Un problema de la gobernabilidad en la República Dominicana es que por décadas se han acumulado déficits sociales y económicos. El modelo de gestión de la administración pública, nacional y local, en lugar de contribuir efectivamente a la equidad ha profundizado las disparidades sociales y económicas.
El clientelismo, el favoritismo y el tráfico de influencias como formas de relación política y económica de la gestión pública con los diferentes estamentos de la sociedad en lugar de aportar a la equiparación de oportunidades por la vía institucional han enfatizado la cultura patrimonial de la administración del Estado.
La situación actual es tal que los ciudadanos y ciudadanas no tienen otra expectativa respecto de los poderes públicos que no sea la de que serán utilizados de manera discrecional por los responsables de los mismos, muchas veces para beneficio de particulares, y las más de las veces para beneficio propio de los elegidos o designados para ejercerlos.
La relación de la ciudadanía con las políticas públicas es negativa. La expectativa es negativa.
En este contexto que predomina hoy en materia de políticas públicas ha comenzado muy recientemente a gestarse un movimiento social que reclama por la idoneidad de las políticas públicas, de la administración pública. Ese es un rasgo positivo de la evolución de nuestra sociedad en los últimos tiempos. Es, probablemente, la única esperanza.
Mientras tanto, predomina en la clase política esa concepción patrimonial del Estado: utilizar el poder público al que se tiene acceso como si fuera un patrimonio personal, sin reconocer que se es simplemente un mandatario: alguien que tiene un mandato que cumplir.
La llamada de atención que está realizando el diverso movimiento social en gestación sobre la urgencia y el imperativo de un cambio de concepción y de práctica es correcta y marca un signo positivo.
Publicado en Santo Domingo, fecha 2 de noviembre de 2011, ver publicación en Perspectiva Ciudadana
