pueda vivir a partir de esta constitución un estado social y democrático de derecho:
¿Que es un estado social y democrático de derecho?
¿Vale la pena que tengamos un estado social y democrático de derecho?
¿Que tenemos que hacer para tener un estado un estado social y democrático de derecho?
No tengo todas las preguntas, ni mucho menos todas las respuesta, solo quiero que conversemos para ser consientes de la gran oportunidad que tenemos para que la gente pueda vivir mejor a partir del fortalecimiento del estado social y constitucional de derecho que presenta esta nueva constitución.
Conversemos sobre la oportunidad de que esta nueva constitución como un instrumento "para que la gente pueda vivir" fortaleciendo el estado social y democrático de derecho de una forma innovadora.
